¡Ojo con la alcaldía de Medellín!

Daniel Quintero Calle acabaría con la autonomía de EPM y de la EMM

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Con Quintero en la alcaldía, Medellín podría sufrir lo mismo que padeció Bogotá bajo Gustavo Petro. (Twitter)

Medellín ha sido una ciudad bien gobernada durante todo el período de elección popular de alcaldes. Desde 1988, se han sucedido alcaldes de las más diversas orientaciones sin que ello haya dado lugar a cambios bruscos en la administración municipal ni a la irrupción de situaciones escandalosas de corrupción, lo cual ha permitido su progreso al mantener un entorno institucional favorable a la actividad empresarial y la vida familiar, aún en los momentos más críticos de la violencia narcotraficante.

Esto ha sido posible por la continuidad en tres líneas fundamentales que son de la incumbencia directa de las autoridades locales: los servicios públicos domiciliarios, la movilidad y la seguridad. En los dos primeros aspectos ello ha sido posible porque casi todos los alcaldes de elección popular han entendido que se trata de cuestiones técnicas y financieras que deben, en lo fundamental, dejarse en manos de los especialistas que desde las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la Empresa Metro de Medellín (EMM) se ocupan de esos asuntos con visión de largo plazo y criterios de autosuficiencia financiera. En lo referente a la seguridad, el consenso ha sido en torno a la necesidad de superar la violencia del narcotráfico y sus secuelas sobre la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes y la percepción nacional e internacional de la ciudad, y buscar neutralizar a los cabecillas de las bandas criminales.

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El buen manejo de la ciudad pasa pues por respetar la autonomía administrativa y financiera de las EPM y de la EMM, darle continuidad a sus políticas operativas y a sus planes y programas de expansión. Esto supone también respetar esa autonomía y apoyar a los equipos técnicos de esas empresas en los momentos de dificultad, como ocurrió con la EMM, cuando se suspendieron las obras del metro, y, más recientemente, con EPM, con ocasión de los problemas que se presentaron en la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.

El avance de la ciudad y la continuidad de sus proyectos pueden ponerse en riesgo de llegar a la alcaldía Daniel Quintero Calle, cuyo programa de gobierno contiene propuestas que de materializarse, acabarían con la autonomía de las EPM y de la EMM.

Dejando de lado la retórica de “rescatar a EPM para hacerla grande otra vez” y del “Gran Pacto por EPM”, se encuentran en el programa del señor Quintero dos propuestas concretas contrarias a la autonomía de las EPM y que comprometen su situación financiera en el corto y en el mediano plazo: la congelación de las tarifas y la creación, con recursos de EPM, de dos nuevas entidades: “la empresa de información pública de Medellín” y “la empresa tuneladora de Medellín”.

La congelación de tarifas es abiertamente ilegal y contraria a la regulación. Ya Luis Pérez lo hizo una vez ocasionando que a la empresa le fuera impuesta, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una sanción multimillonaria. Peor aún, en vista de la coyuntura financiera, la congelación de tarifas significaría para las EPM renunciar a un ingreso cercano a los 500 millones de dólares en tres años, con el agravante de que la mayor parte de esos recursos serían transferidos a las familias que pagan las facturas más elevadas. En síntesis, la congelación de tarifas es ilegal, menoscaba los recursos financieros de las EPM y es regresiva.

La creación de las dos empresas propuestas no está contemplada en los planes de expansión de las EPM ni cuenta con ningún estudio de factibilidad. Además, las actividades a las que se dedicarían, gaseosamente enunciadas en el programa del candidato Quintero, no son compatibles con el objeto social de EPM, que tienen limitaciones legales y que no pueden ser arbitrariamente alteradas ni por el alcalde ni por el concejo. Adicionalmente, los recursos de capital requeridos para su creación y puesta en funcionamiento aumentarían el estrés financiero al que se encuentra sometida la Empresa como consecuencia de las dificultades de Hidroituango. En síntesis: la creación de las empresas soñadas por el señor Quintero le quita a EPM la autonomía para definir su plan de expansión, es contraria al marco normativo de los servicios públicos domiciliarios y aumenta el riesgo financiero de la entidad.

El señor Quintero quiere también disponer de la EMM al proponer la construcción del “primer metro subterráneo”. Esta, como las dos empresas que le quiere imponer a EPM, es una ocurrencia sin ninguna sustentación de tipo técnico. Metro a nivel, metro elevado o metro subterráneo, metro ligero o tranvía, buses articulados, cables, etc., son decisiones de orden técnico y financiero que no deberían estar contaminadas por los caprichos y ocurrencias de los políticos como desde hace años ocurre en Bogotá, para desgracia de sus habitantes. El candidato Quintero quiere meternos en ese lodazal, lo que puede tener graves consecuencias sobre la EMM y el buen manejo que esta empresa le ha dado a la operación y expansión del sistema de transporte público de la ciudad.

No valdría la pena detenerse en las ocurrencias del candidato Quintero si no fuera por el hecho de que, al parecer, su propuesta populista de congelación de tarifas le está dando una elevada intención de voto, por encima de varios candidatos con mayor trayectoria política en Medellín.

Como se ha visto, una victoria de Quintero sería nefasta para la ciudad porque pone en riesgo la autonomía de las EPM y la EMM, entidades clave para lo continuidad de las políticas públicas que tanto beneficio le han traído a Medellín. Además, su programa carece de una verdadera propuesta de seguridad, pues después de un enunciado retórico sobre ser “implacables con los cabecillas”, se diluye en consideraciones sobre el desempleo, la inversión social, la aplicación de tecnologías disuasivas y los demás predicamentos de la llamada “seguridad integral”, que en la práctica se traduce en la renuncia al combate de la delincuencia, como ocurrió en Bogotá bajo la alcaldía de Gustavo Petro, el mentor político de Quintero, aunque este quiera mantenerlo en la clandestinidad. No se debe olvidar que en los momentos más críticos de la crisis de Hidroituango, Quintero estuvo al lado de Petro en su campaña de desprestigio contra EPM. De hecho, su candidatura surge de esa campaña.

Candidatos como Juan Carlos Vélez, Santiago Gómez, Juan David Valderrama, Jesús Aníbal Echeverry e, incluso, Beatriz Rave, quienes, en su actividad política y sin renunciar al disenso y a la crítica, se han mostrado respetuosos de la autonomía de las EPM y la EMM, deberían entender el riesgo que para dicha autonomía y, por tanto, para el bienestar de Medellín, representa la eventual victoria del señor Quintero. Todos ellos pueden mantenerse como opciones políticas válidas para la ciudad si contribuyen a evitar el triunfo de este candidato y se aprestan a participar en una administración encabezada por Alfredo Ramos, quien tiene más probabilidades de derrotarlo. Por su parte, Ramos debe buscar desde ahora acercamientos programáticos con esos candidatos y formar una coalición que conjure el peligro de trasladar a Medellín la visión del manejo de la administración municipal que tanto daño le ha hecho a Bogotá.

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