Ecuador: asesinato cometido por venezolano con antecedentes crea controles

A raíz de que un inmigrante asesinó a su pareja embarazada, las autoridades ecuatorianas dispusieron que habrá mayor control en la frontera y también programas de ayuda social para los migrantes, de moco que no se criminalizará a inocentes

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El gobierno ecuatoriano anunció cuatro controles sobre la inmigración venezolana. (Fotomontaje de PanAm Post)

Tras el asesinato de una ciudadana ecuatoriana por parte de un inmigrante venezolano con antecedentes delictivos, las autoridades ecuatorianas implementaron cuatro medidas para controlar la migración de Venezuela.

Asimismo, la ola de violencia que este incidente ha desatado contra los venezolanos como castigo colectivo por parte de turbas iracundas ha sido reprochado por el gobierno. Si bien organizaciones de venezolanos alegan que hay víctimas fatales y decenas de heridos, todavía no se han presentado nombres y las autoridades ecuatorianas niegan la veracidad del reclamo.

Para ciertos sectores ha sido el propio gobierno quien ha instigado los ataques. Pues el presidente Lenin Moreno mencionó la creación de “brigadas para controlar la migración de venezolanos” y al sentirse vulnerables ante la inoperancia policial, incontables ciudadanos salieron a imponer justicia por mano propia, expulsando a venezolanos de sus viviendas e incluso quemando sus pertenencias.

Por ello existen críticas hacia Moreno, pues diversos sectores consideran que la nacionalidad del agresor no debería ser un agravante, el hecho que presentó un historial delictivo e ingresó al país como cualquier otro que llega al Ecuador huyendo de la miseria, representa un problema.

Ya que el clamor ciudadano apunta más al hecho que el personal policial no aplicó la fuerza al confrontar al asesino mientras tenía secuestrado a su ex pareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, a quien apuñaló hasta terminar con su vida en la ciudad de Ibarra, al norte de Ecuador.

Sin embargo, este reclamo y el proceder del gobierno tienen un punto común y es que las autoridades actúen frente a los delincuentes. Para lograrlo, proponen controlar desde el ingreso al país.

Las cuatro medidas ya vigentes para el ingreso y permanencia de venezolanos en el Ecuador son: pasado judicial apostillado para ingresar al país, formación de brigadas para inspeccionar la situación laboral, un censo a los extranjeros y una propuesta pedagógica y educativa.

Desde primera hora del lunes 21 de enero, ya está en efecto el control laboral en Guayaquil y otras ciudades del país.

“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, expresó en vicepresidente del Ecuador.

Estas declaraciones ya marcan un nuevo hito en las relaciones entre ambos países, pues bajo la gestión de Rafael Correa, también promotor del socialismo del siglo XXI, no se reconocía el drama humano que sufre Venezuela como consecuencia del accionar de sus gobernantes.

A su vez, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, indicó que el fin de las brigadas serán con el fin de evitar abusos laborales contra los venezolanos y consigo la vulneración de sus derechos.

Paralelamente afirmó que el pedido del pasado judicial impedirá el ingreso de delincuentes. De modo que no se está cerrando las puertas a los venezolanos en su totalidad, sino restringiendo el ingreso de quienes tengan conducta peligrosa.

“Ni ataques xenófobos ni criminales que puedan entrar en Ecuador a hacer lo que les da la gana”, enfatizó el secretario.

En cuanto al censo, Roldán explicó que se realiza en todos los países y el objetivo es saber, inclusive, cómo Ecuador les protege para que no vivan precariamente.

Respecto a la “propuesta pedagógica-educativa” plantea que el fin es evitar que vuelvan a suceder hechos violentos, aunque no explica cómo.

Ministro acusa a Maduro de enviar criminales

Entre las declaraciones más polémicas, está lo dicho por el Secretario de Comunicación del Ecuador, Andrés Michelena, quien acusa a Nicolás Maduro de enviar a países vecinos a presos que no puede solventar. Alega que por este motivo no colabora con las autoridades ecuatorianas para transparentar los antecedentes criminales de los migrantes.

Por su parte Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, manifestó su temor frente a las medidas del gobierno durante una reunión con el canciller subrogante, Andrés Terán, donde le entregó un manifiesto.

“Esperamos una rectificación por parte del Estado ecuatoriano… no estamos de acuerdo con las brigadas, creemos que esto llevaría a criminalizar y penalizar la condición migratoria…”, declaró.

Explicó que ante la falta de cooperación del régimen de Maduro para emitir la documentación que el Gobierno ecuatoriano exige perjudica a los migrantes que por una falla burocrática serían impedidos de buscar una vida mejor.

Mientras tanto, el Gobierno anuncia que los cuatro controles vigentes garantizarán la protección de los venezolanos que huyen del régimen y protegerán a los ecuatorianos y residentes de aquellos que tienen historial delictivo.

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