Se ha escrito tanto en relación al tema de la unidad opositora que ya la gente dejó de creer en ella. El término “unidad” se convirtió en un lugar común, algo ajado en las manos de todo el mundo. Los partidos intentan un frente común para alcanzar a través de los medios democráticos someter algo que siempre ha sido autoritario y dictatorial. A esa “unidad” pronto se le vieron las costuras de coexistencia con el régimen. A la tiranía le era conveniente una “oposición” en funcionamiento para dar una apariencia internacional de democracia.
Esa postura derivó en una ruptura política entre aquellos que veíamos con claridad que el régimen se había concertado con una oposición complaciente que concurría a cada evento electoral y quienes nos mantenían ocupados con el chantaje del voto como la única manera de salir de esta tiranía. Por definición, una tiranía no puede salir por medios democráticos, todo lo contrario: las tiranías se afianzan con las herramientas de la democracia. Pero la oposición complaciente nos mantuvo por años en esa mentira hasta que la gente finalmente comprendió todas las trampas que nos habían hecho con el sistema electoral.
Los venezolanos aún no lo asimilan completamente, pero el hecho de que el Presidente Encargado Juan Guaidó y el resto de los políticos de la Asamblea Nacional hayan materializado los avances observados hasta ahora para desalojar al régimen de Nicolás Maduro no se debe a sus “extraordinarias habilidades políticas”, sino al hecho que los venezolanos les dimos la espalda a seguir aceptando la vía del fraude electoral propiciado por quienes siempre nos habían engañado: el régimen y su oposición complaciente. Y esa es la única verdad.
Ese solo hecho dinamitó la base de sustentación del régimen el 20 de mayo de 2018, lográndose que internacionalmente no se reconociera esa elección y a Maduro como presidente legítimo. El resto es historia: el 23 de enero de 2019, Guaidó recogió la cosecha de legitimidad perdida al asumir las funciones de Presidente de la República (aunque de una manera incompleta), de acuerdo al artículo 233 constitucional y de la mano del pueblo venezolano en las calles, algo que, por cierto, no acompañaron los partidos que siempre nos habían llevado al matadero electoral. Hay que recordar eso muy bien.
De manera que si la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó al frente, debido a una sucesión de eventos históricos, está ejerciendo el Poder Ejecutivo a través de una ley de estatuto para la transición, ha sido por obra y gracia del pueblo de Venezuela, que ha sido el que ha puesto la sangre y el sufrimiento todos estos años.
La administración de esta lucha para lograr el cese de la usurpación ha sido sumamente desafortunada e ineficaz –por no decir criminal-, no solo porque ha habido torpeza e impreparación sino porque aún están vivas las fuerzas opositoras que en el pasado deseaban la continuidad electoral del régimen, saboteando cualquier intento para su desalojo. Ellas no han desaparecido por el hecho que el país ya no crea en absoluto en el sistema electoral de Tiby Lucena y sus incontables ladrones electorales del CNE, sino porque ahora buscan otro acomodo que les permita recuperar la confianza que una vez tuvieron para poder llevarnos de nuevo a un matadero electoral con el régimen, aun sin Maduro, dándole continuidad por otras vías al socialismo del siglo XXI.
Y para muestra un botón: la sola presencia en la misión de Noruega de un agente de esa oposición que siempre nos dijo a los venezolanos que el sistema electoral del régimen era confiable, el exrector Vicente Díaz, es prueba irrefutable que la salida que se busca en Oslo es electoral, sin haber hecho la fumigación previa y necesaria al antro electoral del CNE para sanear todas las irregularidades denunciadas insistentemente desde la sociedad civil.
Pero no quisiera desviar el asunto hacia lo específicamente electoral, aunque es muy importante para este razonamiento. La Asamblea Nacional y Juan Guaidó como su máximo representante y Presidente Encargado, no pueden ignorar al resto de los venezolanos que dijimos “no” al sistema que designó a Maduro ilegalmente como el 20 de mayo de 2018. En representación de esos venezolanos, se encuentran líderes que se apartaron desde hace tiempo, unos más y otros menos, de la solución electoral del régimen y su colaboracionismo.
En representación de esa Venezuela opositora, el Presidente Encargado Juan Guaidó debería incorporar políticamente en un Consejo de Gobierno a Diego Arria y Antonio Ledezma fuera del país, y a María Corina Machado dentro del país, en posiciones para decidir una estrategia unificada y creíble internacionalmente frente al régimen de Maduro, ya que en Arria, Ledezma y Machado descansa la representación mayoritaria de esa otra Venezuela que no ha cedido ni un milímetro ante la tiranía del castrochavismo.
De la misma manera, se debe integrar en este Consejo a organizaciones de la sociedad civil e instituciones de la máxima credibilidad en la ciudadanía como iglesias y las universidades.
