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Fraude electoral, control partidario de los poderes del Estado y represión contra los opositores y consigo la politización de la policía, ejército y fuerzas paramilitares son los principales agravantes para declarar ilegítimo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien -cometiendo nepotismo- designó a su esposa como segunda al mando.
Cabe resaltar que la inconstitucionalidad de Ortega no se trata de un caso aislado, sino de una maniobra dentro de un proyecto internacionalista bajo el ideario del socialismo del siglo XXI. Al igual que sucedió con Nicolás Maduro en Venezuela, la oposición busca que la Organización de Estados Americanos reconozca la ilegitimidad de Ortega.
Luego de cumplir el primer año desde el inicio de la represión estatal sobre las protestas contra el régimen, la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido, leyó un informe sobre la crisis en Nicaragua frente a una comisión extraordinaria de la OEA.
Entre los tres expertos en democracia que fueron parte de la sesión para deslegitimar el mandato de Ortega estuvo Julio Icaza Gallard, quien fue representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas.
El análisis judicial estuvo a cargo del profesor Harold Rocha, presidente de Nicaraguan-American Center for Democracy. En vista que la Constitución Política de Nicaragua no permitía la reelección de Ortega, su control sobre el poder judicial fue fundamental para la reelección presidencial de Ortega del 2011.
Al igual que Evo Morales, Ortega logró declarar como “derecho humano” su reelección
A través de la intromisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se aprobó el “derecho humano a la reelección” de Ortega.
En respuesta, Rocha establece que “no existe un derecho humano a la reelección”. Entonces denomina al accionar del régimen de Ortega como el de un “gobierno ilegítimo”.
Su homónimo boliviano, Evo Morales, hizo lo mismo. A pesar de que no solo la constitución impedía su reelección, hubo un plebiscito en el cual la mayoría de los bolivianos votó en contra de la reelección y aún así logró que una corte declarara la reelección como un “derecho humano”.
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Primero Maduro, ahora le toca a Ortega
Por eso es que los expertos apuntan a la OEA, dado que un Estado miembro rompe con el orden democrático.
Así integraron como tercer y último miembro de la comisión de expertos en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente a Rubén Perina, profesor adjunto de la Universidad George Washington, a cargo de exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Respalda su reclamo con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), entre otros organismos internacionales.
Solo las cifras de muertos a causa de los enfrentamientos entre opositores y las fuerzas de seguridad bajo el mando de Ortega duplican las constatadas por la CIDH. Estas a su vez reflejan más de 200 menos que los resultados de ONGs enfocadas en derechos humanos en Nicaragua.
Esta inconsistencia en las cifras ha propulsado la exigencia de una comisión que constate cuál versión es la fidedigna.
Explica el diplomático Icaza que: “Esto es algo que la OEA ya ha hecho en el caso del gobierno de (Nicolás) Maduro (en Venezuela); aunque las circunstancias en Nicaragua son diferentes, donde no existe un poder alternativo legítimo como el de (Juan) Guaidó (declarado presidente de un gobierno provisional venezolano), por ser presidente de una Asamblea Nacional electa democráticamente”.
Primero lo declararán inconstitucional, luego llamarán a elecciones
El exrepresentante ante la ONU, Icaza, afirma que “todas las intervenciones fueron dirigidas a demostrar que el régimen impuesto por Ortega en Nicaragua vulnera todos y cada uno de los elementos esenciales de la democracia, descritos en el artículo 3 de la Carta Democrática”.
“Esto es algo importante, porque representa, junto a los informes de la CIDH y el GIEI, la base para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana”, concluye.
De modo que expone cómo, una vez que se determine inconstitucional el mandato de Ortega, los expertos apuntan que se llamará a elecciones.
Algo que Ortega no solo no ha permitido, sino que declaró que no sucederá. Sigue aferrado al poder y tiene como vicepresidente a su esposa, de modo que si él es removido garantiza conservar el poder.
Al respecto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, manifestó que tanto la oposición como el gobierno deben cooperar hacia una transición pacífica.
“Necesitamos más, necesitamos más de todos, pero necesitamos más del Gobierno porque hay deberes que son propios del Gobierno. Necesitamos que el Gobierno libere a todos los presos políticos lo antes posible, no lo más tarde posible”, exclamó Almagro y afirmó la necesidad de “reformas electorales”.
