Colombia: ¿qué hacer con EPM?

Para la mayoría de las personas es imposible imaginar las complejidades de la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la magnitud de Hidroituango

Las “explicaciones” a la manera del alcalde Quintero encuentran eco inmediato en un medio en el que el discurso antiempresarial y anticapitalista ha tomado tanto vuelo. (YouTube)

Hay poco que hacer para contener las consecuencias más inmediatas —costo reputacional y encarecimiento del crédito— que se derivan de la solicitud de conciliación prejudicial con los contratistas de Hidroituango presentada por EPM ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos de Medellín. Algunos abogados opinan que esa conciliación es un requisito que debe cumplirse antes de proceder con la demanda, otros piensan que no es así.

Es muy improbable que la conciliación prejudicial llegue a feliz término por la magnitud de lo que está en juego, que es mucho más de los 9,9 billones de los que se habla. Si los demandados resultan condenados, no solo deberán satisfacer las pretensiones económicas del demandante, sino que deberán hacerse cargo de las que resulten de las otras demandas que están en curso, como la de Hidroituango contra EPM y la demanda colectiva de las personas afectadas aguas abajo del proyecto. También deberán responder por las sanciones de la CREG, por el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Nación, por las sanciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y sabe Dios qué más. Se viene un proceso que puede durar diez o más años.

En septiembre de 2019 la aseguradora MAPFRE reconoció que la contingencia de Hidroituango estaba enmarcada en la cobertura de la póliza de 2 556 millones de dólares por daños materiales de infraestructura y equipos, y 628 millones por lucro cesante; en total 3 184 millones, cerca de 12 billones de pesos. En diciembre de 2019 MAFRE realizó el primer pago por 150 millones, cerca de 600 000 millones de pesos. Hay que esperar a ver cómo reacciona la aseguradora ante el proceso, pues si decidiera reconsiderar su posición o condicionar sus desembolsos al resultado del proceso, el efecto sobre la situación financiera de EPM sería extremadamente grave.

Otra incógnita es la posición que asuma el Banco Interamericano de Desarrollo, el principal financiador de Hidroituango. Hasta el momento ha permanecido en silencio pues sus directivos saben que cualquier manifestación de su parte puede deteriorar aún más la percepción que de EPM se tienen en los mercados financieros, afectando su propia posición acreedora. En otras circunstancias, los banqueros del BID ya habrían desembarcado en Medellín, pero seguramente ya deben haber sido muchas las conversaciones con la gente de EPM buscando claridad sobre la situación planteada.

Los daños colaterales ya están dados, aunque podrían mitigarse si el gerente Rendón López aceptara la salida honorable que le ofrecieron los directivos del consorcio CCC en carta del pasado 14 de agosto. Esta comunicación pone en evidencia la fragilidad de la demanda de EPM y anuncia las contrademandas que se vendrán de continuar el litigio. El problema es que, aunque quisiera, el gerente, que como abogado sabe lo que se viene, no puede aceptarla pues la decisión depende del alcalde Quintero, que ya no puede echarse atrás en la delirante cruzada que ha emprendido para rescatar a EPM de las “garras” del GEA. Es mucha la gente de todos los niveles que cree el cuentazo del alcalde y mucha también la que está interesada en que se crea para pescar en las aguas turbias que se están agitando.

El contrato con el consorcio constructor termina en diciembre. Habida cuenta de las circunstancias, es poco probable que se extienda, pero la obra no está aún terminada, falta más de un año de trabajo. Encontrar quién se haga cargo de semejante obra es mucho más complejo que sacar la llanta de repuesto. La entrada en operación comercial —que a causa de la afectación de trabajadores por COVID-19, se había aplazado de diciembre de 2021 a junio de 2022— sufrirá, sin duda, un nuevo aplazamiento. Es improbable que Hidroituango esté generando antes de diciembre de 2023. Se aumentan los sobre costos constructivos, crece el lucro cesante, habrá mayores sanciones de la CREG y se pone en riesgo el abastecimiento eléctrico del país.

