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Este jueves 10 de agosto se oficializa la primera semana desde que el Senado de EE. UU. aprobó por unanimidad un proyecto de ley que —una vez aprobada— permitiría el uso de drogas experimentales para el tratamiento de pacientes con enfermedades que ponen en riesgo su vida. Esto constituye una victoria para los libertarios que ven a la regulación gubernamental como un impedimento frente a los derechos de los pacientes, pues limita el derecho fundamental a la vida.
A pesar de la división actual que hay en el Senado respecto a la salud, el proyecto de ley, S. 204 (115), pasó rápida y fácilmente. La mayor objeción contra el proyecto de ley surge del argumento “es que promueve la falsa esperanza”. El mayor detractor de la medida, el poderoso lobby farmacéutico, que se opuso silenciosamente a una versión anterior, mantuvo un perfil inusualmente bajo esta vez.
De los gigantes farmacéuticos, el único que se pronunció en contra en esta ocasión fue Merck. Su competidor, PhRMA, emitió una declaración, pero se negó a decir si apoyó el proyecto de ley. Dijeron: “Apreciamos la oportunidad de trabajar con el senador Johnson y esperamos seguir trabajando con su oficina”. “La legislación revisada de Right to Try (Derecho a probar) que aprobó el Senado incluye importantes protecciones para la seguridad de los pacientes y el proceso de los ensayos clínicos”. No obstante, manifestaron su preocupación respecto a la evasión de los procesos de ensayo exigidos por la FDA, así como su autorización. Se trata de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas en inglés como FDA.
Le medida consiste en permitir a los pacientes con enfermedades graves —desde un cáncer de etapa avanzada hasta la esclerosis múltiple— solicitar acceso a medicamentos experimentales directamente de las compañías farmacéuticas sin tener que pasar por la aprobación de la FDA. Justamente eludir la burocracia que conlleva la intromisión estatal en el proceso de acceso a tratamientos es parte de la victoria que resalta el título. Pues, a través del proyecto de ley de derecho a tratar, no se requiere esperar que los farmacéuticos hagan los tratamientos experimentales disponibles. Ya que. cuando se trata de una condición de vida o muerte, cada minuto vale y el tiempo que demora un trámite burocrático, podría —literalmente— costarle la vida de un ser querido.
Por ello, el mayor defensor del proyecto en el Senado, senador Ron Johnson (R-Wis.), declaró la aprobación del proyecto de ley como una victoria por la libertad individual sobre el Gobierno, como “el derecho a la esperanza”. Porque, si bien no garantiza el funcionamiento y consigo la mejoría o incluso la supervivencia de los pacientes, mantiene a flote la esperanza de que puede funcionar, que se hizo todo lo posible, incluso lo poco viable. También desde las filas republicanas, se sumó a la defensa de la iniciativa, nada menos que el vicepresidente de la nación, Mike Pence, quien desde su cuenta Twitter dijo que da a los pacientes “esperanza y una oportunidad”. Desde las filas libertarias, la figura más prominente que defendió y felicitó el proyecto fue Goldwater Institute, que se centra en fortalecer las libertades civiles a nivel estatal para que puedan expandirse a nivel nacional.
En ese sentido, la propuesta de ley encontró aliados en toda la esfera política, dado el impacto federal y nacional. El presidente del Senado, Lamar Alexander (republicano) y la senadora demócrata Patty Murray —el mismo dúo que está a punto de embarcarse en las audiencias bipartidistas de “estabilización” de Obamacare— desempeñó un papel ayudando a Johnson a llegar a un acuerdo. En un reportaje de la plataforma digital Politico Alexander dijo que después de la votación Johnson “trató de ponerlo en marcha por todos los invulcrados”, incluyendo la industria farmacéutica, los abogados y los pacientes. “Estoy muy feliz por él y los pacientes de todo el país que se beneficiarán de ella”.
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Así mismo, el senador Joe Donnelly, uno de los pocos demócratas que estuvo a favor desde el principio, dijo que dentro de los miembros más liberales del partido “todos querían aumentar su respaldo” ahora que el proyecto de ley fue revisado. Aunque la retórica y las propuestas libertarias no siempre son amigables para demócratas y republicanos, en esta ocasión se pudo encontrar un punto medio y a su vez lograr que concuerden quienes comúnmente no logran acuerdos. Esta vez se logró a través del mensaje que el Instituto Goldwater llevó a través de los estados y a Washington:
“No hay libertad más fundamental que el derecho a salvar su propia vida. El “Derecho a Probar” garantiza la libertad que los pacientes junto con sus médicos, controlen los tratamientos que reciben cuando enfrentan un diagnóstico terminal “, dijo el presidente y director ejecutivo de Goldwater, Victor Riches, en un comunicado cuando se aprobó el proyecto de ley.
Ahora queda la siguiente etapa. Luego del receso de verano, debe pasar el proyecto de ley por la Cámara. Si es así, dejaría un precedente a favor de los derechos individuales, contra la intromisión del Estado. Que el derecho inalienable a la vida se extienda a hacer todo lo posible para que se conserva, no pidiendo permiso, no esperando la aprobación de una entidad avalada por el Gobierno, sino confiando en los avances de la ciencia, la experimentación y la esperanza de que lo imposible pueda ser posible.
