La “carretera a la nada”: otro fracaso de la frontera colombo-ecuatoriana

El presidente Lenín Moreno declaró que carreteras construidas por Correa dieron acceso al narcotráfico.

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La frontera de Ecuador con Colombia expone la falta de prioridades de sus gobernantes. (FotoMontaje de PanAm Post)

En medio de la crisis que vive la frontera entre Colombia y Ecuador, donde aún permanecen secuestrados dos civiles ecuatorianos por la guerrilla de las FARC —grupo armado que asesinó a tres periodistas, luego de haber privado a cuatro marinos de sus vidas—, se reveló que los fondos utilizados para la construcción de la carretera que llega hasta la frontera, pero no conecta con otro camino sino con la selva abierta en manos de las FARC, era el que se había recaudado para las víctimas del sismo del 2016.

Luego de una entrevista con CNN, el periodista Fernando del Rincón dijo que el presidente del Ecuador le informó “que las carreteras del gobierno de Rafael Correa podrían haber sido construidas para beneficio del tránsito y tráfico de drogas”.

No es la primera vez que fuentes creíbles vinculan al exmandatario con facilitar las actividades en la frontera ni con la narcoguerrilla de las FARC.

Por su parte, el expresidente Correa alega que Ecuador cumplió con su parte y reprochó que las críticas caigan sobre ese lado de la frontera.

Frente a este hecho, Washington Franco Benitez, miembro del Movimiento Libertario del Ecuador y del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explica que “Esa carretera y el puente fueron un acuerdo bilateral entre Ecuador y Colombia. Ecuador terminó su parte usando recursos para la reconstrucción por el terremoto. Colombia nunca hizo su parte, así que eso quedó inconcluso y el puente no llega a ningún lado” .

Agrega que “los recursos para la reconstrucción por el terremoto fueron desviados para muchas otras cosas, incluso para cubrir el gasto corriente del Gobierno para tratar de superar el déficit”.

Para quien no sepa, en abril de 2016 las provincias costeñas de Manabí y Esmeraldas se vieron devastadas por un terremoto de 7,6 grados en el que murieron a 673 personas y dejó sin vivienda a decenas de miles.

El Gobierno de turno, de Rafael Correa, bajo el manto del socialismo del siglo XXI, en lugar de permitir reanimar la producción en la zona y consigo aumentar la riqueza, “redistribuyó” la existente.

Todo lo contrario a lo que proponía el candidato a la presidencia del partido de oposición, Guillermo Lasso, quien, asesorado por el Movimiento Libertario, a través de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil que estaba en el directorio de CREO, planteaba convertir el área del desastre en una zona franca, libre de impuestos y bajar aranceles para estimular tanto la producción como el turismo.

Bajo Correa, el Gobierno aumentó el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14 % para usar ese excedente en función de los damnificados. Es decir, en lugar de abaratar costos, los aumentó para toda la nación que ayudó de manera voluntaria, pasó a ser de manera impuesta con valores que encarecieron la vida para toda la población, incluida los afectados.

Asimismo, bajo la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana se recaudaron fondos con impuestos tanto a ciudadanos como empresas, con el fin de financiar la reconstrucción de la zona afectada. Aplicaron patrimonio, utilidades, bienes inmuebles, servicios e incluso remuneraciones, partiendo de sueldos sobre los USD $1.000.

Fue de este fondo que en la séptima cláusula del contrato se señala que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría Zonal 1 y la Dirección Provincial de Esmeraldas, “pagará al Consorcio Río Mataje el valor del presente contrato… con recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril (del 2016)”, según reportan diversos medios ecuatorianos.

Aunque la provincia de Esmeraldas, como se indicó anteriormente, fue una de las más afectadas por el sismo, la carretera no cruza por el sector devastado, pues Mataje está en la zona selvática, mientras que el sismo se presentó en la zona costera.

Fue en Mataje precisamente donde los tres periodistas, convertidos en mártires, fueron secuestrados por las FARC. También ahí dicha narcoguerrilla colocó artefactos explosivos que mataron a tres marinos y un cuarto que falleció días después luego de ser amputadas sus piernas por la detonación.

En el mismo lugar donde siete ecuatorianos fueron arrebatados de su vida y/o libertad se expone no solo el manejo de recursos por parte del Estado, sino su sentido de las prioridades, pues la construcción tanto del puente sobre el río Mataje (de 68,3 metros de largo y 10,7 de ancho, por un valor de USD $ 2,3 millones) como de la carretera (USD$ 10,6 millones) fue determinada de urgencia y fue posible gracias a la emisión de tres decretos ejecutivos por parte del presidente de la nación.

Es decir, se calificó como urgente una obra no solo inconclusa, sino solventada con fondos para una emergencia humanitaria, mientras que la violencia suscitada en la zona muestra cómo y cuánto se ha abandonado la zona en cuestión de seguridad.

Así, la frontera —en la zona de Mataje— nos muestra, de forma gráfica, el fracaso de las relaciones bilaterales y el manejo de ambos lados: uno que empuja un conflicto armado hacia el país vecino, y otro que no ha sabido medir sus prioridades y ha expuesto al peligro a sus habitantes.

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