La Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos Nunca Más nació en Ecuador como iniciativa de la Vocal Angélica Porras, debido a las reiteradas quejas y denuncias que ingresaron al Consejo de la Judicatura respecto a casos de persecución política a través del sistema judicial durante el Gobierno de Rafael Correa.
Nace de la sospecha de una sistematización en la persecución a los dirigentes de oposición a través de figuras penales excesivas con un afán intimidatorio, así lo explica Alejandra Cevallos Cordero, vicepresidente de la mesa.
PanAm Post se contactó con ella para entender la gravedad de la persecución política en su contra y cómo esto demuestra el clima político-judicial que se respiraba en los tiempos de Correa.
Cevallos es abogada y actualmente maestrante de derecho penal en la Universidad Central, estudio que decidió empezar debido a la necesidad de “defenderme del Estado”, en sus palabras.
¿En qué consiste la mesa verdad y justicia?
La Mesa es siendo un esfuerzo de la judicatura para evidenciar la sistematización de la persecución política a través del sistema judicial. Se utilizaba a la política criminal del Estado como una herramienta de control social, para evitar que surgieran críticas al Gobierno y acallar las voces disidentes a través del derecho penal, provocando que los ciudadanos le tengan miedo al aparato represor del Estado.
Por medio del análisis de casos, se busca determinar cuáles fueron los patrones de persecución y levantar estadísticas de estos.
El objetivo de la Mesa es sentar un precedente de justicia, pues estamos hablando de actos de corrupción judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura, pretende evidenciar estos casos de persecución para evidenciar a los responsables, devolverle institucionalidad al sistema judicial y evitar que estos hechos se repitan; presentando una memoria histórica al país.
En breve desde el @CJudicaturaEc sobre la Mesa por la Verdad y la justicia. pic.twitter.com/WvxL37bcXf
— ? Ale Cevallos Cordero™ (@Ma_AleCevallos) October 1, 2018
¿Cuál es la función del Consejo de la Judicatura?
El Consejo de la Judicatura es un órgano de control administrativo sobre el poder jurisdiccional del Estado. En la reforma constitucional que se hizo en el 2011, bajo Correa, se modificó la Constitución de forma tal que el Consejo de la Judicatura pasó a tener atribuciones de control sobre los órganos jurisdiccionales, mayores a las que debería tener. Ya que de la forma que ahora está estructurado ha permitido “meter las manos en la justicia” tal como le pedía el presidente Correa.
Estos organismos tienen la posibilidad de sancionar y destituir jueces con mucha facilidad. Los rumores de pasillo cuentan que si los jueces no actuaban como lo disponían los anteriores vocales, quienes fueron cesados en sus funciones por el CPCCS-T porque se evidenciaron actos de corrupción-, eran destituidos inmediatamente de sus cargos.
¿Cuál es tu rol en la mesa y cómo ha sido tu activismo?
Yo soy vicepresidenta de la Mesa, delegada por la comisión de víctimas civiles. Como delegada de mi comisión y vicepresidente de la mesa, mi trabajo es apoyar a las víctimas que deseen realizar las denuncias y no sepan cómo hacerlo, dándoles la asesoría necesaria para que traigan la información que se requiere y subir la información en la página web del consejo de la judicatura.
Selecciono los casos de mayor relevancia junto a los demás miembros para realizar audiencias, que se tratará que sean públicas en su mayoría, donde se expongan las irregularidades cometidas por los operadores de justicia. Además de colaborar con la elaboración del informe final que se entregará en el mes de diciembre.
Yo fui perseguida por el Gobierno de Correa por haber dado una entrevista en ECTV el 30S. Mi pecado fue pertenecer al partido social cristiano, un partido político de oposición que era vital para armar la trama del guion elaborado por la SECOM. Al inicio, la Secretaria de Comunicación del Gobierno hablaba de un golpe armado, luego, con el paso de los días, de un golpe blando donde los partidos de oposición se confabularon para derrocar al Gobierno correísta.
Bajo esta premisa, la tesis fiscal fue la de un golpe de Estado que nunca pudieron demostrar, así como tampoco pudieron demostrar la existencia del tipo penal por el cual nos sentenciaron a cuatro años de prisión.
