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EnglishDan a conocer la primera prueba en el caso federal de los «narcosobrinos» en la que se establece relación con la familia presidencial y es la transcripción de una conversación entre uno de los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela y un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
En la grabación Efraín Campo, de 29 años, no solo afirmó estar en «guerra» con Estados Unidos, sino que también declaró que realizó un «negocio rápido de cocaína» para colaborar financieramente con la campaña política de la primera dama venezolana.
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Para cuando sucedió esa conversación Cilia Flores, esposa del mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, se había postulado a una banca de la Asamblea Nacional, razón por la que Campo se refirió a la «primera combatiente» como su madre.
«Necesitamos el dinero”, dijo según la transcripción, el también sobrino de Maduro. «¿Por qué? Porque los americanos nos están dando duro con el dinero. ¿Entiendes? La oposición … está recibiendo mucho dinero».
A raíz de dicha conversación se fijó por primera vez la relación directa entre Efraín Campo,su primo y coacusado Francisco Flores, el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.
En la grabación Campos también menciona que para el momento, el gobierno de Maduro estaba preparado para hacer lo que fuese necesario para mantener el poder, incluida la encarcelación de opositores.
«Allá los encarcelamos», «los condenamos a 15 años de prisión» mencionó; y a pesar de que no se menciona la persona a la que encarcelarían, casualmente, el líder opositor, Leopoldo López fue arrestado y sentenciado a casi 14 años de prisión antes de las elecciones.
Por otra parte, la defensa de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro en Estados Unidos acusó al Gobierno de Barack Obama de destruir pruebas importantes para inculpar tanto a Efraín Antonio Campos Flores y a Franqui Francisco Flores de Freitas del tráfico de narcóticos al país norteamericano.
En el documento, los abogados aseguran que las grabaciones realizadas por los informantes confidenciales, pagados por el gobierno estadounidense, «están irremediablemente manchadas por la conducta impropia de los informantes».
«Aquí no solo hubo una destrucción de pruebas, sino que las mismas fueron alteradas por informantes pagados por el gobierno que operan fuera del país y fuera de cualquier limitación impuesta por la formación, la ética o la rendición de cuentas por parte de los agentes de la administración de Control de Drogas (DEA)» aseguró Randall W. Jackson abogado defensor.
Fuentes: El Nacional; El Nuevo Herald.
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