Campaña Lula Libre quiebra con acusación de lavado y tráfico de influencias

Además de la condena de 12 años que cumple el exmandatario, a esta podría sumarse una sentencia por lavado de dinero.

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El mandatario de Guinea Ecuatorial, donde el Grupo ARG pedía mediación del Instituto Lula para contratos ferroviarios, posa junto a Lula. (WikiCommons)

Un millón de reales, equivalentes a USD $258.000, habría recibido el Instituto Lula, el think tank presidido por el expresidente Lula Da Silva, según una denuncia realizada por el Ministerio Público de Brasil el lunes 26 de noviembre.

A pesar de la evidencia en su contra, existen multitudinarias campañas internacionales bajo el lema “Lula libre”, alegando la inocencia del exmandatario y afirmando que todo este proceso es una “judicialización de la política“, tal como lo aseguró el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien también está siendo procesado en su país por secuestro.

Hasta Jorge Casteñeda, excanciller de México, publicó el pasado mes de agosto una columna en The New York Times en donde declaraba que “la democracia debe prevalecer sobre la justicia“, y exigió que Lula no solo fuera exonerado, sino que pudiera participar como candidato en las pasadas elecciones presidenciales.

Pero ahora pesa una nueva acusación contra Lula, la cual dificulta la labor de sus defensores. Además de la condena de 12 años que cumple el exmandatario, actualmente tras las rejas, podría sumarse una sentencia por lavado de dinero.

El dinero recibido corresponde a honorarios pagados por una constructora en reciprocidad a la concesión de contratos facilitados por el expresidente.

Estaba previsto que uno de los involucrados, el empresario Rodolfo Giannetti Geo, del grupo ARG presentara una delación temprana (acuerdo alcanzado por el investigado, acusado por la comisión de un delito) por su acusación de tráfico e influencia y lavado de dinero, donde incriminaría a Lula. Sin embargo, ese mismo día sus padres fallecieron en un accidente aéreo, abordo de un avión privado. Esto ha despertado sospechas de que no fue accidental, sino un acto intimidatorio para lograr su silencio.

Los fiscales tienen acceso a correos electrónicos entre Giannetti Geo y representantes del Instituto Lula, quienes ya están detenidos, pidiendo que el instituto colabore para mantener en pie las negociaciones para construcciones ferroviarias en Guinea Ecuatorial.

Y la red de colaboración se expande, también involucra a exministros, como Miguel Jorge, que se comunicó con la directora del Instituto Lula garantizando que el grupo ARG haría una donación “bastante importante”.

No obstante, tanto la edad del exmandatario (70 años) como la fecha de los delitos serían un obstáculo para presentarlos ante la justicia, pues no se puede procesar de igual forma. Los presuntos crímenes ocurrieron entre septiembre de 2011 y junio de 2012, o sea que ya habrían prescrito.

El Instituto Lula, que respalda al exmandatario, negó las acusaciones de lavado y afirmó que “Todas las donaciones son legales, declaradas, registradas, pagaron los debidos impuestos, fueron usadas en las actividades del Instituto y nunca tuvieron ningún tipo de contrapartida”. Por su parte, el Grupo ARG aún no se ha pronunciado.

Entretanto, Lula sigue preso, cumpliendo una condena de 12 años por corrupción pasiva, en vista de que se encontraron bienes suyos (entre ellos un departamento triplex) que habría sido otorgados al exmandatario a cambio de la adjudicación de contratos con Petrobras.

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