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Brazaletes electrónicos: alternativa para reducir gasto fiscal y sobrepoblación presidiaria

Por: Mamela Fiallo - Jul 21, 2017, 7:14 pm
Los brazaletes electrónicos ofrecen una alternativa para reducir el gasto fiscal, reducir la sobrepoblación en las cárceles.
Los brazaletes electrónicos ofrecen una alternativa para reducir el gasto fiscal, reducir la sobrepoblación en las cárceles. (Twitter)

Actualmente en Brasil alrededor de 32.000 convictos y sospechosos portan brazaletes electrónicos en los tobillos y esa misma cantidad de personas a la espera. Esta alternativa permite que reducir el gasto fiscal, ya que ahorra costos de infraestructura y libera espacio en las cárceles, logrando que los presos no violentos no estén en las mismas instalaciones que quienes sí lo son.

Parte del auge de esta metodología es el caso Lava Jato, donde múltiples funcionarios públicos se vieron inmiscuidos en casos de corrupción, hasta la ahora expresidente Dilma. Aunque ella no lo usa, “solo” le costó su cargo como mandataria de la nación. Quien sí porta el brazalete desde mayo, cuando fue enviado de vuelta a su casa para cumplir ahí el resto de su condena por corrupción fue uno de los principales delegados del partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores, José Dirceu, que fue interrogado cuando se investigaba el vínculo del expresidente peruano Alan García con el caso Lava Jato.

Vigilar a los criminales más allá de la prisión no es nada nuevo. Llevan más de 25 años en uso. Permiten que delincuentes menores no estén en la cárcel con presos por crímenes violentos y así abordar de manera más eficiente la rehabilitación social de los reclusos. Desde sus inicios, la tecnología de rastreo ha mejorado sustancialmente, partiendo del hecho que inició por radio y ahora se maneja vía satélite. También ha innovado las alternativas de castigo de acuerdo a la pena.

En América Latina resuelven un problema adicional, la sobre-población en las cárceles. En múltiples casos el hacinamiento ha convertido a las celdas en bombas de tiempo, aglutinando a personas de comportamiento violento con otras que no y así aumentando el riesgo de ambos. Así que esta modalidad se ha extendido. El Salvador, Panamá y Guatemala también han introducido el seguimiento electrónico de los infractores para desactivar sus prisiones explosivas. En ninguna parte es más evidente la crisis de hacinamiento que en Brasil: con alrededor  de 622.000 reclusos, alberga a la mayor población carcelaria de América Latina y la cuarta más grande del mundo, con celdas que tienen la capacidad para albergar a una persona albergando a tres, cuatro y hasta cinco.

Mientras que los políticos se angustian por cómo pacificar las cárceles y reintegrar a los infractores en la sociedad, empresas emprendedoras de seguridad están minando un nuevo nicho que ha atraído a inversionistas de Brasil y del extranjero. Por ejemplo, Spacecom, una empresa brasileña especializada en vigilancia electrónica, aumentó las ventas de tobilleras en un 300 % para los prisioneros en Brasil, de acuerdo al director ejecutivo Marcelo Almeida cuando fue consultado por la plataforma Bloomberg. Almeida estimó que otros 30.000 prisioneros podrían pasar a monitoreo electrónico este año, de un total potencial de 120.000 reclusos elegibles en todo el país. Las autoridades calculan que pueden ahorrar desdeUSD $12.000 (en Costa Rica) hasta USD $72.000 al año (St. Maarten) por cada recluso que sale de prisión y pasa a usar un brazalete.

A pesar de que el impacto a largo plazo de esta tecnología aún se está revisando, los responsables políticos están convencidos de que la vigilancia electrónica puede reducir temporalmente la delincuencia y reducir drásticamente el costo de las cárceles en la sociedad. Como ocurre a menudo en América Latina, sin embargo, la tecnología está muy por delante de los burócratas.

El impacto a largo plazo todavía está bajo estudio. Por el momento, resuelve en parte el costo que representan las cárceles para la sociedad. No obstante, al ser una decisión que sucede a nivel burocrático, sucede que impedimentos administrativos pueden entorpecer el proceso de acceso, como sucedió en Colombia, donde una disputa contractual impidió el suministro de pulseras de monitoreo. Se tornó un caso delicado, ya que por época de Navidad muchos reclusos iban a poder estar junto a sus familias, entre ellos funcionarios públicos y la situación administrativo impidió el cumplimiento de la oferta. De acuerdo al medio colombiano RCN, “Según el Inpec, en las cárceles La Picota, La Modelo y El Buen Pastor hay más de 5.000 personas que no pueden salir este diciembre por la falta de brazaletes electrónicos”.

 

En Costa Rica, en cambio, sucedió que desde el Estado favoreció a una industria estatal, frente a una iniciativa privada. Provocaron una reacción pública, ya que la empresa estatal contaba con poca experiencia con artefactos digitales y amplia irregularidad. Es decir, generaron un monopolio artificial, siendo el Estado quien otorga la concesión, se favoreció a sí mismo.

En el caso de Brasil, en medio de los escándalos de corrupción, la transición del Gobierno conllevó un recorte presupuestario considerable que incluye las cárceles. Ante lo cual los brazaletes electrónicos ofrecen una solución inmediata, pues permiten menos inversión en infraestructura y manutención (comida, vestimenta, energía eléctrica, agua y servicios básicos en general) de los presos, también del gasto del personal administrativo dentro de las prisiones. No obstante el problema fiscal deficitario ha logrado que incluso esta posible solución también carezca de presupuesto. Por el momento cinco estados de Brasil llevan un retraso en el pago de brazaletes desde marzo.

En resumen, los brazaletes electrónicos plantean una alternativa para recortar el gasto estatal. No obstante, no puede resolver las falencias del fisco cuando no tiene solvencia suficiente para financiarlos. Si el Estado es tanto el productor como el comprador, como en el caso de Costa Rica, implica doble gasto. Paralelamente, este producto ofrece mejores condiciones para quienes no han cometido crímenes violentos y mejores condiciones dentro de la prisión para quienes sí, sobre todo para quienes actualmente padecen situaciones de hacinamiento. Queda en los Estados y los ciudadanos que financian  —por medio de impuestos— el Estado la decisión respecto a cómo posibilitar que el gasto fiscal brinde mejores condiciones a quienes están privados de su libertad de manera que se puede solventar, por ejemplo, a través de la iniciativa privada que permite que los costos  —al menos de producción— no corran por cuenta de los contribuyentes.

 

Mamela Fiallo Mamela Fiallo

Mamela Fiallo Flor traduce al inglés en el PanAm Post. Es profesora universitaria, traductora, intérprete y cofundadora del Partido Libertario Cubano - José Martí e integrante del Área de Estudios Políticos de la Fundación LIBRE.