Pese a las pruebas contundentes en su contra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Brasil “tome las medidas necesarias para garantizar que Luiz Inacio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos mientras esté en la cárcel”, como candidato a las elecciones presidenciales de 2018
Aunque las decisiones del organismo no son vinculantes, no deja de ser una intromisión de la entidad supraestatal sobre la soberanía del país.
“Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político”, indicó el organismo en una declaración pública.
Comitê de Direitos Humanos da ONU pede que Lula exerça direitos políticos e tenha acesso à imprensa.
Comitê solicitou que Brasil não o impeça de concorrer nas eleições até que recursos tenham sido julgados por completo, em procedimentos justos.
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— ONU Brasil (@ONUBrasil) August 17, 2018
El Comité aclaró que no se trata de un pronunciamiento de fondo, sino una “medida interina” para “preservar los derechos” del exmandatario.
Textualmente llama derecho a lo que jurídicamente no lo es. Por ejemplo, el acceso a la prensa. Es decir, quiere que no solo pueda ser candidato, sino que además se le garantice publicidad.
Este órgano de Naciones Unidas supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados.
“Todo político preso es un preso político”
Como reza el lema presente en las protestas sociales “todo político preso es un preso político”. En esta instancia, pasa por alto las pruebas en contra del exmandatario.
Por ejemplo, Lula negó ser propietario de una vivienda de lujo (un triplex). No obstante, en su interior están grabados los nombres de sus nietos y existen tanto fotos como videos de él en su interior.
Esto fue parte de las denuncias por enriquecimiento ilícito en la misma situación que generó la dimisión de la presidencia de su sucesora, Dilma Roussef; por su participación en casos de corrupción vinculados a la compañía estatal de petróleo.
Pero el caso de Brasil no es singular. También en América Latina, el sistema judicial de Guatemala está a merced de la CICIG, un organismo que opera bajo la ONU y que tiene el poder suficiente para influir sobre la privación de libertad (con prisión preventiva) .
Hace pocos días murió un diputado guatemalteco. Pese a su estado de salud, una juez le negó la prisión domiciliaria y finalmente murió sin haber tenido una sentencia en su contra y tampoco su libertad, atrapado en un limbo jurídico que le mantuvo en prisión preventiva hasta su último día de vida.
En cuanto a Lula, la petición de la ONU de “procedimientos judiciales justos” surge como respuesta a la denuncia planteada por los abogados del exmandatario el pasado mayo ante el Comité de Derechos Humanos al Estado brasileño, alegando persecución política. Pero determina como fecha de emisión del dictamen al respecto el año 2019, cuando todas las partes involucradas podrán defender sus argumentos.
Sin embargo, el tiempo y la presión actual del Comité se vieron agravados por el rechazo de la Fiscalía General frente al pedido de la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales que se avecinan el 7 de octubre.
Ahora está en manos del Tribunal Superior Electoral aceptar o denegar el pedido y evidenciar si organismos internacionales tienen influencia sobre las elecciones y sobre todo sistemas jurídicos nacionales, como pasa en Guatemala y pretende suceder en Brasil.
Y sobre todo pone en tela de duda la neutralidad de la ONU cuando abiertamente busca influir en elecciones presidenciales de un país donde el sistema judicial determinó la culpabilidad de un político.