Evo Morales impone aumento de sueldo pero solo al sector privado

Según el ministro de Trabajo, antes de que una empresa pública incremente los salario, deberá realizar un análisis sobre la rentabilidad y sostenibilidad financiera

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El sector privado ha advertido al gobierno de Evo Morales sobre las consecuencias del aumento de sueldo para la pequeña y mediana empresa (Flickr)

Durante la celebración del Día del Trabajador, el pasado 1 de Mayo, el presidente de Bolivia, Evo Morales decidió oficializar un aumento de 5,5 % del salario mínimo. Sin embargo, la decisión parece más una medida de asfixia contra las empresas privadas, que un beneficio para los trabajadores.

Para empezar, el gobierno decidió que las empresas públicas están excluidas de la obligación del aumento de sueldos, como si las personas que trabajan para empresas estatales tuviesen menos necesidades que los que lo hacen para empresas privadas.

Si el beneficio realmente fuese para los trabajadores, ninguno debería quedar excluido; y tan solo enfocándose en el punto de vista de los trabajadores públicos, la verdad es que podría resultar poco motivador laborar para una empresa que paga por debajo del sueldo mínimo establecido.

Según explicó el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, antes de que una empresa pública le suba el sueldo a sus empleados, deberá realizar previamente un análisis sobre la rentabilidad y sostenibilidad financiera de un incremento salarial.

Aunque la idea del análisis es bastante lógica y adecuada, el problema recae en que resulta bastante conveniente que solo se le aplique a las empresas públicas, esto a pesar que el sector privado ha advertido con fuerza que el incremento salarial podría afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y por ende, a los mismos trabajadores.

Bajo la supuesta intención de favorecer a los trabajadores, muchos de ellos podrían quedar sin trabajo a mediano o largo plazo, porque tal y como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB explicó, hay muchas empresas que serán no cuentan con la capacidad de asumir los costos que ahora impone el Gobierno, obligándolos a prescindir de los empleados.

Esto podría provocar la destrucción del empleo formal en el país, donde adicionalmente se contabiliza un 70 % de informalidad laboral, según los datos ofrecidos por la CEPB.

No se trata solo de cómo puede afectar a las empresas privadas, sino de entender que imponer un aumento de sueldo no resulta beneficioso para nadie. El incremento de salarios nunca suele ser la solución, ya que aunque a corto plazo satisfacen, a largo plazo empieza a perjudicar la economía del país.

El director de la Sociedad Bastiat (uno de los programas de American Institute for Economic Research), Leonardo Brito,  ha explicado anteriormente a PanAm Post que los salarios se deberían determinar y ajustar según el mercado sin necesidad de que sea el Estado el que determine un monto y es precisamente eso lo que permitiría que se lleguen a libres acuerdos entre empleador y empleado.

Sin embargo, la Confederación de Empresarios Privados ha señalado que el problema no resultaría tan grave si al menos el porcentaje de aumento no fuese mayor al de la tasa de inflación, la cual cerró el pasado año (2017) en 2,71 %

Es “imposible” sostener un incremento salarial por encima de la inflación, advirtió el presidente de la CEPB,  Ronald Nostas,  pero esto no parece importarle al mandatario, quien solo parece velar por los beneficios de su administración y las empresas que el Estado controla.

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