Evo Morales podría ser sancionado por comprar votos con fondos estatales

Pese a que atenta contra la Constitución y el voto popular que dijo no a la reelección, Morales se relanzó a la carrera presidencial y tiene denuncias por abuso de fondos públicos

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Evo Morales posa en un acto oficialista en el 2009, 10 años busca seguir en el poder; pese a que la Constitución y el voto popular se lo impiden. (Flickr)

En una nueva afrenta a la legalidad, Evo Morales ofreció obras a cambio de votos en un acto de campaña pública. Como Jefe de Estado, esta falta es doblemente grave, pues no solo falló como candidato sino como gobernante. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició de oficio una investigación para proceder a la sanción.

Morales y su partido Movimiento al Socialismo tienen un historial de pasar por encima de la constitución y de intimidar a funcionarios públicos.

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Para comenzar, la candidatura presidencial de Morales es no solo ilegal sino anti-democrática. En vista que no permite la Constitución la reelección, hubo un plebiscito donde los bolivianos votaron mayormente en contra de la reelección del mandatario.

Sin embargo, Morales logró que el Tribunal Supremo Electoral reconozca como «derecho humano» la candidatura del mandatario.

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Las promesas electorales de Evoatentan contra el Régimen Electoral

Ahora pesa en su contra una denuncia presentada ante un juez electoral, quien concluyó que el «candidato presidencial Evo Morales Aima habría incurrido en las posibles faltas electorales por inobservancia de los Artículos 116, inciso a (sobre el periodo de propaganda electoral) y 119 parágrafo I inciso f (ofrecimiento de dinero o prebenda) de la Ley 026 de Régimen Electoral».

Según el artículo 120 de la Ley 026 de Régimen Electoral, la vulneración de la norma dará lugar a la imposición de sanciones y multas a la organización política y/o candidatura infractora y al medio de comunicación que la difundió, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

A su vez, el artículo 34 del Reglamento de Campaña y Propaganda electoral, establece que toda contravención en la propaganda electoral constituye falta electoral.

En el caso de los partidos políticos, la multa es equivalente a 10 salarios mínimos. Para candidatos, la multa equivale a 5 salarios mínimos; para medios de comunicación.

Fuera del ámbito político, medios de prensa deben pagar 5 salarios mínimos, y particulares 2 salarios mínimos.

Los montos se fijan de acuerdo al momento de la falta. En el 2019, el salario mínimo es de Bs 2.122 (307 dólares). Entonces la multa de Morales sería Bs 21.220 (3072 dólares).

El partido de Morales tiene denuncias por amenazas de envenenar a la oposición

Pero las irregularidades no terminan ahí. La oposición acusó al partido oficialista por coacción electoral y obstaculización de procesos electorales. Particularmente porque al norte de Potosí, un dirigente amenazó a los opositores que envenenaría a cualquiera que intente hacer campaña en esa zona.

De modo que el partido socialista que alega combatir a la burguesía, controla la tierra de forma feudal.

Pues el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se limitó a decir que el Gobierno rechaza las advertencias del dirigente del norte de Potosí, ya que los opositores podrán hacer campaña “en los lugares que vean conveniente”.

Denuncias por presión contra jueces del Tribunal Supremo Electoral

Dentro de las múltiples denuncias contra el oficialismo está la renuncia a su puesto como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval. Renunció como protesta contra la inconstitucionalidad de la candidatura presidencial de Evo Morales y por la presión que ejerció para poder ser reelegido.

«Quería expresar la opinión de que había una contradicción legal y que a nosotros nos estaban presionando a habilitar a un candidato cuando había un referendo que había rechazado esta posibilidad de volver a repostular», declaró ante su renuncia.

Y afirmó que «para otros la democracia es un medio, cuando les conviene la respetan»; dado que el oficialismo ignoró la voluntad de la mayoría de los bolivianos que se opuso a la candidatura de Evo Morales.

Sin embargo, pese a las múltiples quejas, el control que tiene el partido de gobierno sobre los tres poderes republicanos, ejecutivo, legislativo y judicial, parece lograr que las denuncias no trasciendan y los atropellos sigan.

Por ahora, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, declaró que el juez electoral definirá en última instancia si corresponde una sanción o no contra Evo Morales por la falta electoral de usar fondos públicos para prometer obra a cambio de votos.

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