Inicié mis actividades en la política desde el 2008, cuando vi que la Constitución del 2008 era atentatoria al Estado de derecho, pues me parecía hiperpresidencialista y junto a un grupo de jóvenes formamos una agrupación llamada Jóvenes y Punto, con la cual nos inscribimos en el CNE para hacer campaña en contra de la aprobación de la Constitución vía referéndum.
Fui estigmatizada por el Gobierno y sentenciada por un delito de terrorismo, delito que no cometí, pero del que se me acusaba en medios de comunicación gobiernistas.
Tengo una hija que en ese entonces tenía apenas 7 años. Ella fue víctima de bullying en su colegio, sus amigos la acusaban de tener una mamá terrorista, enemiga del Gobierno, golpista, que en palabras de ellos se resumía en que su mamá era una delincuente y por eso estuvo presa. Esto afectó mucho al desarrollo de su personalidad, pues vivía con miedo y sentimiento de persecución.
¿Por qué es importante que haya justicia ahora?
En un Estado Constitucional de Derecho, donde debe primar el ciudadano por encima del Estado, es importante protegerlo de la fuerza del Estado. Quien tiene derechos es la persona, no el Estado.
Mientras más se proteja al ciudadano, es un Estado más republicano, versus que mientras más se proteja al Estado, es un Estado más autoritario.
Es importante devolverle su institucionalidad e independencia al sistema de justicia, pues mientras más independiente e imparcial sea más nos acercamos a la definición de justicia: darle a cada uno lo suyo, según lo que le corresponda.
El Consejo de la Judicatura ha recibido más de 200 casos de persecución política durante la década del correísmo. La Mesa por la Verdad y Justicia analizarán cada caso y se harán audiencias públicas.https://t.co/WAUGtgB113 pic.twitter.com/izICok79v7
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) October 1, 2018
En la década correísta, que es la que me tocó vivir, simplemente no hubo justicia, sobre todo para nosotros, los enemigos públicos, las criticas al presidente eran judicializadas, no importaba si había o no razones, lo que primaba era cumplir con los designios de Correa.
¿Qué le pasó al sistema de justicia bajo el mando de Correa?
Me pasó que el día de mi graduación en la universidad, el profesor que me tomó el examen de derecho penal había sido juez en la época correísta. Yo no lo había conocido porque dejé de estudiar algunos años debido a que no pude seguir pagando mi carrera. Por lo que el profesor me dice: “su nombre me llamó la atención y la busqué en Internet y me di cuenta que usted había sido procesada por el 30s. Quiero contarle que fui yo quien dictó la orden de prisión en su contra”. A la final, terminó disculpándose y excusándose en que tenía que actuar de esa forma.
De igual manera, cuando se tramitó el indulto, uno de los jueces se negaba a firmar un documento, mi familia presenció cómo Correa en persona llamó al juez para que firmara. Al juez le temblaban las manos del susto, pero terminó firmando.
Se conocía a viva voz que en la justicia se hacía lo que se mandaba desde la Presidencia de la República.
Este autoritarismo, donde la prensa no puede opinar, la Asamblea controlar o fiscalizar, los entes administrativos o judiciales investigar denuncias, propicia la corrupción. Es así que vemos que este esquema que se ha repetido en los países bolivarianos ha favorecido de manera tal la corrupción que estamos expuestos al mayor atraco de recursos públicos desde el inicio de la época republicana en Latinoamérica.
La única forma de contrarrestar esto es a través de la participación ciudadana y la libertad para que las personas se puedan organizar y auditar, fiscalizar y evaluar autoridades.
Donde las normas sean lo suficientemente restrictivas para el Estado, que los gobernantes tengan que respetar las leyes para no ir presos. Tiene que haber un balance de poderes, para que así se puedan fiscalizar unos a otros. Tiene que haber independencia. Tiene que haber institucionalidad. Tiene que haber libertad. Tiene que existir respeto a las normas desde los ciudadanos, para poderles exigir exactamente lo mismo a los políticos. Tenemos que enfocarnos en construir una mejor sociedad y dejar de vivir de la viveza criolla, porque eso es lo que hace que veamos a la corrupción como algo normal, cuando no lo es.
El ejercicio que está haciendo la Mesa es poner en evidencia el mayor caso de corrupción judicial en el país en época republicana.