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«Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal», indica el texto de los procuradores y fiscales generales de 12 países de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
«Rechazamos […] cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso», continúa el comunicado de la AIAMP.
El documento fue difundido el pasado lunes 12 de junio, en apoyo al Ministerio Público de Venezuela, «el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en dicho país».
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, fueron los 12 países que manifestaron su preocupación ante las declaraciones públicas en contra de la labor del Ministerio venezolano, en el que funcionarios de altos mandos la han tildado de «traidora».
Asimismo, dirigentes chavistas como Diosdado Cabello han afirmado que destituirán a la fiscal general por supuestamente favorecer a los manifestantes opositores que según ellos están involucrados en hechos de violencia.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha rechazado el pedido de la fiscal general que frenar la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
La fiscal inclusive ha denunciado haber recibido amenazas y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro ante “cualquier daño” del que pueda ser objeto su familia.
El comunicado de los representantes de Ministerios Público de los 12 países indica:
«Consideramos, de esta manera, fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía.
Para ello, resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso».
Fuentes: El Nacional; Panorama; Globovisión.
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