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Crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos, constan en la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el actual y el anterior presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, junto a otros cuatro jerarcas.
Se trataría de una demanda histórica, ya que Cuba convenientemente no se ha adherido a múltiples estatutos internacionales que podrían llevarle ante la justicia por irrespetar los derechos básicos de sus ciudadanos.
Sin embargo, el régimen cubano está acusado de haber cometido crímenes en 58 países donde sí rige el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, entre ellos ocho en América Latina: Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, cinco en Europa Italia, Portugal, Suiza y Malta.
Como evidencia, además de los testimonios de primera mano de los afectados, la parte denunciante compiló datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONEI) donde aparecen como «servicios de exportación» el dinero que recauda el régimen por exportar trabajadores en condiciones esclavas.
Los denunciantes son la Asociación Cuban Prisoners Defenders y Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cuyos integrantes hicieron una huelga de hambre masiva (más de 119 manifestantes) en las vísperas del último plebiscito en Cuba, luego que la Seguridad de Estado irrumpió en sus viviendas que operan como sedes, robando, apresando y golpeando no solo a sus integrantes, sino también a sus familiares, incluyendo ancianos y mujeres embarazadas.
La suegra, esposa y el hijo por nacer del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, sufrieron las consecuencias de su activismo al oponerse al plebiscito que permitió al Partido Comunista Cubano ampliar su poder a través de la nueva constitución.
La nueva Constitución autoriza castigar por la fuerza a los opositores del socialismo
Por ejemplo, el artículo 3 establece que «los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».
Dicho orden es el socialismo y es denominado en la Constitución como irrevocable. Así, otorga la Carta Magna la facultad de atacar por la fuerza a los opositores bajo el cargo de traición a la patria: «el más grave de los crímenes» y «quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones», explícito también en el Artículo 3 de la Constitución.
Además de Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018, los acusados son: el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
Por definición, el socialismo -en su variante comunista- es internacionalista. Por ello el trabajo que hacen los médicos, profesores, ingenieros y deportistas, forma parte de las Misiones de Internacionalización que sirven tanto para generar dinero al régimen como de propaganda para propagar sus ideas.
A lo largo de tres años, en promedio, entre 50 000 y 100 000 profesionales brindan servicios para el régimen y sus derechos más fundamentales son violados.
«Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos, en un momento determinado, que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes, entre ellos incluidos los cubanos», explicó para ABC de España el denunciante, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Esclavitud de profesionales
Luego que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó esclavitud a la situación de los médicos que exporta La Habana, quedó al descubierto internacionalmente que el régimen expropia entre el 75% y 90% del sueldo de los médicos que exporta. Esto dejó un precedente para el reclamo de sus compatriotas, en rechazo a su esclavitud.
Y más cuando el régimen prefirió repatriar a los médicos, en vez de acceder al pedido de Bolsonaro que estos no sean separados de sus familias y que reciban la totalidad de su sueldo.
Es que admitirlo y acceder al pedido de Bolsonaro, implicaría perder su mayor fuente de ingreso, 500% superior al turismo.
Por ejemplo, cuando Dilma Roussef implementó el plan Mais Médicos en el 2013, los médicos cubanos que trabajan en el extranjero generaron para Cuba US$10 116 millones en el primer año, mientras que el turismo 2 546 millones de dólares. No obstante, los fondos no los reciben quienes desempeñan la tarea, sino el Gobierno que mantiene a flote la revolución socialista.
Médicos convertidos en adoctrinadores políticos
Por último, los denunciantes demostraron que los médicos no solo abastecen de dinero al régimen, sino que se entrometen en la política local, considerado delito en tiempos electorales.
El régimen cubano ha convertido a los médicos que exporta en instrumentos de adoctrinamiento político, tanto en Venezuela como Brasil.
En época de elecciones, tenían que ir casa por casa con una lista que les entregaban con las direcciones. Dividían a los pacientes en tres tipos: «sanos» (chavistas reconocidos), «enfermos» (anti-chavistas declarados) y «en riesgo» (no se sabía a quién iban a votar).
Esto requería que además de darles tratamiento, los médicos debían «censar políticamente» a las familias, «además de atraerles» hacia el socialismo de Chávez y Maduro.
Esta situación impactaba la salud de los pacientes, en cuanto los opositores no recibían visitas al no ser «útiles», mientras los indecisos recibían vitaminas bajo amenaza que dejarían de entregarles sus dosis si ganaba la oposición.
Bajo amenaza de perseguir a sus familias en Cuba, miles de médicos aceptaban estas condiciones. Porque recibir entre el 10 y 25% de su sueldo, seguía siendo más que el sueldo promedio en Cuba que no supera los $30 dólares. Solo Brasil le pagaba a La Habana $3 000 dólares mensuales por cada médico.
Al haber más de 11 000 médicos en Brasil, su pérdida equivale a 24 750 millones de dólares mensuales (ya descontado el 25% de los salarios) para Cuba que ya surge efecto en la isla que anunció el racionamiento de comida.
Ahora, a la crisis económica que afecta a la isla, se suma una denuncia penal internacional que podría poner en riesgo el capital que Cuba recibe por los miles de profesionales esclavizados en otras naciones.
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