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La cancillería de Brasil llamó al embajador de Uruguay, luego de que este convocara una reunión del Mercosur, para abordar el tema de la aprobación de la reforma laboral brasileña.
Según informó O’Globo, el gobierno brasileño pidió explicaciones sobre las declaraciones del canciller, Rodolfo Nin Novoa y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, (ambos de Uruguay), en que cuestionaron la reforma laboral de Brasil.
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«Sin inmiscuirnos en asuntos internos de Brasil, hemos visto que hay un proyecto que lleva un descaecimiento de los derechos de los trabajadores», afirmó Novoa.
«Vamos a pedir una reunión que está en el marco de la cláusula sociolaboral, que establece que dos veces por año tiene que reunirse una comisión administradora» porque «queremos analizar el impacto que puede tener en trabajadores y empresarios uruguayos la reforma laboral de Brasil, en caso de que termine de concretarse», manifestaron los funcionarios uruguayos.
«Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar», explicó el canciller de ese país.
Por otra parte, el gobierno del Frente Amplio está ideológicamente en contra de la visión económica del mandatario brasileño Michel Temer, que incentiva la inversión y la actividad privada, razón por la cual la izquierda uruguaya ha generado constantes políticas en la dirección contraria.
Según ha indicado el gobierno, la reforma laboral en Brasil que se prevé que entre en vigencia en un poco más de 100 días, lo que busca es aumentar la competitividad en el mercado y generar nuevos empleos haciendo que los contratos privados prevalezcan por sobre los convenios colectivos.
Además, el régimen vacacional podrá fraccionarse hasta en tres períodos y se habilitarán jornadas laborales de hasta 12 horas, seguidas por descansos de 36 horas y siempre que no se superen las 44 horas semanales.
El trabajo desde casa también será regularizado, con reembolso para los gastos del empleado, y las jornadas intermitentes serán autorizadas siempre y cuando el pago de salarios se base en las horas o jornadas trabajadas y no mensuales.
Asimismo, la reforma flexibiliza las condiciones de despido y retira la obligación de negociar despidos colectivos con los sindicatos.
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