La izquierda dice no al intervencionismo de EEUU, salvo si le conviene

Aunque la izquierda continental declara a los EEUU, en particular bajo el gobierno de Trump, su enemigo, exige que mantenga aflote una comisión que viola la soberanía de una nación hermana

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El presidente de Guatemala Jimmy Morales pone un alto al intervencionismo de la ONU que viola la soberanía nacional. (Fotomontaje de PanAm Post)

El intervencionismo de Estados Unidos en la política de América Latina y del mundo ha generado controversias históricas y odios irreparables. Pero cuando lo hace a través de la ONU, con sede en Nueva York, la izquierda internacional toma las calles para que siga. Tal es el caso de la CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad, en Guatemala.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, anunció que no es más bienvenida la organización a cargo de observar abusos de Derechos Humanos en el país centroamericano porque viola la soberanía nacional.

Esto ha generado tanto revuelo que hasta se habla de un “golpe de Estado técnico”.

Pese a no ser parte de ninguno de los tres poderes republicanos, ejecutivo, legislativo, ni judicial, es tal la relevancia de la CICIG que se atribuye su desmantelación como un exceso de los poderes del presidente.

Morales anunció que a partir del año que viene, no se renovará la permanencia de la CICIG en el país. Y declaró a su director, Iván Velásquez, persona no grata.

Velásquez es colombiano. En su país de origen, el ex presidente Álvaro Uribe afirma que no es parcial, como debería serlo un juez, sino partidario de la izquierda. Asimismo, le acusa de haber sido cómplice de la narco guerrilla.

También acusó a Velásquez de manipular a la justicia para perseguir a sus enemigos políticos. En el caso de Guatemala, ya se ha visto. La CICIG llevó tanto al hermano como al hijo del presidente Morales a la justicia. Y hace pocos meses un diputado murió preso sin sentencia. De modo que, bajo el comando de la CICIG, una persona vinculada a la política puede ser privada de su libertad sin condena y en el peor de los casos pierde la vida, si un juez alineado así lo determina.

Pero la controversia no se limita a América Latina. Bajo la administración de Trump, los recortes administrativos también incluyen aportes a la ONU que exigen dinero de los contribuyentes de los EE. UU.

Desde el sector demócrata, hay rechazo total a los recortes. Mientras que los conservadores lo avalan.

El único senador libertario, que constantemente da lecciones de conservadurismos fiscal a los neoconservadores que promueven el militarismo y consigo el agigantamiento del Estado, ha sido muy enfático en su crítica.

“Continuaré oponiéndome al derroche de los dólares de los contribuyentes estadounidenses en el extranjero. Todos los estadounidenses deberían oponerse a la financiación de los programas de las Naciones Unidas por parte de los EE. UU. que infrinjan los derechos de las naciones soberanas. Guatemala puede investigar sus propios problemas sin que los Estados Unidos paguen a través de la ONU”, dijo Rand Paul a través de Twitter.

Puesto que desde la fundación del CICIG en 2007, EE. UU. ha sido el principal donante: $ 44.5 millones de dólares para apoyar a la comisión, un monto que un gobierno que promete devolver a sus ciudadanos su dinero no está dispuesto a seguir gastando.

Mientras tanto, la izquierda continental, demanda que sea su peor enemigo quien financia a una entidad que viola la soberanía de una nación hermana.

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