Costa Rica dijo no a la persecución política.
A través de la Cancillería, el país centroamericano, se negó al reclamo de la vecina Nicaragua de una lista de los refugiados que han huido en medio de la violencia desatada por el régimen y sus fuerzas paramilitares contra los opositores en las calles.
Durante un acto partidario, que reunió a los empleados estatales y simpatizantes del presidente Daniel Ortega y su vicepresidente, la primera dama, acusaron a “la derecha” de la violencia que ha matado a más de 330 nicaragüenses y ha conducido a la prisión y desaparición de incontables personas (puesto que el Gobierno no ha sido transparente en las cifras).
“Les vamos a pedir el listado oficial (de migrantes nicaragüenses), para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos, los demás pueden regresar sin temor”, dijo Ortega.
Agregó que “nadie va a detener” a los refugiados “que se sienten libres de pecado”.
Es decir, los que huyeron para salvaguardar sus vidas son considerados por el régimen como sospechosos de desestabilizar a su mandato.
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Juventud Sandinista entrega más de 500 mil firmas al Presidente Daniel Ortega, exigiendo Justicia y Reparación para las victimas del terrorismo https://t.co/jizOkNUjIV pic.twitter.com/epA7CSAXJ3— Viva Nicaragua (@VivaNicaragua13) August 29, 2018
Pero la Cancillería de Costa Rica dijo no. “Se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Personas Refugiadas Decreto N 26831-G”, declaró ante la prensa local.
“En los últimos meses, el número de solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses en Costa Rica y otros países aumentó de forma exponencial”, declaró un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), William Spindler, en rueda de prensa en Ginebra.
“Se registraron cerca de 8.000 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses desde abril y unas 15.000 personas obtuvieron cita para registrarse posteriormente dado que las capacidades nacionales de tratamiento están superadas”, explicó con datos provistos por las autoridades costarricenses que estiman que alrededor de 23.000 nicaragüenses han cruzado a su territorio en los últimos meses.
Hasta junio, se habían negado el 94% de las solicitudes de refugio. Sin embargo, en el mes de julio se agravó la violencia en las calles, llegando incluso a abrir fuego contra las iglesias que resguardaban a los estudiantes que huían de las balas de los paramilitares sandinistas y eso condujo a una huida masiva.
ASI SE ENCUENTRA CRUCITAS, SAN CARLOS, COSTA RICA.
Posted by Jackeline Arias on Thursday, August 23, 2018
Aunque el exilio no se limita ahí. Según la ACNUR, también hay solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses registrados en Panamá, México y Estados Unidos.
Esto ha ocasionado que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señale a Ortega como culpable de esta crisis, tanto por las reformas económicas como por la represión política. Pues ya no solo se interroga, apresa y dispara contra los manifestantes, sino a quien sea sospechoso, a menudo por el mero hecho de ser estudiante.
Así le sucedió a una joven de 23 años que meramente por su edad fue interrogada por un paramilitar sandinista, luego de haber sido detenida por la policía (exponiendo a su vez el vínculo entre ambas fuerzas) y este la golpeó en el vientre al saber que estaba embarazada e incluso la pateó cuando se desplomó en el piso. Después de cinco días cautiva bajo sospecha, pudo salir a visitar a un médico para saber el estado de su embarazo, pero su hijo ya estaba muerto.
Casos como este estremecieron a Nicaragua y colmaron las fronteras de los países vecinos con un éxodo masivo.
Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace eco de lo dicho por la ACNUDH y remarca que no fueron los manifestantes, mucho menos los civiles que huyen por su vida y que nada tuvieron que ver, sino que el culpable de esta crisis socio-política es el presidente Daniel Ortega.
No obstante, el mandatario, en lugar de reconocer su rol, desconoció la legitmidad de las organizaciones que hoy le critican, recién después de cuatro meses de represión continua contra la población que ha producido 322 muertos, de acuerdo a la CIDH y 197 de acuerdo al régimen de Ortega.
Dadas las inconsistencias de las cifras, la CIDH exige mayor transparencia por parte del Gobierno de Ortega, pues hace aparecer a los 197 personas muertos como “víctimas del terrorismo golpista”, pero mantiene en otra categoría a 253 víctimas fatales calificándolascomo “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas” y no existe una la lista de estas personas fallecidas.
De modo que el régimen exige listas de los refugiados, pero se niega a emitir listas de las víctimas de la represión de las fuerzas del Estado y los paramilitares fieles al partido de gobierno.