Posible nexo de Correa con Odebrecht: dos de sus asesoras ya están presas

La Fiscalía presentó evidencia de fondos de campaña dados por Odebrecht para la reelección de Rafael Correa.

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La Fiscalía envió a fuerzas especiales para allanar viviendas y oficinas de allegados a Correa, quien evade a la justicia desde el exilio. (Fotomontaje de PanAm Post)

Odebrecht, la empresa constructora que se alimentó de gobiernos corruptos en toda América Latina, ya fue vinculada a la campaña de Rafael Correa como auspiciante no declarado. Dos de las asesoras de primera línea de Correa fueron detenidas por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Ya el vicepresidente Jorge Glas está en prisión por sus vínculos con Odebrecht, ahora lo están las asesoras de Correa por presuntamente haber recibido fondos en plena campaña presidencial, por lo cual el expresidente Correa está en la mira de la justicia por este nuevo caso de corrupción.

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Originalmente, la Fiscalía emitió el nombre de las mujeres utilizando una sigla en sus apellidos, Pamela M y Laura T. Sin embargo, ya es de conocimiento público los nombres completos.

Una de ellas, Pamela Martínez, quien fue vicepresidente de la Corte Constitucional. Fue detenida en la madrugada del sábado 4 de mayo en el aeropuerto mientras intentaba escapar del país, tras ser acusada de lavado de activos. El pasado lunes 6 de mayo fue trasladada a una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Latacunga.

Laura Terán Betancourt, su antigua asistente, primero en la corte y luego como asesora de Rafael Correa, corrió con la misma suerte.

Ambas están en la nómina de pagos estatales, Martínez recibía un sueldo de 5 009 dólares como asesora 1 del “despacho presidencial” y Terán también aparece en el histórico de la nómina oficial como asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, donde recibía 2 700 dólares mensuales.

Ocupaban dichos cargos durante la campaña de reelección, entre 2013 y 2014, y aparecen en el informe de fondos recibidos por compañías multinacionales, entre ellas Odebrecht.

«Arroz verde» fue el nombre en clave del informe que incluye los nombres de las empresas. En dicho informe, publicado por el portal Mil Hojas, aparece Pamela M. como receptora de la lista de contribuyentes.

La defensa de Martínez denuncia que no se respetó el debido proceso contra su defendida. Gustavo García, uno de sus abogados, dijo que el juez de garantías penales, David Lasso, no cumplió su rol como garante.

“Debía cuidar que se cumplan los protocolos y procedimientos necesarios para que se observe el debido proceso que es un derecho constitucional”, demanda el abogado, “solo se hizo una serie de relatos, supuestos elementos de convicción, pero no hay un nexo causal, ni se ha podido determinar lo que pasó”.

Alega que la única prueba contra las afectadas son correos electrónicos, cuyo origen no se conocerá hasta la instrucción fiscal. Sin embargo, entre los correos presentados hay correspondencia entre Martínez y Terán y Geraldo Luiz Pereira de Souza, exdirectivo de Odebrecht.

Mientras tanto, las mujeres deberán permanecer en cautiverio por 90 días.

Con el fin de demostrar su inocencia, el partido fundado por Rafael Correa y su entonces vicepresidente, ahora presidente y enemigo de Correa, Lenín Moreno, Alianza País abrirá sus cuentas para facilitar la investigación.

Está bajo investigación el círculo más cercano a Correa

Por el momento, la Fiscalía, en su acusación preliminar, emitió 18 indicios contra Martínez y Terán. Dichos indicios comprometerían a más funcionarios del correísmo. Existen declaraciones de pagos para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, Viviana Bonilla, actual vicepresidente de la Asamblea y excandidata a la Alcaldía de Guayaquil; y para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte. La oficina de Alexis Mera fue allanada el fin de semana como parte del operativo de la Fiscalía.

De modo que quienes fueron intocables bajo el Gobierno de Correa ahora están a merced de la justicia.

Bajo el grito de «¡sinvergüenza!», una turba enardecida exclama a gritos el despido del presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Guayas, que es el esposo de una de las asesoras de Correa bajo prisión preventiva, Pamela Martínez.

Su esposo, Jimmy Salazar, está siendo acusado de usar el cuerpo judicial para ayudar a su cónyuge.

Durante lo que se llamó la «década ganada», tanto en Argentina con los Kirchner y en Ecuador bajo Correa, dentro del marco del socialismo del siglo XXI, se terminó la división de poderes republicano y la justicia pasó a ser un monopolio del poder ejecutivo.

Ahora, comenzando por el vicepresidente Jorge Glas, la inmunidad que gozaban los integrantes de Alianza País va llegando a su fin.

En caso de comprobar que Odebrecht efectivamente financió la campaña presidencial de Correa, el exmandatario podría quedar involucrado y con un nuevo proceso abierto ante la justicia de Ecuador.

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