EnglishPortuguêsLos Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma Rousseff ampliaron los beneficios para las poblaciones de bajos ingresos creados por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, lo cual les consiguió una gran popularidad para ambos. Gobernaron durante períodos en que la economía mundial crecía y no supieron aprovechar el viento de cola.
En lugar de invertir en la infraestructura necesaria para el desarrollo económico del país, optaron por el populismo y expandieron el programa Bolsa Família a diversas áreas, conquistando una base de apoyo entre la población más necesitada, pero errando en la política macroeconómica al apostar exclusivamente en el consumo. Este consumo interno desató la inflación, la que se unió a crecimientos ínfimos del PIB e impactó a todos, incluyendo a los más pobres quienes apenas pueden mantener su nivel de consumo, sin contar aquellos que perdieron sus empleos debido a la crisis económica que el país está viviendo, especialmente en 2015.
La población brasileña está anonadada con el mayor escándalo de la República, el petrolão, cuyas denuncias incluyen coimas, sobrefacturación de obras, y compra de activos sobrevalorados en el exterior, con el objetivo de desviar dinero público hacia las campañas electorales del PT, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Partido Progresista (PP), que integran la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno.
El juez Sérgio Moro de la Justicia Federal, junto con el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil, a través de la operación Lava Jato, destapó la red de operadores políticos y financieros que facilitaron el enorme y complejo esquema de desvío de dinero en la Petrobras. Durante las investigaciones consiguieron aprehender a los principales ejecutivos de las empresas contratistas que formaban parte del cártel ilícito, que en los últimos días fueron liberados por el Supremo Tribunal Federal (STF) y ahora están bajo prisión domiciliaria.
Los brasileños están indignados por la falta de seriedad en la administración del dinero público.
Hasta ahora las consecuencias de la corrupción han resultado en una pérdida de R$6.200 millones (US$2.100 millones) y la caída en desgracia de la ex mayor empresa brasileña, que llegó a conformar el top 10 del ranking de Forbes y ahora se ubica en un lejano puesto 416.
Los brasileños están indignados por la falta de seriedad en la administración del dinero público. Brasil tiene una carga tributaria elevadísima sin ninguna contrapartida eficiente en términos de salud, transporte, educación, seguridad o infraestructura. El pueblo brasileño demostró dicha insatisfacción organizando las mayores marchas en la historia de la república al reunir alrededor de 2 millones de personas en todo el país el 15 de marzo, exigiendo el juicio político de la presidenta Rousseff a tan solo 75 días de su asunción para el segundo mandato.
El Gobierno, sorprendido por la cantidad de manifestantes, convocó a una conferencia de prensa para que dos ministros intentaran desacreditar las marchas con el argumento de que estas ocurrieron solamente en estados donde el Gobierno perdió las elecciones presidenciales —Rousseff ganó por una mínima ventaja y dividió al país. Inmediatamente, los brasileños comenzaron un cacerolazo en las ventanas de sus casas y departamentos en todo el país, demostrando por segunda vez en el día su enorme indignación con el Gobierno de Rousseff y con el PT.
El 12 de abril de 2015 la segunda ronda de manifestaciones populares apartidarias reunió a menos personas, pero aún así congregó a 700.000 manifestantes en todo el territorio.
Los brasileños están cansados porque los escándalos de corrupción se multiplican. Empezaron con el Mensalão, en palabras del juez del STF Celso de Mello, “un proyecto criminal de poder”. En 2005 el partido de Gobierno se encontró en el ojo de dicha tormenta y terminó con los principales líderes del PT enjuiciados y condenados. El país entero acompañó el caso y percibió cómo surgieron las diferencias y las dificultades, desde los propios jueces, para que el caso llegara a buen término.
En gran parte el pueblo brasileño se dio cuenta cómo todas las instituciones democráticas se alinearon, infiltrando personas en la prensa, internet, justicia y todos los medios con poder de influir en la población, para crear una única y generosa imagen del PT y sus conquistas. Eso funcionó hasta 2014. Ya no. El resultado en la práctica es el de siempre: cuando un Gobierno es débil, el costo de la composición política aumenta.
El resultado en la práctica es el de siempre: cuando un Gobierno es débil, el costo de la composición política aumenta.
El 1 de mayo en Brasil los presidentes acostumbran realizar pronunciamientos. Rousseff, tal vez temiendo otro cacerolazo, no se dirigió a la nación. El presidente del Senado federal, Renan Calheiros del otrora incondicional oficialista PMDB, declaró que el silencio de la presidente en esa ocasión fue ridículo y que ella no tenía nada que decir a los trabajadores brasileños.
Cuando el 5 de mayo el partido oficialista hizo un pronunciamiento en cadena de radio y televisión, efectivamente se dio un nuevo cacerolazo mientras hablaba el expresidente Lula. El 6 de mayo, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó un paquete de medidas que reducen los beneficios laborales como el seguro de desempleo, bono salarial y ayuda por enfermedad, traicionando sus compromisos de campaña y a los propios trabajadores.
El artículo 1 de la Constitución federal de 1988 dice que el poder emana del pueblo y que en su nombre este será ejercido. Los brasileños quieren justicia y el fin de la impunidad.