Al menos un alcalde es asesinado por semana en México

Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, los alcaldes corren 12 veces más riesgo de ser asesinados que un civil

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En 2018, han asesinado a al menos 1 alcalde por semana en México. (FotoMontaje de PanAm Post)

En lo que va del 2018, 13 políticos mexicanos han sido asesinados. Esto implica que no ha pasado una sola semana sin un asesinato.

En enero, la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) reveló que, desde el principio del mandato de Enrique Peña Nieto al 31 de diciembre de 2017, 60 presidentes municipales fueron asesinados. 33 de ellos ya no gobernaban. 22 seguían en sus cargos, 4 murieron poco después de ser elegidos (el 1 faltante no fue esclarecido); es decir, fueron asesinados antes de ejercer.

Esta cifra supera al periodo previo, que en México dura seis años. En el sexenio anterior, bajo la administración de Felipe Calderón, 49 alcaldes y exalcaldes fueron asesinados.

Sumando ambas gestiones, desde 2006, año en el cual inició la afamada guerra contra el narcotráfico, 109 políticos han sido asesinados.

Asismismo, de acuerdo al centro de investigación  Justice in Mexico (Justicia en México), un político en México tiene 12 veces más probabilidades de morir asesinado que un ciudadano promedio.

Surge entonces la inquietud de por qué sucede, por qué no se aborda como el problema que es y qué se puede hacer para afrontarlo.

Según la politóloga Edna Jaime, las instituciones del Estado, en lugar de estar atendiendo estas muertes, están persiguiendo a los adversarios políticos.

Resalta que existe una crisis institucional.

De modo que gobierno y Estado son una sola cosa, logrando que si el afectado es del bando opositor su muerte tiene menor relevancia.

“No se puede hacer nada, que se maten”
Ya en octubre del año pasado la politóloga publicó una nota donde resaltaba la indiferencia de muchos políticos frente a la ola de asesinatos perpetrados contra alcaldes mexicanos.

Ahí alega que el partido de gobierno aprovecha para promover el Mando Único Policial, proyecto de ley impulsada por el oficialismo. Ella critica que el problema yace en creer que hay una sola solución y a la vez un solo problema: la policía no está capacitada. Lo llama: “una respuesta totalizadora y única, confeccionada e impuesta desde el centro sin comprensión cabal de lo local”.

Plantea que no se puede abordar la violencia como un fenómeno único sino que se debe investigar todas las maneras en las cuales se manifiesta, pero sobre todo se debe considerar que es un problema. Para ello es necesario la auto-crítica, pues es algo que les debe importar a los ciudadanos.

Ya que ser elegido como alcalde, ejercer y dejar de serlo implica un riesgo mortal.

Para resolver un problema, primero hay que considerarlo como tal. Dejar a un lado la deferencia que provoca que la víctima sea del bando contrario. Luego, se busca la raíz.

Según indican los estudios ya mencionados, el asesinato de alcaldes se ha potenciado desde que surgió la guerra contra el narcotráfico.

Entonces el siguiente paso es considerar cambiar el enfoque. Toda guerra provoca ataque y contraataque. Siendo así, mientras no termine la guerra, se potenciará; cobrando las vidas de quienes ejecutan las políticas que la mantienen en pie.

Una de las alternativas podría ser despenalizar el tráfico y tener, en lugar de narcotraficantes —respaldados por carteles armados— tener comerciantes. En vez de campesinos amenazados y forzados a sembrar y cosechar, agricultores e incluso emprendedores.

En el caso de Colorado, EE. UU., por ejemplo, solo en el primer año desde la legalización del consumo y la venta de la marihuana, se crearon más de 18.000 puestos de trabajo que resultaron de una industria que generó alrededor de USD $2,4 mil millones, que a su vez equivale al 90 % de lo que producen las demás industrias en Colorado.

La creación de trabajo es otro medio para aminorar no solo la pobreza sino el margen de probabilidad de que jóvenes desempleados se unan a los carteles, en búsqueda de una fuente de ingreso.

Otro ejemplo exitoso es Portugal, donde, aunque la droga siendo ilegal, si tiene una cantidad para consumo personal no va a la cárcel sino que entra a programas de tratamiento para la dependencia. En caso de no querer hacerlo, existe una multa.

Y la sanción económica no es impuesta por un juez, sino por organismos sociales que trabajan en la disuasión de la drogodependencias.

Es decir, en lugar de agrandar la influencia del Estado, tercerizan el problema.

Una estrategia similar podría lograr que en México quienes integran tanto el sistema de justicia como los políticos reduzcan tanto su influencia como su exposición a peligros, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.

Dicho esto, aunque no hay una solución única, existen alternativas pero sobre todo la necesidad de conscientizar que existe un problema y es grave: en México ser alcalde te puede costar la vida y la violencia está tan normalizada en la sociedad que este crimen no recibe la atención que merece.

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