5,5 millones de llamadas ilegales salen al año de cárceles mexicanas

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«El uso generalizado de equipos dentro de los siete penales evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados». (Twitter)

Una investigación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) arrojó que durante el pasado año (2016) se realizaron aproximadamente 5,5 millones de llamadas ilegales desde siete recintos penitenciarios.

De acuerdo al informe, las llamadas se realizaron a través de 1.199 equipos sospechosos, los cuales realizaban aproximadamente 106,446 llamadas en una «semana típica».

“El uso generalizado de equipos dentro de los siete penales evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados, con interferencias que afectan a los usuarios y a la calidad del servicio, como se reporta semanalmente al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dentro de la Comisión Nacional de Seguridad, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones mediante las denuncias de interferencia perjudicial”, señala el documento elaborado para el Comité Especializado en Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones.

 

Según la investigación, los equipos utilizan más de un IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional de un Abonado a un Móvil), lo que significa que tienen más de un código de identificación único para cada dispositivo de telefonía móvil, operando con un mismo IMEI (del inglés International Mobile Station Equipment Identity o identidad internacional de equipo móvil).

Además, el informe señala que los centros de detención donde se llevó a cabo la investigación, pareciera que existiese un horario específico para realizar este tipo de llamadas, ya que se detectó que el uso de los equipos terminales se realiza entre las 8:00 y 20:00 horas.

“El estudio arroja elementos importantes a considerar por las autoridades ante la solicitud permanente de los concesionarios y de la propia sociedad de elaborar una estrategia efectiva, de largo plazo para la atención eficiente de las interferencias que afectan de manera masiva a los usuarios legítimos de servicios móviles, así como para cumplir con los Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y las Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición del 3 de septiembre de 2012″, indica el informe.

Fuentes: El Economista; Zócalo.

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