Avanza represión en Nicaragua, hasta contra locales comerciales

Como estrategia preventiva, la Policía Orteguista lanzó la "operación limpieza" para librar a las calles de toda oposición, incluso controlando protestas antes que sucedan

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Familiares de los presos políticos protestan por su liberación afuera del Complejo Judicial de Managua donde se enfrentaron a la policía de Ortega. (CENIDH)

Este lunes 12 de noviembre, Nicaragua cumple 209 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente, Rosario Murillo. Lejos de llegar a su fin, ha comenzado una nueva ola de represión atenta contra todo aquel se manifieste.

Bajo el nombre “operación limpieza” la PO (policía orteguista), se ha comprometido a librar las calles de manifestantes.

Bajo el argumento de garantizar el “libre tránsito”, que se ve limitado por las protestas, cada vez hay más casos donde el accionar policial trasciende las calles y llega incluso hasta locales comerciales como estrategia preventiva.

Es decir, con el fin de prevenir las protestas, arremete contra los ciudadanos antes de que protesten siquiera.

A través de redes sociales, el centro comercial Galerías Pacífico anunció que a pesar de no haber solicitado la presencia policial, los efectivos se presentaron en las instalaciones de forma arbitraria. La nota indica que el sitio es propiedad privada y reprocha la intromisión de la fuerza pública que sembró miedo entre los empleados y clientes.

“No ha solicitado la presencia de la fuerza pública la cual ha causado preocupación y temor a nuestros inquilinos, visitantes y colaboradores”, indica el comunicado.

Además, recalcaron que el sector comercial ha sido el más afectado durante la “crisis actual” y el régimen, en lugar de incentivar a la economía, la impide con presencia policial en establecimientos comerciales.

En vista que el sábado 10 de noviembre hubo manifestaciones con los colores de la bandera de Nicaragua, azul y blanco, en zonas de comida rápida de centros comerciales de Managua, el domingo 11 amanecieron los locales tomados por la Policía Orteguista con el fin de evitar protestas contra el régimen.

Sin embargo, por medio de la nota de prensa 118, la PO justificó su accionar indicando que fue “en cumplimiento de su misión constitucional de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito”.

Y llama a este plan especial “Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad”.

Dentro de las denuncias de exceso de poder, la mayor preocupación no surge de la presencia policial, sino de su constante preparación. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), alega que la PO está recibiendo una capacitación militar. De modo que no actúan de manera autónoma, sino en conjunción con las fuerzas del Estado y también las paramilitares.

Ya el 6 de noviembre la organización denunció que una unidad antimotines de la Policía atentó en contra de los participantes en una protesta organizada por familiares de presos políticas que acompañó el CENIDH.

La protesta sucedió frente al Complejo Judicial de Managua. Los participantes fueron rodeados por más de 100 elementos de la policía antimotines alrededor de 2 horas junto a al menos 10 patrullas policiales que, de acuerdo al comunicado oficial, “arrebataron la pancarta del CENIDH y realizaron actos de intimidación y amenazas”.

Policía secuestra paramédico

Ahora incluso cuidar de la vida de un manifestante opositor implica un riesgo para el personal médico en Nicaragua. El paramédico Chester Navarrete, por ejemplo, fue secuestrado por la policía de Ortega el día sábado 11 de noviembre mientras auxiliaba heridos por la represión en Masaya.

Incluso la Catedral de Managua, que fue vestida de azul y blanco, como acto a favor de la justicia y un cambio democrático, fue asediada por la policía militarizada en estos días. Lo cual solo representa la prolongación de un fenómento en marcha desde el inicio mismo de las protestas donde las fuerzas del Estado han atravesado templos con balas.

Luego de más de 500 muertos, 3.000 heridos, incontables desaparecidos y decenas de miles de refugiados en países vecinos y más allá, la represión por manifestarse (e incluso como método preventivo para evitarlo) contra el régimen Ortega-Murillo lejos de cesar, se intensifica y llega a todos los sectores de la sociedad.

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