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Trabajadores venezolanos son continuamente amedrentados y despedidos de forma injusta por razones políticas. Los empleadores crean miedo y exigen lealtad al «chavismo» si quieren mantener sus ingresos.
Según el directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, en los últimos meses han sido expulsadas 2.000 personas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aún cuando se encontraran bajo contrato.
«La suspensión de los contratos de trabajo es el subterfugio que utiliza el oficialismo en la industria petrolera para amedrentar al personal fijo y contratado, con el fin de impedir el ejercicio de su derecho constitucional y democrático: el referéndum revocatorio» denunció el dirigente.
El sindicalista también explicó que en la empresa se incumple la Ley Orgánica del Trabajo que obliga al empleador pasarlos a la nómina fija al año de servicio, ya que el gobierno exige lealtad política, y de no ser así, les rescinden el contrato a los que llevan más de cuatro años con esa figura.
«Hay 26.000 trabajadores contratados a tiempo determinado con la promesa de que serán incorporados a la nómina fija si son leales al gobierno» informó.
Al alargar por años a un trabajador bajo contrato por tiempo determinado, PDVSA y las contratistas fomentan la tercerización que se encuentra prohibida en la ley porque es una práctica con la que los patronos cometen fraude laboral.
De los 2.500 trabajadores a quienes les suprimieron el contrato de trabajo en los últimos meses, «80 % fue porque apoyaron el revocatorio o no acudieron a las marchas» anunció Bodas.
«Los gerentes y jefes rojo-rojitos de PDVSA convocan continuamente a los trabajadores a charlas proselitistas para que manifiesten su voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter obligatorio» aseguró.
La estatal de petróleos de Venezuela, no es la única que exige lealtad hacía el gobierno del país para poder continuar con su trabajo.
Solo en agosto, al menos 300 trabajadores del Metro de Caracas (capital venezolana) debieron abandonar sus puestos de trabajo por no estar con el chavismo.
Representantes del sindicato y trabajadores decidieron denunciar este acoso laboral en la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional.
Según informan medios locales, los primeros 12 despidos injustos del año fueron en septiembre, tras firmar para el revocatorio u organizaron a los trabajadores para exigir el cambio de la directiva de Sitrameca, que se opone a la celebración de las elecciones sindicales ya que su período de ejercicio vencerá el próximo 22 de noviembre.
«Fuimos expuestos al escarnio público. También fue como una advertencia para el resto de los trabajadores objeto de continuas amenazas de la directiva de la empresa y lo más lamentable es que la dirigencia sindical, en lugar de defender los derechos de los trabajadores, se dedica a ser esquirol porque quiere perpetuarse en los cargos» contó Wilson Gutiérrez, impulsor de la iniciativa de cambio en el sindicato y firmante del revocatorio.
Gutiérrez, y los otros 11 trabajadores se enteraron de sus despidos, luego de que sus fotos fueran colocadas en el cartel de los accesos de la compañía, donde se informaba sobre la decisión en su contra.
Las cartas de despido se alegaba «falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo».
Entre los despedidos están un conductor de Metrobus con 25 años de servicio y en reposo médico, por presentar una enfermedad ocupacional; y otro empleado que al momento del despido se hallaba de permiso funerario, dijo Gutiérrez, resaltando que el procedimiento fue totalmente ilegal por el decreto de inamovilidad laboral del Ejecutivo.
El diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro aseguró que se llevarán sus expedientes hasta la Defensoría del Pueblo y que habrá una citación al presidente del sindicato del Metro de Caracas.
«Con todo lo que hemos recibido de sus expedientes lo llevaremos también hasta la Defensoría del Pueblo porque también observamos que existen casos de personas que sufren de discapacidad y están en el listado de los despedidos injustificados»afirmó.
«Si hace caso omiso por tres veces consecutivas estaría en desacato y aplicarán la Ley de Comparecencia de inmediato sin la defensa de ningún tribunal», advirtió Pizarro.
Fuentes: Tal Cual; El Nacional.
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