En la Nicaragua de Ortega o te sometes o te vas

El parlamento nicaragüense canceló la personería jurídica de una organización opositora que denunciaba los crímenes del régimen, pocos días después de deportar a una activista

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El activista Félix Madariaga es acusado por la dictadura de Ortega de“recibir dinero para la desestabilización. (Fotomontaje de PanAm Post)

Luego de ocho meses de manifestaciones, la persecución política a la oposición trascendió de la represión a manifestaciones  contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua,  a la deportación activistas y expulsión del país a organizaciones de Derechos Humanos.

Esta vez le tocó al  Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas , ONG dirigida por Félix Madariaga, a quien el oficialismo acusa de“recibir dinero para la desestabilización y para blanquear”, en referencia a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril.

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No es el primer ataque contra Madariaga, en julio de este año Madariaga fue brutalmente golpeado por fuerzas paramilitares fieles al régimen.

A través de una declaración, el organismo humanitario dijo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) «condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) por parte de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en un acto más de la persecución que el gobierno Ortega-Murillo ha impulsado contra organizaciones civiles sin fines de lucro en Nicaragua”.

De ser así, expondría que en Nicaragua no solo hay abuso por parte del poder ejecutivo, sino que no hay división de poderes. Pues la Asamblea Nacional, que se encarga del poder legislativo, falla en función de los mandatos de la dupla presidencial, compuesta por el Jefe de Estado al mando y su esposa Rosario Murillo como vicepresidente, un fenómeno propio de una dinastía monárquica.

A su vez, pone en cuestionamiento a la tercera y última rama del poder que sería la justicia, puesto que sin derecho a apelación el legislativo, como eco del ejecutivo, puede disponer quién opera en el país y quién no, de acuerdo a su posicionamiento político.

Esta no es la primera vez que el régimen le cancela la personalidad jurídica a una organización, ya sucedió con el Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas).

No bastó con la cancelación, sino que la fundadora del centro, la activista Ana Quirós, fue deportada a su país natal Costa Rica a finales de noviembre pasado, a pesar de ser ciudadana de Nicaragua.

Según el Cenidh, “en ambos casos se ha instrumentalizado para cometer estas represiones a instituciones como el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional”.

El grado de persecución en Nicaragua ha llegado a tal punto que se estima que al país vecino, Costa Rica, ya han huido alrededor de 1 millón de nicaragüenses. Esto equivale a más del 30% de la población de Costa Rica que apenas supera los 3 millones de habitantes.

Sin embargo, no se tiene un estimado preciso; en vista que el presidente costarricense anunció que no le dará información sobre los refugiados del régimen a Ortega para evitar que este pueda arremeter contra ellos y sus familias.

A pocos días del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, cabe resaltar el caso de Nicaragua que no es aislado, sino la consecuencia de una ideología política y económica que impuso tanto la censura como el autoritarismo al mando en Cuba y Venezuela: el socialismo, que le otorga al Estado la potestad de expropiar sin compensación y castigar sin juicio a quien cuestione la revolución.

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