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El caso de los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli podría extenderse tras una solicitud de prórroga. La petición fue realizada por el Ministerio Público al Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal para poder concluir la investigación de los hermanos del exmandatario.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió a la asistencia judicial que solicitó la Fiscalía Federal de Suiza el 24 de marzo de 2016, como parte de la investigación a la constructora Odebrecht y los posibles sobornos de los Martinelli.
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La fiscalía del país europeo solicitaba información de cuentas bancarias, empresas y casos de sobornos que involucren a Martinelli y a sus hijos.
El informe fue elaborado por la magistrada Angela Russo, asignada como ponente para tramitar la asistencia judicial en lo que compete a Martinelli. Ahora, la CSJ remitió a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, para la contestación de la asistencia solicitada por Suiza.
Actualmente, tanto el exmandatario como sus hijos han sido relacionados con el caso. Los hermanos Martinelli Linares son investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales tras, supuestamente, haber recibido sobornos de la constructora brasileña.
La defensa de los hermanos ha tratado de anular los cargos argumentando que el delito de “blanqueo de capitales” no se encuentra probado en la investigación, y que el delito de soborno internacional no se encuentra enlistado en el artículo 254 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la jueza refutó los recursos explicando que los hermanos Martinelli no son investigados por soborno internacional, sino que el dinero que fue depositado en sus cuentas habría procedido de dicho delito.
Asimismo, la defensa pretendía declarar nula las investigaciones, ya que, según ellos, la declaración de Vargas Reynaga (exabogada de la familia Martinelli que reveló datos relaciones a la investigación) “violó el secreto profesional entre abogado y cliente”.
Sin embargo, la jueza manifestó que en este caso la vía idónea para objetar la actuación de la fiscalía es a través de un incidente de controversia y no de nulidad. Además, señaló que el argumento no se encuentra entre las causales para declarar la nulidad de un proceso penal.
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