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Desde hace años la oposición venezolana aprendió a convivir cómodamente con el régimen narcoterrorista comandado desde Cuba.
Las habilidades maquiavélicas del diabólico Fidel Castro le permitieron domesticar a una oposición servil, siempre abierta a negociar y ceder derechos irrenunciables de sus representados a cambio de su parte del botín petrolero: alcaldías, gobernaciones, escaños parlamentarios.
Desde la llegada de Chávez al poder y la instauración de su ilusión democrática, en la Habana sólo han temblado tres veces: 2002 cuando Chávez renunció, 2014 con La Salida, y en este 2017 con el rebelde resurgir del espíritu independentista venezolano.
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Aparte de estas tres ocasiones, la narcotiranía imperialista ha mantenido la calma en todos y cada uno de los numerosos procesos electorales y ciclos de protestas que ha vivido Venezuela en estas trágicas décadas de ocupación cubana.
Su calma proviene del profundo conocimiento del juego político, sus reglas, como maniobrar en él –nacional e internacionalmente. Desde Cuba siempre han tenido claro que lo que piensen los electores es infinitamente menos relevante que la importancia de controlar las elecciones. En definitiva, para estos terroristas comunistas –valga la redundancia– las elecciones siempre han sido única y exclusivamente un mecanismo para obtener el poder, nunca un mecanismo para abandonarlo. Controlando los mecanismos electorales y los participantes –Arias Cárdenas, Manuel Rosales e incluso a Capriles por mencionar algunos ejemplos emblemáticos– el gobierno siempre ha tenido un resultado favorable asegurado.
La clave está en mantener la ilusión de que por elecciones sí se puede derrotar al régimen
De esta manera se puede canalizar toda la frustración de la gente en un frenesí electorero. Una fantasía optimista del futuro que puede ser– si tan sólo se logra una “mayoría abrumadora”.
Por esto ha sido fundamental permitir algunas “victorias” simbólicas a la oposición.
Aparte de migajas inofensivas de escaños, alcaldías y alguna que otra gobernación, el narcogobierno sabiamente ha entregado dos elecciones importantes a la oposición para legitimar su ficción electoral: el Referendum Consitucional de 2007 y la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
La historia ha demostrado lo inútiles que fueron estas elecciones para recuperar la libertad; pero su utilidad para perpetuar al Cartel de la Habana en Miraflores ha sido total.
En las dos ocasiones la ciudadanía había perdido la fe en la dirigencia opositora y en la viabilidad electoral. ¡Y con razón! Después del abandono-traición de Manuel Rosales en 2006 y de Capriles en 2012 y 2013, ¿quién iba a creer que por las elecciones se podía salir de esta tiranía?
La Habana necesitaba urgentemente legitimar su sistema colonial en Venezuela e internacionalmente. La astucia maquiavélica del emperador cubano le permitió ver que una derrota electoral era una victoria política. Y así fue, en ambas ocasiones la imagen del sistema –más allá del régimen satélite– quedó legitimada de la noche a la mañana, nacional e internacionalmente.
¿Para qué ha servido la Asamblea Nacional?
Dos años después, la situación en Venezuela ha llegado al punto en que en la Habana tiemblan de nuevo.
Venezuela está al borde de una insurrección total y una guerra civil (más bien independentista) sangrienta, caótica y prolongada –donde no hay un resultado asegurado. El furor de la gente es tal que lo único que mantiene a los ocupantes en Miraflores es esta misma Asamblea Nacional que se niega a actuar con firmeza y a desconocer a un régimen foráneo ilegítimo.
Las convocatorias de la Asamblea Nacional sirven como mecanismo de ventilación de frustraciones sin presentar una salida viable de la servidumbre a la que ha sido condenado el pueblo venezolano. No sólo es incompetente, sino también criminal que estos dirigentes sigan enviando a jóvenes valientes y heroicos a martirizarse sin antes definir un rumbo que permita la expulsión definitiva de los narcoterroristas colonizadores que usurpan el poder en Venezuela.
La Asamblea Nacional tiene el deber moral, legal, ético y político de desconocer al régimen en su totalidad y anunciar una agenda real para su expulsión definitiva; empezando por el nombramiento de autoridades legítimas como el TSJ, CNE, Fiscalía y también poder ejecutivo –tal como plantea en preciso detalle Juan Carlos Sosa Azpúrua.
De lo contrario, todos y cada uno debe renunciar a su cargo y permitir que surjan liderazgos dispuestos a tomar las acciones decisivas que el momento histórico amerita.
En definitiva, el futuro de Venezuela está en las manos de estos diputados. Sólo ellos pueden abrir la puerta a la expulsión relativamente ordenada del Cartel de la Habana de tierras venezolanas. Si la AN decide mantener su discurso legalista y cobarde como excusa para no actuar, a Venezuela lo único que le queda en el panorama son 60 años más de colonización cubana y opresión narcoterrorista acompañada por muerte, persecución y hambre–o un largo y trágico conflicto armado que finalmente nos lleve a la libertad.
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