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La crisis del coronavirus (COVID-19) le llegó al País en un momento de debilidad de las finanzas públicas y un alto nivel de endeudamiento, que se alcanzó justamente durante un período de gran crecimiento de los ingresos petroleros de la nación. Acertadamente, el Gobierno nacional echó mano de los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera y del Fondo de Pasivo Pensional Territorial. Eso suma unos 18 billones de pesos, recursos que, si no se han agotado, pronto lo estarán. El llamado subsidio a la nómina tendrá un costo cercano a los 7 billones de pesos que en principio no pueden financiarse si no es recurriendo a un endeudamiento adicional. Seguramente se necesitará más dinero, especialmente si el Gobierno persiste en imponer restricciones a la producción con cuarentena abierta o disfrazada. Los analistas macroeconómicos anticipan un pavoroso incremento del déficit fiscal y el consiguiente aumento de la deuda pública.
La opción de hacer un ajuste por el lado de gasto no parece viable. El recorte de la nómina y de los programas asistencialistas produciría un gran debilitamiento de la demanda que ahondaría la recesión. Debe descartarse también una reforma tributaria que debilitaría aún más las empresas severamente golpeadas por casi tres meses de parálisis total o parcial. La elevación permanente de la deuda haría aún más estrecho el margen de las finanzas públicas y deterioraría la calificación crediticia del país, encareciendo la financiación pública y privada en el mercado internacional. No queda pues otra alternativa que vender activos de la nación, en particular sus participaciones en Ecopetrol.
El Gobierno nacional es dueño del 88 % de las acciones de Ecopetrol, que, al precio actual de dos mil noventa pesos por acción, valen más de 75 billones de pesos. Con la venta, quizás en dos tramos, de un 40 % de esa participación, se tendrían cerca de 30 billones que permitirían solventar ampliamente los gastos requeridos para superar la crisis. Después de esa venta la nación mantendría el control de la Empresa con un 53 % de su capital accionario.
Aunque financieramente lo más adecuado sería posponer la venta para el 2021, cuando los precios del petróleo se hayan recuperado y la acción alcance mejor cotización, solventando la situación con endeudamiento de corto plazo, dudo que las fuerzas políticas que dominan el Congreso lo permitan. Por esa razón el Gobierno nacional debe hacer uso de las facultades de emergencia y proceder desde ya a decretar la enajenación. El primer tramo podría venderse este año y el segundo, indexado al precio del petróleo, el próximo.
