Cuando se pierde el camino, hay que volver a los principios. Esa máxima me ha funcionado muchas veces cuando me he extraviado en el medio de esta lucha con el régimen y en la que nos hemos descubierto dándole golpes a la pared equivocada, dedicándole tiempo, esfuerzos y recursos absolutamente escasos a cosas que no van dirigidas a atacar la esencia misma del problema, y que nos alejan del camino hacia el verdadero objetivo.
Y es el caso que la pregunta fundamental que debemos hacernos -de nuevo- no es si vamos contra las consecuencias del desastre que han provocado (hiperinflación, hambruna, escasez de todo tipo, violencia y aumento de la criminalidad) sino contra quienes lo han provocado, ya que al eliminar las causas se suprimen de inmediato las consecuencias. Cualquier cosa que haga el Presidente Encargado Juan Guaidó y su equipo debería estar en la línea de eliminar el origen del mal, pero lamentablemente notamos que no es así.
Si el régimen de Maduro es “una empresa criminal conjunta conformada por 183 personas, 205 corporaciones y 26 países”, entonces quienes estamos luchando por eliminar ese mal de Venezuela debemos tener muy en claro qué es lo que se debe hacer con ello y buscar la ayuda necesaria en ese sentido. Con la delincuencia no se puede negociar: se debe eliminar de raíz, detectando y suprimiendo las fuentes que le dan vida. Eso define una línea de conducta basada en un principio fundamental. De allí la famosa frase “con el terrorismo no se negocia”. Y es por eso que hay que regresar a esos principios.
Pero pareciera que todavía esto no lo tienen claro quienes conducen las acciones opositoras, comenzando por Presidente Encargado. Al menos, eso es lo que se evidencia con el retorcido asunto de la reunión de la oposición oficial en Noruega. Todos, sin excepción, nos dedicamos a analizar un “diálogo” a sabiendas que no nos llevaría a absolutamente ningún lado porque ese paso demuestra que no se está al tanto de la naturaleza del mal. Entonces, ¿por qué razón desgastarnos? ¿Por qué poner a Venezuela en esa dirección?
Descubierta ya la estrategia de la oposición oficial en relación a cómo llegar al “cese de la usurpación” (no de ahora, después de la tercera torta en Noruega, sino desde el 23 de febrero) que implica negociar de alguna manera con Maduro y sus delincuentes, lo que nos debe mover a los venezolanos que creemos que no es posible una transición con delincuentes, su régimen o ambos, es influir hacia lo que creemos que correspondería la solución de Venezuela, y que parecieran ser los únicos cursos de acción posibles a partir de ahora.
Por un lado, es imperioso presionar para lograr que la dirigencia política opositora comprenda de una vez que no se puede perder más tiempo esperando el famoso “quiebre de las Fuerzas Armadas” (que son la guardia pretoriana de un cartel de delincuentes internacional) y decidan así solicitar ayuda externa; que la Asamblea Nacional autorice lo establecido en el artículo 187, numeral 11 de la Constitución exigiendo la Responsabilidad para Proteger a la comunidad internacional.
Si la presión descrita es infructuosa (ya sea porque el régimen o sus colaboradores impiden por todos los medios una toma de decisiones racional basada en principios), entonces el problema se centra en buscar que los tomadores de decisiones, incluido el Presidente Encargado, se sincronice con lo que la ciudadanía está exigiendo. En este sentido, la directiva de la Asamblea Nacional no puede seguir secuestrando de manera sectaria el poder que el pueblo le entregó a ese cuerpo en su conjunto a través de su presidente, Juan Guaidó Márquez, fundamentado en el artículo 233 constitucional. El estatuto de la transición no puede ser una suerte de corsé donde estemos metidos todos los venezolanos.
Por otro lado, no es una solución insultar o denigrar a Juan Guaidó y su equipo, por más razones -válidas o no- que se puedan tener, a raíz los intentos fallidos realizados desde el 23 de enero. Debemos usar esa energía para destrancar el camino hacia una solución del problema. En lo personal, exijo que Guaidó actúe basado en los principios que hicieron que fuera investido por el pueblo venezolano el 23 de enero y cuyo nombramiento -un gobierno de emergencia nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio- solicito hace más de un año.
Los ciudadanos diputados de la Asamblea Nacional, electos el 6 de diciembre de 2015, reconocidos en su conjunto por la comunidad internacional como la única institución legítima del país, son responsables, por acción u omisión, de todo lo que Juan Guaidó y su grupo están haciendo. La Asamblea Nacional asumió, a través del estatuto de la transición, las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, y aunque muchos culpen a Juan Guaidó de todos los errores cometidos, es la Asamblea Nacional en su conjunto la llamada a corregirlos.
Allí es en donde deseo poner el énfasis. Pareciera que una vez que se invistió de poder Juan Guaidó como Presidente Encargado, la Asamblea Nacional como institución se desentendió del problema dejándole solamente a él la responsabilidad. Pues no es así. Ellos son todos corresponsables ante los venezolanos, ya que las decisiones que están tomando como Poder Ejecutivo son compartidas proporcionalmente entre todos ellos. En este caso, son asimismo corresponsables en esa misma proporción de las consecuencias. De allí que cada insulto que reciba Guaidó debe, en justicia, repartirse proporcionalmente entre todos los diputados de esa Asamblea.
Ahora bien, alguien me dirá “fue la Directiva la que asumió el Poder”. Mal asunto para el resto de los diputados y los venezolanos en su conjunto, ya que si la Asamblea asumió las responsabilidades como cuerpo colegiado, debería también compartir las decisiones entre todos sus integrantes, no solo la Directiva. Esto debería entonces abrir la posibilidad de un gobierno compartido entre todas las fracciones, porque lo que hasta el momento hemos visto es un gobierno del cogollo de la Directiva de la Asamblea Nacional tomando las peores decisiones para lograr el “cese de la usurpación”, incluso con voz y voto de dirigentes políticos que no forman parte de la Asamblea Nacional.
De igual manera, los venezolanos debemos exigir a los ciudadanos diputados la participación de la sociedad civil en la toma de esas decisiones que nos conciernen a todos para el desalojo de Maduro, ya que así está previsto en el estatuto de la transición que los diputados aprobaron por unanimidad (artículo 16, numeral 6). Fundamentado en todo lo anterior fue que propuse se constituyera un Consejo de Gobierno donde verdaderamente estén representados todos los dolientes de Venezuela para lograr unidos el “cese de la usurpación”. Esto es una cuestión de principios. Maduro quiere adelantar elecciones parlamentarias porque sabe que es la Asamblea Nacional la que puede poner fin a sus crímenes. Entonces ¿qué estamos esperando?