Ortega ampara a prófugos y deporta a una mujer «ejemplar»

"Expulsaron ilegalmente del país a Ana Quirós, una ciudadana ejemplar, nicaragüense de origen costarricense, mientras protegen a prófugos de la justicia como el expresidente Mauricio Funes", declaró un exgeneral del Ejército.

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El gobierno de Ortega-Murillo asila al expresidente salvadoreño prófugo por corrupción y deporta a la activista nacionalizada Ana Quirós. (Fotomontaje de PanAm Post)

Acusado de corrupción, el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, vive en Nicaragua, mientras que la activista Ana Quirós no solo fue expulsada, sino que su ciudadanía está amenazada con ser revocada.

A pesar de ser nicaragüense, el Gobierno le ha tratado como extranjera e incluso compañeros de batalla de Daniel Ortega se han manifestado en contra.

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Por medio de redes sociales, el exguerrillero y General del Ejército retirado Hugo Torres declaró: «expulsaron ilegalmente del país a Ana Quirós, una ciudadana ejemplar, nicaragüense de origen costarricense, mientras protegen a prófugos de la justicia como el expresidente Mauricio Funes (2009-2014)».

En dicha publicación, etiqueta a Michelle Bachelet, expresidente de Chile y ahora Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Asimismo, aparece el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente publicó un informe indicando que la policía de Nicaragua impide el acceso a información sobre atropellos a los DDHH.

Aunque Quirós no nació en Nicaragua, vivió más de 30 años ahí. Adquirió la nacionalidad en 1997. Pero el pasado lunes, luego de haber estado detenida en la cárcel El Chipote, fue expulsada, sin explicaciones, por las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Mientras que Funes se asiló en 2016 en Nicaragua y goza de plenas libertades, es prófugo de la justicia salvadoreña, donde es acusado de corrupción.

Así lo resalta quien fue compañero de batalla de Ortega cuando derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979, el general retirado Hugo Torres, que hoy es abiertamente opositor al régimen.

Extraoficialmente, se dice que el Gobierno de Ortega le retiró la ciudadanía a la activista Quirós, pero no lo ha declarado y no existen registros; puesto que requiere un trámite judicial.

Desde su país natal, Costa Rica, Quirós afirmó que los exiliados de la crisis sociopolítica en Nicaragua regresarán pronto para «construir» un país democrático.

Durante una conferencia de prensa, indicó que le prohíben reingresar por lo menos durante cinco años. «Sabemos que (el Gobierno) no va a durar esos cinco años y que mucho antes que eso yo y el resto de los exiliados y refugiados estaremos de vuelta en Nicaragua disfrutando de un país en democracia, en libertad y con justicia», agregó.

Además, aclaró que no fue interrogada y tampoco maltratada físicamente, pero sí de manera verbal y con amenazas. Y afirmó que se considera «binacional» y que ese sentimiento no lo determina un papel o un funcionario.

Quirós fue una de las primeras personas heridas en las protestas que empezaron en mes de abril contra el Gobierno, además es defensora de los «secuestrados por el régimen de Ortega y Rosario Murillo», cuya cifra, afirma, supera los 600.

Por ellos vamos a seguir trabajando arduamente hasta que el último logre estar con sus familias, logre volver con su vida normal, estar en libertad y no tener que temer a quienes hoy con el poder de las armas amenazan, asesinan, detienen secuestran y desaparecen a nuestros hermanos.

La activista le dio las gracias a la Fundación Arias para la Paz y al Gobierno de Costa Rica que ha acogido 20.000 solicitudes de visas, incluso asiló al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva. Y afirmó que tanto Ortega como su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, están sujetos a normas internacionales, por lo cual están dispuestos a emplear las herramientas legales necesarias para llevar a la pareja ante la justicia.

Pero Ortega niega las acusaciones y llama a las protestas un intento de «golpe de Estado». También niega las cifras. Reconoce un total de 199 fallecidos, entre los cuales resalta como víctimas a las fuerzas de seguridad fieles al régimen. Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos». Otras organizaciones nacionales afirman que la cifra supera los 500.

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