Soy poco optimista de lo que pueda hacerse para desviar el curso de los acontecimientos. El proceso judicial seguirá adelante y dentro de algunos meses solo llamará la atención de los abogados, el alcalde Quintero recompondrá su Junta, el gerente Rendón seguirá en su cargo, los empleados se acostumbrarán al régimen de terror silencioso y la gente se olvidará del asunto. Es posible que, como en la época de Luis Pérez, aparezca una “Veeduría Ciudadana”, que será más ineficaz que su antecesora a causa del profundo cambio de opinión que se ha producido en los últimos años.

Es ese cambio de opinión el que llevó a Quintero Calle a la alcaldía, en una coyuntura, como la contingencia de Hidroituango, propicia para vehicular el discurso antiempresarial y anticapitalista que desde hace años hace carrera en el país. Quintero consiguió hacer que muchas personas vieran el tejido empresarial de Medellín, en el que EPM tiene, por supuesto, un papel central, como una articulación de sórdidos intereses privados, encarnados en el GEA, que descaradamente espolian a “la empresa de todos”.

La gente de Medellín votó por una propuesta política que le hizo ver como trúhanes a los directivos de EPM que encararon la contingencia de Hidroituango. Trúhanes al servicio de los trúhanes del consorcio constructor, empeñados unos y otros en cubrirse sus responsabilidades para poder seguir después seguir saqueando a su amaño, como le han hecho toda la vida, la supuesta empresa de todos.

Para la mayoría de las personas es imposible imaginar las complejidades de la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la magnitud de Hidroituango. Las explicaciones técnicas fuera de su alcance intelectual les parecen meras artimañas porque han perdido la confianza en quien se las suministra. Cuando la gente ha perdido la confianza en sus dirigentes se vuelve especialmente sensible a las teorías conspirativas. Por eso, las “explicaciones” a la manera del alcalde Quintero encuentran eco inmediato en un medio en el que el discurso antiempresarial y anticapitalista ha tomado tanto vuelo.

No hay que equivocarse. La batalla actual por la autonomía de EPM se perdió en las elecciones del 27 de octubre de 2019. Algunos hablan de buscar la revocatoria del alcalde Quintero después de su primer año de mandato. Vana ilusión: la revocatoria procede cuando no se está cumpliendo el programa por el cual se fue elegido y Quintero está cumpliendo el suyo a raja tabla, pues el elemento central de dicho programa era someter a EPM al querer de la alcaldía municipal y hacer pagar a los supuestos responsables de la contingencia de Hidroituango.

Muchos dirigentes de Medellín, que, pletóricos de antiuribismo, apoyaron la candidatura de Quintero o que con sus acciones u omisiones facilitaron su victoria, creyeron que el Convenio Marco de relaciones Municipio de Medellín-EPM era suficiente para preservar la autonomía de la empresa. Dudo de que el alcalde Quintero o el gerente Rendón lo hayan leído. Y por supuesto no es necesario que lo hagan porque ya pasaron por encima de él y no tienen interés ni ninguna obligación legal de cumplirlo.

En el marco normativo existente, Ley 142 de 1994 y acuerdo 12 de 1998, el alcalde es amo y señor de EPM, gústenos o no. Como lo fueron antes de él Federico Gutiérrez, Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo, Luis Pérez y todos los demás. Con argumentos populistas, se ha rechazado discutir siquiera la corporatización de EPM y la colocación de su acción en la bolsa de New York. La variación del precio de la acción es el mejor indicador de la calidad de la gestión y el mejor controlador de los administradores. Eso lo entendieron hasta los comunistas chinos que tienen 178 de sus empresas cotizando en Wall Street.

Las nefastas ocurrencias del alcalde Quintero ponen en evidencia, una vez más, los enormes riesgos de tener las decisiones sobre un bloque patrimonial como EPM en cabeza de un individuo. La propiedad pública es una ficción jurídica. El dueño de las cosas es el que decide qué hacer con ellas. El alcalde Quintero es hoy el dueño de EPM y, sino comete un error garrafal, lo será hasta que termine su mandato.

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