Droga, mercenarios e ideología sostienen a paramilitares nicaragüenses

Ortega llama "policía voluntaria" a las fuerzas paramilitares que reprimen a quienes protestan contra su Gobierno.

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Aunque niega su vínculo con los paramilitares sandinistas que reprimen a los manifestantes, Ortega los llamó «policía voluntaria». (Fotomontaje de PanAm Post)

Luego de la muerte de al menos 317 manifestantes, 200 desaparecidos y miles de heridos en Nicaragua, la mayoría a causa de la represión ejercida por el régimen de Ortega y sus fuerzas paramilitares, se le hace más difícil al dictador ocultar sus vínculos con estos grupos ilegales, pese a las constantes negativas que ha hecho públicamente.

El relato oficial ha tenido varios tropiezos. Por ejemplo, en una entrevista con Euronews Ortega se refirió a los grupos paramilitares como «policía voluntaria«.

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Esta afirmación no dista de lo que se vio en las calles, pues horas después de que la policía tomara el barrio de Monimbo de la ciudad de Masaya, al sur del país, considerado por la prensa internacional como un «golpe simbólico», puesto que era hasta entonces un bastión de la oposición, surgió material audiovisual de hombres enmascarados izando una bandera roja y negra con las letras FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), que fue liderado por Ortega en sus tiempos de guerrillero.

«¡Sandino vive! ¡La lucha continúa!» y «¡Larga vida al Frente Sandinista!» gritaban los hombres armados, apuntando al cielo su puño izquierdo y rifles con la otra mano, mientras ondeaban la bandera roja y negra del sandinismo y las guerrillas marxistas.

Ortega reduce cifra de muertos

De acuerdo con el Gobierno, desde abril que comenzaron las protestas por las reformas que reducían el presupuesto para las jubilaciones hasta el 25 de julio, murieron 197 personas, incluyendo 22 policías.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que opera bajo la OEA, contabilizó 317 y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) calcula 450 víctimas fatales.

El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó en junio que casi la totalidad de los muertos fue «a manos de las fuerzas policiales y de grupos progubernamentales armados».

Aunque Ortega y la vicepresidenta, su esposa, niegan el vínculo entre los grupos paramilitares y el Gobierno, testigos y varios expertos aducen lo contrario.

Elvira Cuadra, socia y exdirectora del Instituto con sede en Nicaragua de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dijo que es «evidente» que hay una «estrecha y directa» relación entre el régimen de Ortega y «los grupos armados progubernamentales».

Sus objetivos principales son «poner miedo a la población, secuestrar a los jóvenes que luego aparecen en las cárceles de la policía [y] llevar a cabo acciones armadas con armas de guerra de alto calibre», dijo.

«Se han convertido en un gran peligro y un riesgo para el resto de la población en Managua y otras ciudades importantes del país», afirma.

Además, sostiene que la ayuda proporcionada por el Gobierno a estos grupos es tanto logística como material, ya que los grupos paramilitares cuentan con armas y vehículos para trasladarse y trasladar a los jóvenes secuestrados arriba de camionetas Toyota Hilux.

«Represión burocrática»

Según Antonia Urrejola, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, existen testimonios de detenciones conducidas por grupos paramilitares que entregan los manifestantes a la policía.

Al momento, se estima que se han presentado 2.000 arrestos desde que empezaron las protestas contra el régimen y que aún siguen en prisión 400. Entre los liberados hay quienes dieron testimonio a Associated Press, declarando que en los interrogatorios de la policía había paramilitares sandinistas presentes.

Relataron historias de tortura e incluso de un aborto inducido a patadas, en el caso de una joven de 21 años detenida por cinco días que tras alertar sobre su embarazo fue golpeada en el vientre y pateada en el piso.

Pero la represión no se limita a lo sucedido en las calles y cárceles. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, explicó que a fines de julio Nicaragua había entrado en una tercera fase de la represión. Lo llama «represión burocrática», ya que «usa el sistema penal y de justicia para detener a personas».

Armamento para guerra

Roberto Orozco, experto en seguridad independiente, explica que desde e triunfo sandinista en 1979, el partido ha mantenido un ejército constante hasta 1990 que se mantuvo en el poder y luego en 2007 cuando triunfaron en las urnas.

Hasta entonces contaban con armas de menor calibre. En cambio, desde el inicio de los disturbios, la prensa local informa que paramilitares exhiben armas de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua, como AK-47, lanzacohetes RPG-7 y rifles de francotirador Dragunov.

Asimismo, indica que es un grupo pequeño el que es fiel al sandinismo y por tanto a Ortega, y que son los más ortodoxos y fanáticos. Alega que el resto recibe incentivos por su labor, tanto económicos como jurídicos, al obtener impunidad en actos delictivos.

Cabe resaltar que el propio Ortega, en una entrevista con Fox News, dijo que los grupos paramilitares eran financiados por el narcotráfico.

Mientras plataformas de la oposición sostienen que los paramilitares reciben pagos de 300 a 500 córdobas ($9 a $16 dólares) y el pago de cupones de combustible para motos y camionetas. La misma fuente vinculó a expolicías, pandilleros y empleados municipales de participar en la represión.

El bajo costo de los «incentivos» son un indicador en sí mismo de la situación económica, política e ideológica en Nicaragua, pues por muy pocos recursos hay quienes están dispuestos a maltratar a otros y privarlos no solo de su libertad, sino incluso de su vida.

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