La otra oportunidad de Guaidó

Juan Guaidó tiene, después del fallido intento del 30 de abril, la obligación de separarse definitivamente de factores indeseables y actuar independientemente

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A Guaidó no le sobran oportunidades (Foto: Flickr)

En junio del año pasado, un grupo de venezolanos comprometidos, entre los cuales tuve el honor de participar, introdujimos una solicitud ante el TSJ legítimo para que este Alto Tribunal procediera a la designación de un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, con el objeto del restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela. Esa solicitud obedeció a que en ese momento era absolutamente necesario, como lo sigue siendo ahora, que Venezuela contara con un liderazgo sobre el que descansara la conducción de la oposición venezolana habida cuenta de la omisión escandalosa de la Asamblea Nacional de designar un gobierno legítimo. Así como la nuestra, se sumaron otras solicitudes similares de venezolanos desde dentro y fuera del país.

Una de las razones principales por las cuales esa solicitud, ni ninguna de las otras, cristalizó en un Gobierno de Emergencia Nacional que en el exilio condujera en ese entonces la lucha opositora, fue la presión intensa que realizaran los diputados miembros de la directiva de la Asamblea Nacional para evitar esa decisión, amenazando incluso a los magistrados a los que se les ocurriera actuar de manera independiente.

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¿Que buscábamos en realidad con esa decisión del TSJ legítimo? Pues bien, que se designara un Gobierno al margen de los intereses y de la corrupción política que desde la Asamblea Nacional albergaban factores estrechamente ligados de una u otra manera con el régimen. Nuestra intención era que Venezuela pudiera contar con un gobierno de transición que fuera de verdad independiente y que volviera a poner la institucionalidad dislocada del país en el riel del Estado de Derecho. Buscámanos también que se designaran personalidades que todos los venezolanos respetáramos, de una probidad indiscutible y a toda prueba, con la suficiente experiencia de Estado como para conducir este barco que hace aguas por todos lados a un puerto seguro, para luego de una profunda reconstrucción, se pudiera volver a colocar en el océano de la política a través de un proceso electoral auténticamente libre.

¿Que terminó pasando? Que la Asamblea Nacional retrasó el proceso de toma de decisiones hasta llegar al 5 de enero de 2019, con la designación de una nueva legislatura que a duras penas, y empujada por el pueblo venezolano, terminó por designar un Presidente Encargado el 23 de ese mes. Eso que queríamos que ocurriera el primer semestre de 2018, efectivamente ocurrió pero a medias el año siguiente, con la ley del estatuto para la transición, adefesio con el que gobierna la Asamblea Nacional y todos esos políticos comprometidos con intereses bien lejanos a los del pueblo venezolano, a los que queríamos a toda costa evitar. Por supuesto al existir efectivamente un gobierno legítimo, toda la comunidad internacional se volcó a reconocerlo, como efectivamente esperábamos que así ocurriera si el TSJ legítimo lo hubiera designado.

Si bien es cierto ese gobierno de emergencia en los términos solicitados al TSJ legítimo no se concretó, confiamos en ese momento en que la conducción política del proceso llevada a cabo por Juan Guaidó como Jefe de Estado, aun cuando mediatizado por la ley del estatuto para la transición, pudiera efectivamente conducirnos a una salida ordenada del régimen al ver la presión ciudadana y el sólido respaldo dado a su investidura por la ciudadanía y por los principales polos de poder y Estados democráticos de Occidente, como fue el caso del Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.

Sin conocerse en toda su profundidad el acuerdo al que llegó el liderazgo opositor con los miembros del alto gobierno de Maduro para concretar el cese de la usurpación, ya que aún no se ha publicado el documento de 15 puntos cuya existencia se ha corroborado por declaraciones del mismo Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado, el país pudo conocer a través de un portal digital (Armando.info) los detalles de la operación del 30 de abril, que de haber sido exitosa, el TSJ de Maikel Moreno y al alto mando militar de Vladimir Padrino quedarían intactos, formalizándose una unión que ya sabíamos existía como concubinato.

De acuerdo con el reportaje La conjura de los testaferros, que describe en detalle la sucesión de eventos del 30 de abril, los reales mal habidos de Gorrín y la corrupción de los actores de este montaje tuvieron mucho que ver con el arreglo de marras con el régimen y sus actores de la oposición. Esto no hace más que reafirmar la complicidad que hemos denunciado muchas veces de ambas partes con la tiranía y explica en mucho la razón por la cual no hemos salido de ella, al cuidar ambas partes intereses que les son comunes. Si ese movimiento del 30 de abril hubiera tenido éxito, los intereses de todos quedan a salvo, manteniéndose el mismo alto mando de Padrino y TSJ de Moreno, quedando la «recuperación» de la democracia descansado en la corrupción de ambos factores. De hecho, se hubiera tratado de la Disneyland de la corrupción formalizada en cogobierno.

Esto también explicaría el porqué de la negativa persistente de los diputados al rechazar la cooperación del exterior para ponerle fin a la violación de los derechos humanos de los venezolanos. No lo quieren hacer porque una salida de raíz del régimen daría al traste también con los negocios de sus contrapartes de la oposición asociados a su sombra, poniendo en evidencia quiénes están y quiénes no están en todo lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 20 años.

Lo peor de todo esto es que muchos de los que deciden la aprobación del artículo 187 numeral 11 en la Asamblea Nacional son cómplices de esta lamentable situación. Incluso todos aquellos que debieran aceptar que estamos en un estado de emergencia que amerita la aplicación del principio de la Responsabilidad de Proteger al pueblo venezolano de las claras violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro Moros no lo hacen porque están escondiendo vinculaciones e intereses comunes con el régimen.

En este contexto, los venezolanos necesitamos que quien esté al frente de la lucha opositora sea alguien completamente desligado de toda esa basura, y al momento de una muy posible intervención humanitaria de la comunidad internacional, pueda gobernar una transición sin la macabra influencia de quienes han prevaricado con el dinero de la nación, acompañado de venezolanos de la talla que buscábamos cuando intentamos el recurso para la designación de un gobierno desde el TSJ legítimo en el exilio.

Ante la posibilidad cierta que ocurra de una intervención humanitaria del país por la legítima solicitud de los venezolanos de exigir la Responsabilidad de Proteger al mundo, el diputado presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado Juan Guaidó tiene, después del fallido intento del 30 de abril, la obligación de separarse definitivamente de los factores indeseables descritos anteriormente -así sean de su mismo partido- y actuar independientemente, para conducir una transición de una manera transparente.

Esto es algo que los venezolanos exigimos luego de ver ese espectáculo ofrecido el 30 de abril, cuando se pretendía poner al frente de la recuperación del país precisamente a quienes lo han destruido. En una nueva oportunidad, sería muy grave otro intento de una «Operación Libertad» que no traiga consigo la liberación y sometimiento de aquellos que han asesinado, torturado y violado los derechos humanos de los venezolanos, entregando las riquezas de nuestro territorio en detrimento del pueblo. Ojalá el Presidente Encargado la aproveche, porque el país así se lo está exigiendo y posiblemente no tenga otra.

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