Prófugo de la justicia, Rafael Correa quiere elecciones y ser candidato

El expresidente tiene orden de captura y de prisión preventiva por su presunta participación en un caso de secuestro y otro de sobornos para su campaña

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Rafael Correa urgió a Lenín Moreno para llamar elecciones anticipadas y se propuso como candidato. (EFE)

Desde el exilio, el pasado miércoles 9 de octubre, Rafael Correa se propuso como candidato a la presidencia del Ecuador. Para ello urgió al presidente Lenín Moreno a convocar elecciones anticipadas, en vista de las protestas ciudadanas contra las medidas económicas tomadas por el mandatario. Correa se propone como candidato ignorando la ley, pues sobre él pesa una orden de captura y una de prisión preventiva por secuestro y por sobornos, respectivamente.

«Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar», indicó Correa ante la prensa.

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Las declaraciones las ofreció desde el Parlamento Europeo. A donde fue invitado por la agrupación política española Izquierda Unida. Hasta entonces, se había limitado a las redes sociales para pedir la destitución de quien fue su vicepresidente y es hoy su enemigo.

Referentes de la izquierda internacional respaldan a Correa y apoyan las protestas masivas contra Moreno. Por ejemplo, Diosdado Cabello, el número dos del régimen en Venezuela, dijo que en “estos días ha habido una brisita bolivariana por algunos países, como Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil”.

De hecho, un buen número de los detenidos por saqueos y vandalismo en Ecuador son de nacionalidad venezolana, presuntamente enviados por Nicolás Maduro, quien ha reiterado su respaldo al paro, para desestabilizar el Gobierno de Moreno.

Además, la narcoguerrilla colombiana FARC, emitió un comunicado oficial respaldando las protestas impulsadas por el correísmo en Ecuador, las cuales tienen como objetivo la destitución de Moreno.

Fue precisamente Fernando Balda, diputado ecuatoriano secuestrado en Colombia por orden, presuntamente, de Correa, quien alerto sobre el apoyo de las FARC a las acciones del correísmo.

Contra Correa pesa una orden de captura por secuestro

Por el secuestro del diputado Balda, la juez Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, no solo llamó a juicio al expresidente Rafael Correa, sino que ordenó congelar sus cuentas bancarias.

Debido a que el expresidente pidió asilo en Bélgica no puede iniciarse el juicio hasta que regrese a Ecuador, de modo que ya es considerado como prófugo por la justicia ecuatoriana.

A juicio por este caso también fueron llamados el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los agentes de la Policía detenidos, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Además, al igual que sucedió con Correa, los bienes de Romero fueron congelados por un monto “no superior a la multa y a la reparación integral de la víctima”.

Originalmente, la Fiscalía sostuvo que el delito se trataba de una asociación ilícita con fines de secuestro; que impondría una pena menor sobre los involucrados. No obstante, la juez Camacho calificó el caso como un secuestro, por lo que la fiscal Ruth Palacios afirmó que apelará la decisión para que se mantenga el de asociación ilícita, para así imputar a otros altos dirigentes del correísmo que estuvieron implicados en el caso Balda.

De acuerdo con los juristas, incluso si Correa y los involucrados son juzgados por secuestro, sería con la pena más leve: cinco años de prisión. En caso de que se demuestre maltrato a la víctima, podrían pagar hasta 12 años de cárcel.

Orden de prisión preventiva por sobornos

Contra el expresidente Correa también pesa una orden de prisión preventiva, al igual que contra exfuncionarios de alto rango de su Gobierno. Esta vez por soborno.

El pasado miércoles 7 de agosto, la fiscal General, Diana Salazar, anunció públicamente la petición de prisión preventiva por el delito de soborno que pesa contra el expresidente y contra dos de sus exministros que, al igual que Correa, están fuera del país y prófugos de la justicia: Vinicio Alvarado y Walter Solís.

Ya están bajo detención domiciliara Alexis Mera, que fue el asesor jurídico de Correa durante más de una década, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. Al igual que el vicepresidente Jorge Glas, que ya fue procesado y está preso por sus vínculos con el caso de corrupción Odebrecht.

La exasesora de Correa, Pamela Martínez, confesó su complicidad en el caso Sobornos 2012-2016. Martínez develó que el exsecretario Jurídico de la Presidencia de Correa, Alexis Mera, recibió, para financiar la campaña presidencial de Correa, doscientos mil dólares de Geraldo Pereira de Souza, colaborador de José Conceição Santos, exdirectivo de la constructora Odebrecht.

En total, hay 22 funcionarios de alto nivel vinculados al caso y que están detenidos, siendo juzgados y/o están prófugos.

De modo que la mejor manera para evadir juicios y sentencias que pesan contra Correa y sus secuaces es volver al poder y tener la justicia nuevamente bajo su mando.

La confesión explícita del expresidente de querer participar en las elecciones y hacerlas de forma precipitada, al igual que el respaldo de sus aliados ideológicos, pone en evidencia cómo aprovecha la crisis política de Ecuador, cuya raíz está en las políticas implementadas bajo su Gobierno, para así asegurar su regreso al Palacio de Carondelet, hoy custodiado por militares ante la amenaza latente de la destitución de Moreno.

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