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El próximo 1 de julio se celebran en México las elecciones presidenciales, legislativas, locales y federales y a medida que se acerca la fecha, las cifras de violencia contra políticos continúa en aumento.
De acuerdo a un informe de la firma Etellekt consultores, desde que se inició oficialmente el proceso electoral con la precampaña el pasado 8 de septiembre de 2017, hasta el pasado 8 de abril, han habido 78 asesinatos y 173 agresiones directas a políticos y mientras se esté en proceso electoral, la proyección es que el número de víctimas incremente.
«Aumentó muchísimo el número de amenazas y los actos de intimidación contra candidatos», alertó el director general de Etellekt, Rubén Salazar.
El Estado, la Policía Federal y la estatal son los encargados de la seguridad de los candidatos registrados; pero para el 1 de julio hay más de 3.400 puestos en juego, lo que «representa un serio desafío para el Estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos», señaló Salazar.
Ser político, una profesión riesgosa en México
El riesgo para los políticos mexicanos es tal, que el centro de investigación Justice in Mexico (Justicia en México), determinó que un político tiene 12 veces más probabilidades de morir asesinado que un ciudadano promedio.
Alcaldes incluso han tenido que irse del país y gobernar a distancia tras las amenazas y los ataques que se presentan en sus territorios.
«Hay un riesgo en dedicarse a la política, hay una vinculación muy profunda entre la guerra, la lucha armada, la imposición de la violencia y la imposición legitimada a través de las instituciones», señaló el analista político Gerardo Enrique Garibay en entrevista exclusiva para PanAm Post.
Violencia hacia políticos no es por ideología
El experto resaltó que en México el problema no es de carácter ideológico; según Garibay, en el país son los intereses del crimen organizado los que están causando la violencia.
El analista político explicó que la violencia se genera por el incremento de organizaciones criminales de narcotráfico o de huachicoleros (ladrones de combustible).
“El combustible Pemex (Petróleos mexicanos) tiene ciertos ductos que van de la refinería a los centros de distribución (…) hay mafias que están poniendo válvulas en los ductos y están extrayendo el combustible. Esas mafias están generando ingresos económicos muy importantes y al mismo tiempo conflictos muy violentos por el territorio”, comentó, resaltando que lo que buscan estas organizaciones es que en los puestos públicos (particularmente a nivel municipal) queden políticos que les permitan continuar con las actividades ilícitas.
«La mayoría de los ataques ocurren en contra de alcaldes o precandidatos a las alcaldías”,agregó indicando que son aproximadamente 109 alcaldes los que han sido asesinados en México desde 2006.
«En los últimos 12 años la profesión más peligrosa en términos proporcionales es ser alcalde», comentó.
Violencia política reduce opciones electorales
Aunque Garibay asegura que a nivel nacional no ha habido un gran impacto, destaca que en los municipios donde se presentan estos ataques contra políticos se ha generado mucha incertidumbre en la población y sobretodo entre los propios políticos.
«Desincentiva a que las personas busquen obtener cargos políticos, lo que implica a su vez que se reducen las opciones que los ciudadanos de esas zonas tienen a la hora de elegir sus alcaldes»,dijo.
¿Cómo combatir el problema?
El analista político explicó al PanAm Post que la «única forma 100 % efectiva» de resolver este problema sería erradicando el narcotráfico y el robo de combustible mediante una reforma jurídica e institucional que impida la impunidad y la corrupción del poder judicial y del poder ejecutivo.
Sin embargo, Garibay también propone reducir el riesgo de violencia contra candidatos y alcaldes quitándoles la responsabilidad directa de combatir el crimen a los políticos locales optando «por mandos únicos estatales».
Asimismo, recuerda que es esencial «redoblar el seguimiento a los candidatos y a los alcaldes para protegerlos más».
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