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Pesa contra el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, una nueva orden de prisión preventiva, al igual que contra exfuncionarios de alto rango de su Gobierno. Esta vez por soborno. La anterior fue por su presunta participación en el secuestro de un diputado de la oposición y el uso de recursos públicos para lograrlo.
El pasado miércoles 7 de agosto, la fiscal General, Diana Salazar, anunció públicamente la petición de prisión preventiva por el delito de soborno que pesa contra el expresidente y contra dos de sus exministros que, al igual que el expresidente, están fuera del país y prófugos de la justicia: Vinicio Alvarado y Walter Solís.
Ya están bajo detención domiciliara Alexis Mera, que fue el asesor jurídico de Correa durante más de una década que estuvo en el poder, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. Al igual que el vicepresidente Jorge Glas, que ya fue procesado y está preso por sus vínculos con el caso de corrupción Odebrecht.
En total, hay 22 funcionarios de alto nivel vinculados al caso y que están detenidos, siendo juzgados y/o están prófugos.
#AHORA | Caso #Sobornos2012-2016: se instala audiencia de vinculación de 22 personas, solicitada por #FiscalíaEc. La fiscal general @DianaSalazarM2 presentará los elementos de convicción para sustentar el pedido, ante la jueza Daniella Camacho, en la @CorteNacional. pic.twitter.com/u92xvT7G6w
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 7, 2019
Pero la red de acusados no se limita al sector público. Un grupo de empresarios ha sido señalado por apoyar la actividad política con una presunta facturación ilegal. Por ello el diario ecuatoriano El Comercio publicó una editorial al respecto, en la que se resalta que «el poder sin contrapesos y sin control llega a ser pernicioso». Pues la consigna durante los diez años que duró Correa en el poder, de ‘meterle las manos a la justicia’, no era para volverla independiente y equilibrada, sino todo lo contrario, para cooptarla políticamente.
En la editorial se afirma que la justicia fue sometida «a un modelo de concentración donde un sistema corrupto sin precedentes pudiera haberse montado con el dinero de todos y en beneficio de un clan».
La corrupción efectuada bajo el Gobierno Correa hace parte del socialismo del siglo XXI, dirigido desde La Habana y financiado por el petróleo de Venezuela, que tiene un carácter monopólico con el que enriquece a quienes están al mando a costa del dinero de los ciudadanos.
Correa niega acusaciones
Mientras la Fiscalía señala los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la financiación del partido de Gobierno, Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, entre 2007 y 2017, este y su defensa niegan las acusaciones.
El expresidente afirma que puede justificar los fondos en su cuenta como préstamos por parte de amigos que financiaron el fondo de la Presidencia, los mismos que pagó a lo largo de un año en 12 cuotas mensuales.
Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales).
¡NO SEAN RIDÍCULOS! https://t.co/jxvVf0dqTw— Rafael Correa (@MashiRafael) August 7, 2019
Por el momento, la resolución final pesa sobre la juez Daniella Camacho, que evalúa la petición de la fiscal General, que incriminaría tanto a Rafael Correa como 22 de sus asesores y funcionarios más allegados a lo largo de la década en que fue presidente del Ecuador.
#ATENCIÓN | Caso #Sobornos2012-2016: se suspende audiencia de vinculación de 22 personas. Jueza Daniella Camacho anunció que la reinstalación de la diligencia será mañana (16:00), para dar a conocer su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por #FiscalíaEc. pic.twitter.com/wMY2sdiCQs
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 8, 2019
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