Con un votación de 6 a 1, los jueces del Tribunal Superior Electoral de Brasil determinaron que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no se puede postular como candidato a la presidencia en octubre. Ya que encabeza las encuestas, no es claro quien le reemplazará para representar a la izquierda.
Pese a los pedidos de la ONU, de cancilleres e incluso de The New York Times, alegando que “la democracia debe prevalecer sobre la justicia“, la justicia prevaleció y un hombre que malversó fondos extraídos de los ciudadanos para uso personal no podrá aspirar al cargo político más alto .
Pero su partido no da tregua. El Partido de los Trabajadores de Lula emitió un comunicado donde afirma que apelará el fallo, aunque las probabilidades de éxito son bajas.
Para el juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, el primero en votar contra Lula, el fallo fue “muy simple” porque está prohibido por ley que participen candidatos que han sido declarados culpables y rechazada su apelación.
“Aquí no hay margen para que el tribunal electoral haga ninguna otra evaluación salvo la que muestra que hay una declaración de culpabilidad, y esa condena afecta los requisitos del candidato para poder participar”, dijo Barroso.
En cambio el único juez que votó en contra, Edson Fachin, apeló al pedido de una comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas para que se permitiera que Lula se candidatice, mientras sigue apelando su declaración de culpabilidad.
Por ahora Lula será reemplazado por quien iba a ser su candidato a la vicepresidencia, el excalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Pero su simpatía en nada se compara a la de Lula. Tiene apenas un dígito en las encuestas. Pero el partido aspira a que se valga de la popularidad de Lula para impulsarse.
Apenas horas después del rechazo a la candidatura de Lula, Haddad buscó respaldo el sábado en la ciudad donde Lula nació: Garanhuns, en el empobrecido noreste de Brasil.
“El golpe ha dejado a Brasil sin rumbo”, dijo al respecto la expresidente Dilma Roussef, quien llama golpe de Estado al hecho que tuvo que renunciar a su cargo por su vínculo a casos de corrupción, lo mismo que hoy impide a su predecesor Lula a candidatearse.
“Desde el golpe de Estado se instaló en el país un estado de excepción que amenaza la democracia y persigue a nuestro principal líder político, Luiz Inácio Lula da Silva [en la cárcel por corrupción y vetado como candidato a las elecciones presidenciales a pesar de liderar las encuestas de opinión], que está preso en un proceso viciado y sin pruebas”, insistió.
Sin embargo, las pruebas existen y Lula no las ha podido refutar, tanto que las apelaciones han sido rechazadas por la presencia en las mismas, entre otras, de fotos y videos de Lula dentro de la vivienda de lujo, un triplex, adquirida con fondos públicos.
Esto demostró que el planteo de Dilma no aplica a Brasil, sino a la izquierda brasilera. Pues expone la falta de dirección y de candidatos el hecho que hayan tenido que apelar a la justicia para que un preso pueda ser candidato a la presidencia.
Y lo preocupante es que el candidato que más respaldo tiene sea un hombre preso por corrupción, nada menos que con fondos extraídos de los ciudadanos.
De modo que se evidencia cómo en Brasil, como en muchas partes de América Latina, se normaliza la frase “robó pero hizo”. Como si robar fuese parte del cargo, como si hacer su trabajo fuese mérito y no una responsabilidad. Incluso cuando no lo hizo, pues delinquir mientras se cumple un cargo implica lo contrario.
Así, bajan nuestros estándares a la altura, y la bajeza, de nuestros gobernantes; en vez de ponerlos en igualdad de condiciones ante la ley.
Pero gracias a la justicia, no será suficiente. Dejaron en claro que la institucionalidad republicana está por encima de la intromisión internacional que pretendía sojuzgar el proceso judicial para llevar a las urnas a un criminal.