Venezolanos inocentes pagan por asesinato cometido por chavista en Ecuador

Luego de que un chavista asesinó a su pareja ecuatoriana, frente a la inacción de la Policía, una turba iracunda arremetió contra los venezolanos del norte de Ecuador.

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En vista que el atacante presuntamente tenía un historial delictivo, las autoridades ecuatorianas resolvieron endurecer las políticas migratorias. (Fotomontaje de PanAm Post)

Luego de que un inmigrante venezolano, chavista declarado, le proporcionó varias puñaladas a su pareja embarazada, frente a la inacción de la Policía de ese país, resultando en su muerte, moradores de la ciudad de Ibarra, al norte del Ecuador, salieron a castigar colectivamente a la población venezolana. Incluso niños fueron removidos de sus viviendas en horas de la noche.

Esto ha desatado masivamente el repudio de los ciudadanos ecuatorianos del resto del país que exigen una justicia individual, donde el criminal sea el culpable de sus actos y no quienes comparten su nacionalidad; mucho menos cuando están huyendo de una realidad como la que ha causado el socialismo en Venezuela.

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Posted by Yordis Rafael Lozada Garcez on Thursday, August 9, 2018

Y es que la gravedad de la situación en Venezuela ha empujado incluso a los defensores del régimen a salir, pues no escapan del socialismo como sistema expropiador, sino del hambre que causa.

En el caso de algunos jóvenes, no conocen otra realidad que no sea el chavismo y, por tanto, son criados en un entorno de criminalidad que se retroalimenta con la impunidad.

En vista que el atacante presuntamente tenía un historial delictivo, las autoridades ecuatorianas resolvieron endurecer las políticas migratorias para evitar futuros sucesos.

La mañana del 21 de enero, por medio de declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenh, el Gobierno ecuatoriano anunció que los venezolanos necesitarán presentar sus antecedentes policiales apostillados para ingresar al Ecuador.

Ya en el 2006, todavía bajo el mando de Hugo Chávez, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. Los integrantes de dicho bloque de países gozan de flexibilidad migratoria que fue otorgada a los venezolanos, dada su crisis, pero lo han perdido ante los recientes sucesos.

El mayor problema para llevar adelante dichas políticas, es que el régimen de Maduro no provee la información necesaria para que las autoridades ecuatorianas puedan conocer cuáles son los antecedentes judiciales de los venezolanos que ingresan a su territorio.

Asimismo, resulta en un problema logístico, dada la cantidad de venezolanos que cruzan la frontera diariamente, llegando a incluso a los 10.000 en un fin de semana. Solo en el 2018 superaron el medio millón.

Pero esta aparente solución ha perjudicado la imagen de varios dignatarios, desde el presidente de la nación hasta la ministra de Interior. Pues son acusados de haber incitado a la violencia contra ciudadanos venezolanos que sufrieron por consecuencia de un crimen que no cometieron.

Como consecuencia, la ministra de Interior, Paula Romo, resolvió destituir a la gobernadora de la provincia de Imbabura, donde sucedió el asesinato y al jefe de la policía.

Sin embargo, la actual ministra ahora es sujeta de diversas críticas, ya que como parlamentaria, bajo el Gobierno de Rafael Correa, fue promotora de bajar los años de cárcel para delitos comunes, lo cual desencadenó en la normalización del crimen en el país.

Cabe resaltar que la inacción de las autoridades en el asesinato cometido por el chavista sería consecuencia del temor de las fuerzas policiales de ser incriminados e incluso apresados; como viene sucediendo hace meses. Pues en la actualidad hay un policía preso en la misma provincia de los hechos, por presunto exceso de fuerza.

El oficial pertenece al GOE, las fuerzas especiales que auxilian a los policías comunes cuando escala la violencia. De acuerdo con su defensa, respondía a un llamado de auxilio, en vista que un grupo de manifestantes atacó a la fuerza policial con piedras, fierros y objetos cortopunzantes sobre la punta de estacas. Al final de la jornada, fue incendiado un regimiento policial.

También, en la misma provincia, en la localidad de Posorja, una turba iracunda sacó a dos ladrones de un retén de la policía para ser ajusticiados por el pueblo y la unidad policial fue posteriormente incendiada.

No obstante, la disposición del régimen fue de destituir a los policías de turno que, aunque confrontaron al asesino, no aplicaron la fuerza necesaria para evitar el asesinato.

A su vez, el presidente Lenín Moreno declaró que el Gobierno lanzará «brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos».

Para sus críticos, estas palabras incitaron a la violencia contra los ciudadanos venezolanos que nada tuvieron que ver con el asesinato de Diana Carolina y están siendo perseguidos, expropiados e incluso expulsados como consecuencia de los actos de un conciudadano.

Pues, ante la inoperancia de la Policía, los ciudadanos asumieron el rol de las brigadas y consigo el control de los migrantes por medio de la intimidación.

Al respecto, José Colina, presidente de Veppex, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, con sede en Miami, le solicitó al presidente del Ecuador castigar a cualquier venezolano que viole la ley, pero también brindar protección a los venezolanos inocentes para que no sean víctimas de castigos colectivos.

A través de un comunicado, Colina insistió que «sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir».

Concluyó con que «no pueden pagar ni responsabilizarse a todos los nacionales de ese país».

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