Más de 530 muertos por represión policial y paramilitar han logrado que tras 11 meses de protestas Nicaragua sea uno de los países donde más se violan derechos humanos, según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
“Nos ganamos el primer lugar en el mayor retroceso para el ejercicio de los derechos políticos y las libertades, de los más de 190 países evaluados. Lo principal que resalta el informe es que todos los derechos civiles, de asociación, expresión, el pluralismo político mostraron serios deterioros”, indicó Funides.
Según Freedom House, que analiza libertades civiles internacionalmente, Nicaragua es una de las naciones que más retrocedió. Está incluso cinco puntos más abajo que Venezuela y Serbia que están bajo regímenes dictatoriales.
A raíz de esto, Funides desglosó, a base de encuestas, los distintos fenómenos que produjeron estos resultados, desde la falta de independencia de la justicia hasta las torturas sufridas por parte de quienes son denominados “terroristas” por protestar contra el Gobierno.
De acuerdo con el Informe de Coyuntura 2018, Nicaragua en crisis política y socioeconómica, el índice de libertades civiles está en descenso.
A su vez, la población civil considera que la mayor causa de la crisis actual es por la falta de dichas libertades, seguido por las protestas contra el Gobierno, apenas por encima de la violencia de los grupos armados que incluyen tanto las fuerzas estatales como las paraestatales compuestos por guerrillas sandinistas.
En cuando a libertades civiles, se refiere a varios aspectos. Por un lado está la libertad de prensa, un fenómeno cuyo deterioro ha producido el exilio de al menos 55 periodistas, luego que la Policía, leal al régimen de Daniel Ortega, confiscó, saqueó y destruyó las oficinas de varios medios de prensa alternativa.
Tanto que está por extinguirse la prensa impresa, ya que están retenidos en Aduanas materiales necesarios para imprimir; causando pérdidas a los medios que ya pagaron los permisos necesarios para liberar los productos.
Esto aplica también a la libertad de expresión, cuyos atropellos en Nicaragua van desde la censura hasta el asesinato.
También la libertad de asociación se ha visto afectada, en vista que el régimen ha denominado peligrosos a ciertos grupos e individuos que se han visto expulsados del país e incluso revocadas sus ciudadanías.
En vista de la complejidad de la historia política de Nicaragua, donde el actual presidente Ortega fue guerrillero durante el golpe contra el dictador Somoza, todavía hay polarización, tanto a su favor como en contra. Esto también influía sobre el puntaje del país centroamericano al momento de analizar el grado de respeto a derechos humanos y proceso democráticos.
Sin embargo, ante los abusos a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, que incluye condenas a los líderes de las manifestaciones, la negación de los permisos a las marchas y la restricción a la libertad de prensa, es la represión ejercida por parte del Gobierno lo que más potencia las estadísticas.
Tanto que hoy Nicaragua está en el puesto 114 de 126 países en el informe anual sobre Estado de Derecho de la organización World Justice Project.
“En este ranking vamos retrocediendo desde hace seis años. Llama la atención que estamos a nivel de Uganda, Pakistán y Afganistán”, cuestiona Funides.
“Reflejan un serio problema y es la falta de independencia del sistema integral de la justicia a la influencia del Gobierno”, según el informe.
Organismos intencionales bajan calificación para Nicaragua en libertades y democracia.
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— FUNIDES (@FUNIDES) March 15, 2019
Lejos de afrontar el problema existente, el Gobierno de Ortega-Murillo ni siquiera ha reconocido a los muertos.
Mientras la Corte Interamericana de Derecehos Humanos reconoce al menos 322 muertos, el régimen dice que son 199; alegando que son mayormente policías abatidos por los manifestantes, a quienes llama terroristas y desestabilizadores.
De modo que niega a más de la mitad de las víctimas, dado que organizaciones locales de Derechos Humanos ya registraron más de 530 muertos.
Entretanto, el relato oficial es que en lugar de protestas contra el régimen, lo que hay es un intento de golpe de Estado y por tanto es legítimo el uso de la fuerza.