Trump declara al régimen Ortega como amenaza de seguridad nacional

Bajo la administración de Trump senadores demócratas y republicanos se unieron para aprobar un proyecto de ley que sancione al régimen de Ortega.

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Trump firmó una orden ejecutiva para congelar los bienes de represores en Nicaragua, comenzando por la primera dama y vicepresidente. (Fotomontaje de PanAm Post)

El pasado martes 27 de noviembre Donald Trump declaró, por medio de una orden ejecutiva, emergencia nacional «para lidiar con esta amenaza», tal y como le llamó al régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa, y vicepresidente, Rosario Murillo.

«“La situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, afirmó Trump.

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De acuerdo con la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), las protestas masivas contra el régimen han resultado en el asesinato y muerte por fuerza excesiva de 535 opositores por parte de las fuerzas de seguridad fieles al Gobierno Ortega-Murillo.

En vista de esta “amenaza para la seguridad nacional”, Trump autorizó al Departamento del Tesoro a bloquear los bienes de los responsables o cómplices de la violación de derechos humanos en Nicaragua.

Inmediatamente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Murillo, al igual que el asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau, exmiembro de la Seguridad del Estado, a su vez secretario personal de Ortega. Cabe resaltar que Moncada Lau tiene un historial judicial por múltiples actos de terrorismo.

Por eso las acciones de Washington no se limitan a la rama Ejecutiva, también la Legislativa se ha manifestado.

Desde el Senado, ambos partidos aprobaron un proyecto de ley para sancionar al Gobierno de Ortega por actos de corrupción y violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

Así lo confirmó la excongresista republicana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, quien propuso originalmente el «Nica Act» que ahora el senador demócrata Bob Menéndez, también cubano, complementó, logrando así que el Senado estadounidense aprobara por unanimidad dicha ley.

Según las declaraciones del senador Menéndez, estos son los puntos clave del proyecto de ley:

  • Apoyo a una solución negociada para la crisis de Nicaragua.
  • Compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos.
  • El cese de la violencia.
  • Sanciones dirigidas contra funcionarios del Gobierno nicaragüense responsables de violaciones de derechos humanos, corrupción o socavamiento de procesos democráticos.
  • Restricciones a los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua, con la excepción del financiamiento continuo para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
  • Una exención anual que levantaría el requisito de imponer sanciones si el Departamento de Estado logra certificar que el Gobierno Ortega está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, mejorar las condiciones de los derechos humanos, combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho.
  • Aumento de los informes de la comunidad de inteligencia sobre el papel de los funcionarios nicaragüenses en la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, así como del otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses

Esta iniciativa «busca imponer sanciones adicionales a funcionarios del régimen en Nicaragua», dijo la excongresista autora del Nica Act.

Pero en vista de que el sistema legislativo de los EE. UU. es bicameral, todavía falta la aprobación de la Cámara y luego debe ser sancionada por el presidente para convertirse en ley.

Al ser una medida de aprobación unánime por ambos partidos y al haber sido propuesta por los dos, hasta el momento no ha habido mayor resistencia.

Por ahora el régimen Ortega-Murillo no ha emitido ninguna reacción ante la aprobación de la Nica Act.

Sin embargo, por medio de un comunicado, el régimen respondió a las declaraciones  de Trump y su orden ejecutiva con acusaciones de “injerencismo” a EE. UU.

No obstante, no menciona violaciones a derechos humanos cometidas por el orteguismo. Por el contrario,  proclama que son “una raza invicta, que no nos vendemos ni nos rendimos, y que exigimos Patria Libre, con las Banderas y el Corazón en alto”. Además, afirman que “han dado su vida por una Nicaragua libre”.

En dicho comunicado el Gobierno se refiere a sí mismo como «de Reconciliación y Unidad Nacional, fiel a su Propuesta Histórica de trabajar para que la Paz, la Seguridad, los Avances en la Lucha contra la Pobreza y los Derechos Plenos de [email protected] [email protected] nicaragüenses».

Es decir, hablando de unidad, aplica el «lenguaje inclusivo» que la Real Academia de la Lengua rechazó abiertamente y se define como reconciliador, cuando en la calle ha asesinado a más de medio millar de opositores.

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