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EnglishAmérica Latina se enfrenta a una paradoja. A pesar de que los países de la región han logrado disminuir de manera importante tanto la pobreza como el desempleo, y sus economías muestran un crecimiento anual promedio superior al 4%, los altos niveles de inseguridad que presentan impiden el desarrollo humano de sus pueblos. El flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad, según se sostiene en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, denominado “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” y publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio presenta una visión regional de la seguridad ciudadana para los 18 países de América Latina continental, desde México hasta Argentina, además de República Dominicana. Analiza las deficiencias en la aplicación de políticas de seguridad y presenta alternativas para superarlas. Y hace un llamado a los gobiernos de la región para que pasen de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas.
“Con este nuevo informe, estamos listos para convertir las propuestas en acciones y a ampliar nuestras relaciones con los países de América Latina y el Caribe para mejorar la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, puntualiza Helen Clark, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora del PNUD.
En la última década, la región ha sufrido una epidemia de violencia, con más de 100 mil homicidios registrados por año. A esto se suma el crecimiento y la difusión de los delitos, así como el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre los años 2000 y 2010, la tasa de homicidios en América Latina creció un 12%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. Durante este período, más de 1 millón de personas murieron en América Latina y el Caribe a causa de la violencia criminal.
Honduras no solo es el país con mayor tasa de homicidios de la región, sino del mundo (86,5 cada 100 mil habitantes); sin embargo, los niveles de percepción están en la media regional: 8 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios. Chile es el país con menores tasas de homicidio en la región. Colombia redujo su tasa de homicidios casi en un 50% en una década. Mientras, Guatemala y El Salvador registran caídas sustanciales en los últimos años y Costa Rica –con una baja tasa de homicidios– logró una disminución cercana al 15%, entre 2011 y 2012.
Para los latinoamericanos, el delito común es considerado, en la mayoría de los países del estudio, como la amenaza principal, incluso por encima de la delincuencia organizada y de las pandillas criminales. El porcentaje de la población total que fue víctima de robo, tanto con violencia como sin ella, varía del 10,82% en Chile hasta el 25,19% en Ecuador. Llama la atención que en los 18 países, las encuestas realizadas para el estudio muestren una mayor victimización por robo que la cifra reportada a las autoridades. Esta disparidad entre las cifras puede explicarse, principalmente, por los obstáculos existentes para realizar las denuncias y la desconfianza ciudadana en los órganos de administración de Justicia.
Esta crisis de confianza que atraviesan tanto los cuerpos de Policía como los sistemas de Justicia ha contribuido indirectamente a la promoción de mecanismos ilegales, como la “justicia por mano propia”. También contribuye a un incremento en la contratación de guardias privados (en la región, hay 3.811.302 vigilantes privados, contra los 2.616.753 agentes de policía) lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad.
El informe revela que el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región. La superpoblación y el abuso de la prisión preventiva son los síntomas más claros. Las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los abusos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.
De acuerdo al estudio, las tasas de homicidio no están linealmente correlacionadas ni con el nivel de pobreza ni con la desigualdad. La explicación del aumento de la violencia y del delito es multidimensional. El informe indaga cuatro dimensiones: (a) la económico-estructural, que señala la falta de calidad del crecimiento y del empleo, que ha generado lo que el informe denomina un “delito aspiracional”; (b) la social, en la que destacan los cambios en la estructura familiar —con un importante incremento de hogares monoparentales—, la deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado que erosionan el tejido social; (c) los facilitadores del delito, como las armas, el alcohol y las drogas, y (d) la falta de capacidades del Estado para hacer frente al desafío de la inseguridad.
Heraldo Muñoz, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, sugiere un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre las fuerzas políticas y sociales de cada país, con el propósito de alinear esfuerzos. Así como la creación de un Foro Regional de Seguridad Ciudadana de América Latina y el Caribe, con el fin de identificar retos comunes, compartir experiencias exitosas e identificar mecanismos de cooperación. “No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio”, afirma.
