Nuevo canje de las FARC: liberan cuerpos por impunidad

Aceptar condiciones de la narcoguerrilla exigiría al Gobierno ecuatoriano otorgar privilegios.

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“Guacho”, guerrillero de las FARC, pide corredor humanitario para enviar los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por su grupo. (Fotomontaje de PanAm Post)

Se suma un nuevo episodio al drama que se vive en la frontera entre Colombia y Ecuador. Según fuentes colombianas, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, guerrillero líder del frente Oliver Sinisterra de las FARC, exige un corredor humanitario para entregar los cuerpos de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados y asesinados por la guerrilla (el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra).

Esta patición deja al Gobierno ecuatoriano frente a la decisión de si debe negociar con la guerrilla y así permitir a las familias enterrar a sus seres queridos o si debe afirmar su postura frente al grupo armado para evitar futuros episodios.

Primero, acceder al pedido implicaría un reconocimiento tácito que el conflicto no solo llegó a las puertas del suelo ecuatoriano, sino que ya persiste en su interior. Segundo, requeriría un trato desigual respecto a los demás ciudadanos ante la ley, pues habría impunidad hacia los autores intelectuales de secuestros y asesinatos múltiples. Por último, dejaría el precedente de que el Gobierno ecuatoriano admite negociar con quien secuestra y asesina a sus ciudadanos.

Aunque medios colombianos han difundido el comunicado, el Gobierno de Lenín Moreno alega que aún no se ha comprobado si la fuente es fidedigna. Si se llega a comprobar, sucumbir a las exigencias del grupo armado implicaría varias consecuencias tanto legales como jurídicas.

Por definición, un corredor humanitario es una zona segura —con carácter temporal— creado con el fin de garantizar la asistencia y la llegada de medios de subsistencia donde tanto la población civil como los combatientes no se ven amenazados por ataques armados en medio de un conflicto bélico.

Hasta ahora, la narcoguerrilla estaba en conflicto con las fuerzas de seguridad en el territorio colombiano y como tal, el suelo ecuatoriano no está sujeto a tales medidas acordadas por el Derecho Internacional Humanitario, pues, en teoría, no es una zona de conflicto.

Sin embargo, la narcoguerilla solicita aplicar ese término y como tal esa excepción jurídica para poder transportar los cuerpos sin vida que ellos mismos arrebataron.

A cambio, el Gobierno ecuatoriano podría repatriar a dos de sus ciudadanos con vida y a tres sin ella. Las autoridades enfrentan la encrucijada de decidir si aporta más al país el consuelo de que vuelvan quienes sustraídos con vida por la fuerza, regresan muertos transportados por sus verdugos sin que estos paguen por su castigo o tomar medidas más severas que arremetan contra estos grupos y así arriesgar que las familias y colegas que tanto han luchado por el regreso de sus queridos no puedan despedirse.

Hace dos semanas, la misma guerrilla secuestró y conserva con vida a los comerciantes ecuatorianos Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez. De acuerdo con el comunicado emitido por los secuestradores que exigen la creación del corredor humanitario, estos dos ecuatorianos también serían transportados a través de este sendero.

En la sociedad civil ecuatoriana existen sentimientos encontrados. Está la falta de aceptación de vivir a merced de las amenazas de la guerrilla y como tal la petición de “mano dura” y a la vez el reconocimiento que serán otros, los integrantes de las fuerzas armadas, quienes deben poner el cuerpo para que así sea. A la par, toda la nación está conmovida y en solidaridad con los allegados de los periodistas asesinados y apoyan que puedan encontrarse cuanto antes con sus seres queridos para darles el último adiós.

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