Aunque Brasil está en el mismo continente, tanto su lengua como el funcionamiento de su sistema judicial pueden generar confusión en los hispanoparlantes. Ahora que el expresidente Lula da Silva está preso y hay pedidos por su liberación, quedan más dudas que respuestas.
Mientras los simpatizantes de Lula exigen que sea liberado de prisión y como tal pueda ser candidato presidencial, la justicia evalúa el caso.
PanAm Post conversó con Luis Claudio Martins de Araujo* para que nos aclarara algunas dudas sobre el tema.
Para comprender mejor el proceso judicial, Martins explicó cuáles son las partes involucradas. El desembargador-ponente es aquel que en situaciones regulares sería responsable de la conducción del proceso ante el Tribunal, o sea un juez de segunda instancia.
Mientras que un desembargador-plantonista es aquel que sería responsable de la conducción del proceso en el Tribunal en situación de receso, fines de semana, etc., en casos excepcionales y urgentes. Es decir, trabaja en régimen de guardia judicial, para casos urgentes.
¿Cuál es la situación actual de Lula, qué sucedió?
El presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región consideró que la decisión del desembargador-relator (juez de segunda instancia) debe prevalecer ante la decisión tomada por el desembargador-plantonista (instancia emergente).
¿Hay pruebas suficientes para arrestarlo?
Este juicio corresponde al juzgador del caso. Pero el juez Moro y el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región entendieron que había pruebas. En paralelo, el Supremo Tribunal Federal entendió el hábeas corpus solicitado por el expresidente, que cabría cumplimiento de la pena tras la decisión tomada por el Tribunal.
¿Es un caso de persecución política o merece realmente ser arrestado?
Esta cuestión es bastante compleja, el hecho real es que el expresidente, hoy, no puede concurrir a las elecciones por cuenta de la “Ley de la Ficha Limpia”, ante la condena por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región.
¿Por qué la prisión de Lula es tan relevante como evidencia del funcionamiento del sistema de justicia?
En teoría, el argumento utilizado por sostener la evidencia del funcionamiento del sistema de justicia, especialmente por los que defienden la operación “Lava Jato”, sería el de que nadie estaría exento de la aplicación de las normas jurídicas.
Aquellos que entienden en sentido opuesto, sostienen que hay persecución política, para que el expresidente no pueda concurrir a los comicios electorales.
Lula y Correa hablan sobre la “judicialización de la política”, ¿no es ese el pedido de libertad?
La “judicialización de la política” sería el ascenso institucional del Poder Judicial, lo que lleva a los jueces a actuar en campos que no son necesariamente técnico-jurídicos, pasando a desempeñar papeles políticos, que serían a priori del Poder Legislativo y Ejecutivo.
¿Cuál es la probabilidad de ser liberado? Si esto sucede, ¿sería una injusticia o una prueba de transparencia?
La “Ley de la Ficha Limpia” dispone en el art. 26-C que “el órgano colegiado del tribunal al que corresponda la apreciación del recurso contra las decisiones colegiadas, podrá, en carácter cautelar, suspender la inelegibilidad siempre que exista plausibilidad de la pretensión recursal y siempre que la providencia haya sido expresamente requerida, bajo pena de preclusión, con ocasión de la interposición del recurso”.
Es decir, los sectores penales y electorales a pesar de tener puntos de comunicación, no se confunden. Así, la condena penal por el Tribunal, en teoría, lleva a la inelegibilidad, pero el Tribunal Superior puede suspender la inelegibilidad.
El experto nos indica que pese a la orden de liberación inmediata emitida por parte del juez Favreto, horas después João Gebran Neto, juez del TRF-4, que a su vez es instructor del caso Lava Jato, bloqueó la orden.
Lula seguirá recluido y por tanto fuera de las instancias electorales, por el momento.
*Martins es, entre otros títulos, posdoctorando en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro; doctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Visiting Scholar en Cambridge y en Oxford. Máster en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ); profesor titular del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales y de la UFRJ. Fue Abogado del Departamento Jurídico de Petrobras.