En las personas mencionadas descansa el liderazgo político y la representación de la Venezuela que no fue a las elecciones del 20 de mayo de 2018 y que mantuvieron en todo momento una posición radical e intransigente para la salida del régimen. Esa es la Venezuela que Guaidó debe integrar a su gobierno.
Ese Consejo de Gobierno representaría delante terceros la verdadera unificación opositora sin que quede nadie afuera. Y si verdaderamente están negociando con el régimen otra cosa diferente que los términos del cese de la usurpación, entonces que esa solución sea validada por la representación opositora de toda Venezuela, no solo de la parte que representa a la MUD-Frente Amplio de la Asamblea Nacional, o peor aún, la de VP y UNT. De ser así, no tendría ningún valor para los venezolanos. Si fueron a negociar un proceso electoral sin cambiar absolutamente las condiciones, solo negociando rectores del CNE como barajitas de intercambio, lo que lograrán es que nadie vaya a votar otro proceso fraudulento, alargando el sufrimiento de los venezolanos y exponenciando la violencia, el hambre y la muerte.
Hace unos años, previo al desastre ocurrido con las elecciones de Chávez-Capriles del año 2012, publiqué una nota titulada “Unidad técnica”. En ella hacía una propuesta similar, ya no entre políticos de la oposición sino entre aquellos que siendo iguales eran a su vez muy diferentes. Parecía un juego de palabras pero no lo era. Proponía unidad entre los técnicos electorales opositores para darle un frente técnico común con implicaciones políticas a quienes políticamente conducían la oposición frente al régimen. Mi ingenuidad en aquellos días descansaba en creer que existía la verdadera voluntad política de terminar con la tragedia que ya era en el 2012 el desgobierno de Hugo Chávez, y como no la había, desestimaron la propuesta.
Ahora la voluntad política es un prerrequisito y esta vez la propuesta no es técnica, sino política. Va dirigida a quienes conducen la transición, para que tengan la grandeza de incluir sin sectarismos la representación del resto de la Venezuela opositora en el proceso para cesar la usurpación, porque si no lo hacen el resultado será más traumático y muy posiblemente no lo logren solos.
En este sentido, suscribo totalmente a las palabras de Carlos Sánchez Berzaín en una la reciente presentación en el Interamerican Institute for Democracy. “En la realidad venezolana, en la realidad cubana, en la realidad boliviana, y en la realidad de Nicaragua y de los países que están oprimidos por estas dictaduras delincuencia organizada transnacional, hay dos etapas para liberarse. La primera etapa es una etapa de unidad contra el usurpador. Una etapa de unidad social, de unidad política contra el detentador ilegal del poder, contra la dictadura de delincuencia organizada. Ese es un concepto de misión nacional porque en eso se va la sobrevivencia de Venezuela y los venezolanos en el caso de Venezuela, de Bolivia y los bolivianos, en el caso de Bolivia, de Cuba y los cubanos en el caso de Cuba, y lo mismo Nicaragua. Esa unidad no es una unidad ideológica. No es una unidad partidista. No es una cuestión que tenga que ver con las concepciones que tiene la gente o los muy respetables partidos políticos que resisten a la dictadura. Es nada más el objetivo de terminar con la usurpación. Para dar lugar a una segunda etapa que es la restauración de la democracia, en la que sí podrán volver a tener vigencia ideologías, posiciones políticas, reponiendo los elementos esenciales de la democracia. Y quiero volver sobre esa primera etapa, porque estamos en esa primera etapa en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y estamos fallando por sectarismo. ¡Estamos fallando porque no hay posibilidad de que exista unidad en contra del usurpador! ¡Porque hay quintacolumnistas, porque hay división, porque hay aspiraciones a un poder que no se tiene que lo detenta el usurpador pero que no se lo quiere lograr porque simplemente rige y está vigente el sectarismo! Y al que le caiga el guante que lo asuma y que se avergüence para tratar de hacer un proyecto de unidad que termine prontamente con la usurpación en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Cuba”, explica Sáncez Berzaín.
Aunque en Venezuela es difícil que lo asuman, al menos es deseable que sí se vean señalados por sectarios. Lo que hemos visto hasta ahora del gobierno de Guaidó son actos sectarios que excluyen a factores opositores que bien podrían acelerar la caída del régimen. El Presidente Encargado y los factores políticos de la Asamblea Nacional no representan a toda la Venezuela opositora y no tienen la legitimidad de negociar por todos nosotros. Sí tienen, no obstante, el poder para abrirse sin sectarismos, como lo señala Sánchez Berzaín, para construir entre todos un proyecto de unidad opositora que administre las estrategias nacionales e internacionales para el cese de la usurpación. No deberían existir problemas si coincidimos en lo fundamental: terminar inmediatamente con el régimen para recuperar la democracia y la libertad.