Colombia: emergencia económica y social contra el COVID-19

Las medidas delineadas en el Decreto 417 buscan manejar la crisis atendiendo cinco frentes fundamentales

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Corresponde al sector privado y a la comunidad hacer su parte como ya lo han venido haciendo algunas empresas e individuos. (Efe)

El 6 de marzo se presentó el primer contagio de COVID-19. Quince días después van 145 casos confirmados, según el Ministerio de Salud. En otros países, como Italia y España, a las dos semanas del primer contagio, los casos se contaban por miles. Al parecer, las medidas de contención están funcionando, pero es necesario persistir en las ya adoptadas y, probablemente, adoptar otras más.

El Gobierno Nacional, en buena hora, está asumiendo el control para impedir que decisiones aisladas de alcaldes y gobernadores pongan obstáculos a la circulación de mercancías por las carreteras del país. Los retenes, toques de queda y confinamientos adoptados unilateralmente rompen la cadena de abastecimiento de todos los colombianos. Las autoridades locales deben entender que ningún departamento y menos un municipio produce todo lo que necesita para abastecer a sus habitantes.

El presidente Iván Duque, en lugar de andar gesticulando y haciendo alharaca como tantos politicastros que quieren aprovechar la crisis para aumentar su popularidad, ha tomado el toro por los cuernos declarando la emergencia económica y social mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. La decisión del Gobierno nacional está bien sustentada y ojalá lo entienda así la Corte Constitucional. Es innegable el carácter imprevisible de la crisis desatada por el COVID-19, las consecuencias devastadoras que tendría y la imposibilidad de hacerle frente con los mecanismos y los recursos presupuestales ordinarios. Según proyecciones del Ministerio de Salud, de no hacer nada, podrían tenerse más de 700 000 casos de contagio entre críticos y severos, lo que llevaría al colapso del sistema de salud, como ha ocurrido en países con mayores recursos.

Las medidas delineadas en el Decreto 417 buscan manejar la crisis atendiendo cinco frentes fundamentales:

  • Minimizar los contagios para evitar el colapso del sistema de salud.
  • Fortalecer la infraestructura de atención de clínicas y hospitales.
  • Mantener la cadena de suministro de alimentos a la población.
  • Ayudar a la población más vulnerable como los trabajadores por cuenta propia a quienes las medidas de contención privan de sus ingresos.
  • Mantener el empleo formal, especialmente en empresas pequeñas y medianas —restaurantes, comercios, etc.— directamente afectadas por las medidas de confinamiento.

Todo esto cuesta dinero. El Decreto 417 establece de forma acertada las fuentes de financiación sin ahondar en el desequilibrio fiscal ni agobiar la economía con tributos adicionales:

  • Se ponen a disposición de la nación los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema de Regalías (FAE) y del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET) que suman 14,8 billones de pesos.
  • Se autoriza la venta de participaciones de la nación en entidades financieras, lo que daría recursos por 4 billones de pesos.
  • Se fortalece el Fondo Nacional de Garantías con los excesos de liquidez de las entidades nacionales en la banca de segundo piso.
  • Se contempla la emisión bonos de la nación con destino a las operaciones de liquidez del Banco de la República.

Las medidas anunciadas por el Gobierno nacional van en la buena dirección y están adecuadamente definidas las fuentes de financiación. Corresponde al sector privado y a la comunidad hacer su parte como ya lo han venido haciendo algunas empresas e individuos. Entre otras, pueden acometerse las siguientes acciones:

  • Apoyar con donaciones el fortalecimiento de la capacidad operativa de clínicas y hospitales, como ya lo hizo un grupo de empresas antioqueñas.
  • Las empresas deben hacer todos los esfuerzos por mantener el empleo formal. Esto se puede facilitar permitiendo la reducción temporal de salario nominal y de las contribuciones parafiscales sobre la nómina.
  • Todas las empresas que puedan hacerlo deben adoptar el teletrabajo.
  • Las familias pudientes deben evitar el acaparamiento de productos y mantener los empleos permanentes y temporales de servicio doméstico. También en este caso se puede facilitar autorizando reducciones transitorias de las remuneraciones.
  • Crear redes de apoyo a los vendedores ambulantes y personal de servicio por cuenta propia (plomeros, electricistas, etc.) para suministrarles ayuda en especie o en dinero.
  • Apoyar a los adultos mayores realizando sus compras y otras diligencias para evitarles los desplazamientos fuera de su hogar.
  • Los supermercados, tiendas, plazas de mercado y todos los distribuidores de alimentos y suministros domésticos deben limitar las compras excesivas.
  • Todos debemos acatar las medidas de aislamiento y confinamiento voluntario dispuestas por las autoridades y las medidas de autocuidado.

Aunque la crisis persiste, ya hay signos cada vez más claros, provenientes de otros países donde el contagio se inició hace más tiempo, de que se avanza cada vez más en el manejo clínico de la enfermedad y en el desarrollo de una vacuna. Es preciso mantener la esperanza y la calma para superar una crisis de la que saldrán fortalecidas nuestras familias, nuestras empresas y todos como sociedad.

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