El error de Almagro: ir contra la voluntad de los bolivianos

"Almagro busca la reelección en su cargo en mayo del 2020 y la aritmética indica que le faltan varios votos".

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Evo Morales proclamó su candidatura a la reeleción como un «derecho humano», Almagro niega que lo sea pero no hará nada al respecto. (Fotomontaje de PanAm Post)

Se avecinan las elecciones presidenciales en Bolivia. Pese a que los ciudadanos votaron mayoritariamente en contra de la candidatura de Evo Morales, este se lanzó a la reelección alegando que es un «derecho humano». El Secretario General de la OEA niega que lo sea, pero no enfrentará la candidatura.

“Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (en este caso Tribunal Constitucional) al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto”, afirma.

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PanAm Post se comunicó con Emilio Martínez Cardona, escritor y periodista, nacido en Uruguay y nacionalizado boliviano, para analizar las declaraciones del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su reciente visita a Bolivia.

Almagro dijo que no considera la reelección un derecho humano, pero anunció que no puede hacer nada al respecto. ¿Es así o hay algo que pueda hacer desde la OEA?

Almagro pidió en 2018 un informe a la Comisión de Venecia, que dictaminó que la reelección no es un derecho humano. En función de eso, el secretario general de la OEA asumió inicialmente esa postura correcta.

Sin embargo, durante su reciente visita a Bolivia dio un giro de 180 grados, señalando que “no permitir que Evo postule sería discriminatorio”, lo que provocó una ola de protestas entre la mayoría de los bolivianos, que votaron No en el referéndum sobre la reelección.

En un tercer momento, durante su visita a la Argentina, luego de que diplomáticos de ese país le pidieron que “mitigara su apoyo político a Evo Morales”, Almagro retrocedió parcialmente y volvió a decir que “la reelección no es un derecho humano”, pero agregando que él “no puede hacer nada porque no tiene los instrumentos jurídicos”.

En realidad, Almagro tiene un primer instrumento jurídico –no vinculante- que es el informe de la Comisión de Venecia. Pero más allá de eso, el tema debería definirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La normativa de la OEA dice que no solo el Estado boliviano, sino cualquier otro Estado miembro puede hacer la consulta directa a la CIDH, lo que llevaría a un veredicto más rápido, probablemente antes de las elecciones de octubre.

Ya hay petitorios ante los gobiernos de Colombia y Brasil para que hagan la consulta directa, y evidentemente ese pedido cobraría mayor peso si el secretario general de la OEA se sumara. Pero es evidente que no tiene la voluntad política.

En redes sociales usted afirmó que Almagro tiene intereses personales, ¿cuáles son?

Almagro busca la reelección en su cargo en mayo del 2020 y la aritmética indica que le faltan varios votos, por lo que está buscando el de Bolivia y el de varios países caribeños más o menos cercanos al bloque de la ALBA. Su aval a la candidatura ilegítima de Morales sería el precio para ese “voto de oro”.

¿Qué deben saber nuestros lectores sobre la voluntad popular en Bolivia respecto a la reelección (plebiscito)?

El 21 de febrero (21F) de 2016 se realizó un referéndum en Bolivia, convocado a instancias del mismo oficialismo, preguntando si el presidente Morales y el vicepresidente García Linera podían postularse a una nueva elección. El 51,5 % de los votantes dijo que No, con lo que esa posibilidad debería haber quedado completamente descartada.

Sin embargo, a fines del 2017 el Gobierno hizo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, conformado por magistrados nombrados por el oficialismo, estableciera que el candado puesto por el referéndum no era válido, alegando que violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Una estratagema ya utilizada anteriormente por el autócrata de Nicaragua, Daniel Ortega.

Desde una perspectiva constitucionalista, ¿cuál es el mayor peligro de una reelección?

A lo largo de sus 13 años y medio de Gobierno, Morales ha ido concentrando cada vez más poder, construyendo una hegemonía sobre los tres poderes del Estado y acabando con todo rasgo de independencia en los organismos de contralor. Es evidente que una nueva reelección profundizaría ese proceso y terminaría de convertirlo en un autócrata al estilo de Ortega y Maduro. De hecho, al ser inconstitucional su candidatura, de ser reelecto y jurar de nuevo en el cargo a fines de enero de 2020, se convertiría desde ese momento en un gobernante de facto, tal como lo es Maduro.

En las elecciones primarias bajó significativamente el respaldo a Morales, ¿esta tendencia se mantendrá hasta las elecciones?

Todas las encuestas coinciden en mostrar a Morales estancado en su voto duro, alrededor de un 33 % del electorado. Esto, desde el inicio de la precampaña en octubre del año pasado. La Constitución boliviana indica que la victoria en primera vuelta requiere de un mínimo de 40 %. En ese marco, lo crucial para que haya una segunda vuelta, donde las distintas fuerzas de oposición se unirían, es hacer un estricto control electoral para minimizar el riesgo de fraude. El candidato opositor que cuenta con la estructura partidaria y territorial para hacerlo, Óscar Ortiz, va tercero en las encuestas, aunque con un perfil ascendente, mientras que el expresidente Carlos Mesa, segundo en descenso, va a las urnas con un grupo político improvisado que no podría afrontar esa tarea.

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