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«Más de 40,000 personas han muerto en Venezuela desde 2017 como resultado de las sanciones de los EE. UU.», de acuerdo al Centro para la Investigación Económica y Política. Los resultados de dicho centro han sido citados por referentes políticos de Washington como verdad, alegando que la situación venezolana no ha sido a causa del socialismo, sino de las sanciones que la administracion Trump impuso sobre políticos vinculados al narcotráfico y terrorismo.
La legisladora del partido demócrata, Ilhan Omar, hizo eco del estudio, citando los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, cuyo informe plantea que las sanciones de los Estados Unidos han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos en Venezuela y han aumentado la enfermedad y la mortalidad.
«Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, llevar al cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada, que causa graves daños al pueblo venezolano «, afirma Sachs.
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Sin embargo, tanto los economistas como la legisladora, pasan por alto que las sanciones no fueron sobre la nación, sino apuntadas a políticos y empresarios vinculados al régimen, acusados tanto de narcotráfico como respaldo financiero y logístico al terrorismo en Medio Oriente.
«El presidente (Donald) Trump quiere enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado», explicó el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, cuando se puso en marcha en febrero del 2017.
Mnuchin añadió que «las sanciones son el resultado de un esfuerzo muy largo, pero la implicación es importante para enviar un mensaje de que nosotros no vamos a aguantar actividades ilícitas como drogas y terrorismo».
Entre ellos, quien fue vicepresidente de Venezuela, Tareck El Alsami y Samark López Bello, acusado de ser su testaferro, fueron señalados como sancionados.
Ambos venezolanos ingresaron a la lista que ya incluye a otros integrantes del chavismo acusados como narcotraficantes por la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
"It started with #sanctions in 2017 that prevented, essentially, the country from accessing international capital markets and the oil company from restructuring its loans. That put #Venezuela into a hyperinflation. That was the utter collapse." – Sachs https://t.co/8RMPApwYFc
— CEPR (@ceprdc) May 1, 2019
Es decir, el gobierno de EE. UU. congeló los bienes en el extranjero de los políticos y empresarios vinculados al régimen, no cortó vías de producción para los ciudadanos venezolanos.
Sachs dice que las sanciones aislaron a Venezuela del mercado de capitales. Cuando la realidad indica que hasta que Juan Guaidó asumió el poder como presidente constitucional y Maduro fue desplazado como presidente ilegítimo, Venezuela no solo participaba del mercado internacional sino que vendía petróleo a EE. UU. e importaba combustible de ese país.
Ahora las sanciones están apuntadas para desfinanciar a Maduro y sus aliados y facilitar que los fondos estatales estén a cargo del presidente constitucional.
Contrario a lo dicho por la legisladora demócrata, el economista venezolano Jorge Jraissati explica con cifras de la Universidad de Harvard que lo que hizo colapsar el Producto Interno Bruto de Venezuela en un 60% han sido las políticas de Maduro, al igual que el salario mínimo en un 97% y, por ende, potenció la mortalidad en Venezuela, es decir, el socialismo.
Y la situación solo se ha agravado bajo la gestión de Maduro que, en lugar de afrontar la escasez -que es resultado de la falta de producción-, recurre a justificarla.
Desde el 2013, las políticas de Maduro han colapsado el PIB Venezolano en un 60% y el salario mínimo en un 97%. Como comenta @dougbarrios, dicha diferencia porcentual refleja como Maduro deliberadamente ha pulverizado el sueldo mínimo a través de su política económica. pic.twitter.com/eRXTxEf6OD
— Jorge Jraissati (@JraissatiJorge) May 2, 2019
Cuando en el 2013 hubo desabastecimiento de productos de higiene básica, Maduro ordenó la ocupación militar de las fábricas para «liberar» los productos que, según él, fueron retenidos por la oposición y los empresarios para acaparar y hacer desaparecer productos para derrocarlo a modo de boicot. Pero pudo constatar que en realidad no había.
Según el ministro de Comercio, Alejandro Fleming, el justificativo del régimen era que había una «sobre demanda»; ya que el «consumo mensual de 125 millones de rollos».
Pero la excusa más memorable del chavismo fue la del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías Eljuri, que dijo que los venezolanos están comiendo «tres y cuatro veces al día»; por eso aseguró que, «definitivamente, la gente está comiendo más».
Esto produjo que el parlamento aprobara un crédito de 82 millones de dólares para importar papel higiénico, jabón de tocador, toallas sanitarias, pasta dental y pañales para bebés.
De modo que desde el 2013, el gobierno ha intervenido en la economía incluso para el acceso de productos básicos.
Pero según los economistas de EE. UU. que defendieron al régimen de Chávez y ahora al de Maduro, el problema de Venezuela es que desde el 2017 hay sanciones económicas impuestas desde su país natal.
No obstante, la evidencia afirma lo contrario. Dado que el socialismo exige que los medios de producción estén centralizados, la economía venezolana se volvió dependiente a las ganancias del sector petrolero, una industria a cargo del Estado.
La caída del precio del petróleo fue fuliminante, pasó de afectar a la mitad de la población a la mayoría.
Ya en enero de ese mismo año, 2017, antes de las sanciones, más del 60 % de los venezolanos se acostaba a dormir con hambre, 63,2 % de los adultos admitió que solo comía dos veces del día para alimentar mejor a sus hijos.
Lo cual a su vez desestima lo dicho por funcionarios del régimen que la gente comía más y por eso había menos papel higiénico.
De hecho, en el 2017, el venezolano promedio bajó 11,4 kilos. De acuerdo con la Encovi (Encuesta de Condiciones de Vida), el 70,1 % de los hogares no tienen dinero para comidas saludables.
Este malestar desencadenó en 2017 marchas multitudinarias contra el gobierno, donde los manifestantes fueron brutalmente reprimidas por la dictadura de Nicolás Maduro.
130 opositores fueron asesinados y otros 2.000 fueron heridos por grupos paramilitares y fuerzas del Estado en los primeros dos meses de protestas.
No obstante, en la cadena masiva MSNBC de EE. UU., la periodista Rachel Maddow, simpatizante de la izquierda política, dijo ante televisión que las protestas fueron contra Donald Trump.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia en 2017 se presentaron 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 5.535 homicidios fueron obra de las fuerzas de Seguridad del Estado del total de 26.616 homicidios en el año.
En síntesis, la violencia, el hambre, mortalidad infantil y los asesinatos -muchos de ellos cometidos por las fuerzas del régimen contra la población civil- no solo no tienen relación con las sanciones de EE. UU. sobre políticos vinculados al régimen, sino que exponen la criminalidad de quienes han sido y están sancionados.
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