Cada vez más personas se niegan a ser cómplices de las injusticias que está cometiendo el régimen dictatorial de Daniel Ortega y optan por hacerse a un lado. Tan solo entre el pasado mes de julio y lo que va de agosto, más de una decena de fiscales han tomado la decisión de renunciar voluntariamente.
Según han informado los propios trabajadores del Ministerio Público de Nicaragua, varios fiscales han optado por dejar sus trabajos durante esta la ola de protestas antigubernamentales que ha cobrado la vida de más de 400 personas.
De acuerdo a algunos trabajadores consultados por el diario local La Prensa, las personas que renunciaron prefirieron no dar mayores detalles respecto a los motivos de sus renuncias y argumentaron que las causas eran personales por miedo a represalias; sin embargo, quienes informaron sobre la ola de renuncias explicaron que los fiscales no estaban de acuerdo con redactar ni sostener acusaciones contra manifestantes sin pruebas.
Casi un centenar de renuncias por desacuerdo con “línea de trabajo”
Los señalamientos por faltas de objetividad por parte de la institución no solo se han presentado durante esta crisis sociopolítica; desde abril del año 2014, cuando Ana Julia Guido asumió como Fiscal General de la República, han habido múltiples renuncias por desacuerdos con la “línea de trabajo” que quiere implantarse en el Ministerio Público.
De acuerdo al diario anteriormente mencionado, más de 95 fiscales de distintos órganos de dirección han renunciado por presunta “partidización” en la institución pública.
Asimismo, los extrabajadores señalaron que Guido ha utilizado el Ministerio para perseguir a opositores del Gobierno de Nicaragua y que desde su estancia en la institución el ambiente laboral también se ha vuelto insoportable.
“No podías comentar ni pensar diferente a ella (Ana Julia Guido), porque te andaban siguiendo, no podías ni hablar de un caso de interés público sin permiso de ella. Te quieren poner un bozal y eso no es libertad laboral“, denunció una exfiscal.
Aumenta la criminalización de la protesta
Desde que iniciaron las manifestaciones antigubernamentales el pasado 18 de abril, el pueblo de Nicaragua y distintos organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, posibles actos de torturas, entre otros métodos represivos.
A medida que ha pasado el tiempo y las protestas continúan, el régimen ha aumentado sus métodos represivos y ha entrado en una “fase tres“, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se está criminalizando a los manifestantes.
Jóvenes están siendo acusados de delitos como: crimen organizado; terrorismo; entorpecimiento de servicios públicos; porte o tenencia ilegal de armas; fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, entre otros.
“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”, alertó un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Ola de renuncias obliga a contratar personal joven e inexperto
Con la criminalización de manifestantes, la situación en la Fiscalía ha empeorado y las renuncias se han elevado; ahora, en el Ministerio empiezan a sufrir las consecuencias.
Las renuncias han llevando a la Fiscalía a contratar a personal joven y la calidad del trabajo se está viendo afectada.
Según La Prensa, muchas veces los jueces tienen que hacer correcciones en las acusaciones presentadas en los juzgados, por los múltiples errores y otras veces incluso las admiten con las equivocaciones para no faltar con la directriz del Gobierno.
La situación, a medida que pasa el tiempo, sigue empeorando, y si no se cambian los métodos con los que está trabajando el Ministerio Público, podría presentarse una escasez de agentes fiscales honestos y objetivos.