Presidente de Ecuador tilda de «insólita» la demanda de Correa ante la OEA

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«¿Dónde está la coherencia?, ¿En dónde la seriedad? ¿En dónde la integridad moral?», se preguntó Lenín Moreno.(Twitter)

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó de «insólita» la denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano por supuesta ruptura del orden constitucional, de su antecesor Rafael Correa.

«¡No solo es lamentable, es insólito!«, manifestó el mandatario afirmando que el «único próposito» de la denuncia es «lesionar la institucionalidad democrática» del país.

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El denunciante es el mismo que «denostó al Sistema Interamericano y de manera especial a la OEA de inservible, de sesgada, de ineficiente, de poco confiable, de insalvable, de colonialista, inconsistente».

«¿Dónde está la coherencia?, la coherencia con la patria. ¿En dónde la seriedad? ¿En dónde la integridad moral?», se preguntó el presidente ecuatoriano.

Asimismo, Moreno aprovechó la oportunidad para dirigirse a la OEA: «El mundo entero puede venir y constatar cómo estamos profundizando nuestra democracia, cómo estamos consolidando las instituciones y cómo se está reconciliando el país entero».

El expresidente Rafael Correa acudió junto al excanciller Ricardo Patiño para entregar un documento de 14 páginas pidiendo que se active la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por «grave alteración al orden constitucional».

 

«Hemos denunciado ante la OEA la alteración del orden constitucional en el Ecuador. Moreno ha violado la Constitución y pretende tomarse todas las funciones del Estado», explicó entonces el excanciller de Correa.

La denuncia señala supuestos atropellos del mandatario al convocar al referéndum y a la consulta popular: omisión de un dictamen previo de la Corte Constitucional y plazos incumplidos.

El informe resalta que al saltarse el debido proceso evitaron «que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad y coloca a la ciudadanía en situación de indefensión».

“Los actos de poder público debieron mantener conformidad con las normas constitucionales, y debieron por ese motivo, esperar el pronunciamiento de calificación de la Corte Constitucional, caso contrario carecerían de eficacia jurídica, como ha ocurrido finalmente”, indica el documento.

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