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Para muchos, las redes sociales son parte de la vida diaria. Esta exposición se vuelve una base de datos de nuestra información que es y puede ser aprovechada para propaganda de todo tipo, desde comercial hasta política. En EE.UU. y el Reino Unido ya fue demostrado que Rusia financió múltiples campañas mediáticas en tiempos electorales. De la misma manera, se han cometido atrocidades -como ataques masivos- hacia etnias específicas; arengadas desde redes sociales en países asiáticos como Myanmar. Esto ha provocado que varias legislaciones busquen regular las redes sociales, tanto para proteger la información personal de los usuarios, como para evitar la influencia extranjera sobre procesos electorales locales.
En mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que exige más transparencia sobre los donantes de campañas y controles sobre el acceso de las compañías informáticas sobre la información de sus usuarios. Estas normativas no se limitan al territorio europeo, ya que un ciudadano europeo podría enjuiciar a Facebook y otros titanes del Internet, esté donde esté, pues la legislación le ampara, provocando que las compañías detrás de las redes reformulen sus sistemas para evitar posibles juicios múltiples.
Twitter, por ejemplo, declaró recientemente que todos sus anuncios podrán ser rastreados. Se podrá saber quién los financió y de qué manera se dirigen a los usuarios.
Asimismo, a mediados de 2018, para las elecciones de mitad de término, está previsto que Facebook cuente con las herramientas necesarias para aumentar la transparencia de los avisos políticos.
Incluso el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, prometió contratar 1,000 empleados adicionales enfocados en revisar publicidades políticas compradas en Facebook. Mientras tanto, Sheryl Sandberg, Oficial Principal de Operaciones de Facebook, viajó recién a Washington, DC, para limpiar la imagen de la empresa.
En 2006 la Comisión Federal de Elecciones eximió a Facebook y otros sitios de Internet de las normativas que regulaban la influencia de medios masivos en campañas electorales. Hasta entonces, no tenían la incidencia que tienen hoy. Pero ya existen propuestas de ley para incluirlas. Los senadores John McCain (republicano), Amy Klobuchar (demócrata) y Mark Warner (demócrata) propusieron la Ley de anuncios honestos, que obligaría a las empresas de Internet a decirles a los usuarios que financiaron anuncios políticos.
Sin embargo, hasta el momento las normativas propuestas apuntan a la publicidad pagada. De acuerdo a las investigaciones recientes, el alcance de las divulgaciones de origen ruso fueron tan virales que no requirieron pago para ser promocionadas. Fueron compartidas un total de 340 millones de veces.
Por este motivo, Renato Mariotti, un ex fiscal federal que está considerando postularse para el fiscal general de Illinois con experiencia en una posible responsabilidad de Facebook en las operaciones de influencia rusa, dice que es completamente plausible que los fiscales estatales busquen los registros de la compañía mientras intentan determinar la culpabilidad de Facebook.
«Me sorprendería si los empleados individuales de Facebook son responsables penalmente de todo lo que sucedió, pero creo que se puede argumentar con firmeza que si las potencias extranjeras tienen anuncios en Facebook, debería haber una divulgación de la fuente», dice Mariotti. «Ninguno de esos anuncios en Facebook habría sido muy efectivo si hubieran dicho ‘pagado por Rusia'».
Es decir, si bien no culpa la omisión a uno o varios empleados dentro de la organización, no niega la posibilidad de que haya repercusiones sobre la compañía en su totalidad.
Casos como el del fiscal exponen un nuevo parámetro, el provincial/estatal. En países con legislaciones federadas, como EE.UU., un fiscal general local puede llevar adelante acciones legales que el congreso a nivel nacional no. Ya que las redes sociales operan como un medio de difusión, regularlas implicaría regular la libertad de expresión, la misma que está garantizada en la primera enmienda de la constitución. Con lo cual medidas que limiten esa premisa básica, generan resistencia.
No obstante, el manejo de información de la empresa que infringe la privacidad de las personas podría abrir una ventana legal para legislaciones futuras. Por ejemplo, cuando la compañía identifica nuestros rostros sin nuestro permiso expreso. Esto ya sucede en la actualidad. Cada vez hay menos privacidad.
Los tiempos que transcurren requerirán múltiples análisis no solo jurídicos sino éticos en materia de privacidad, libertad y transparencia. Pues así como se busca la libertad para compartir, se busca la libertad para saber quién comparte. Con frecuencia, según a quien afecte, puede generar no solo controversia sino incomodidad que roce con la ilegalidad, como es el uso de datos privados y la influencia sobre campañas electorales.
Fuente: The Wall Street Journal, The Guardian
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