El presidente del Ecuador tiene poder de veto. Pudo haber despenalizado el aborto, luego de que el parlamento desaprobó modificar el Código Orgánico Integral Penal. Pero no lo hizo.
Envió a la Asamblea Nacional (el equivalente al parlamento ecuatoriano) el veto parcial que hizo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin mención alguna a la medida más polémica de todas: la despenalización del aborto por violación.
Prevaleció la separación de poderes, el Ejecutivo no se impuso sobre el Legislativo y la Constitución se respetó, al igual que los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José que respeta el derecho a la vida y prohíbe la transferencia de culpa.
En el caso de la violación, por ejemplo, los promotores del aborto buscaban que pague con su vida un inocente por el crimen de un delincuente.
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”, establece el Artículo 45 de la Constitución.
A su vez, el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que los menores de edad son “sujetos protegidos” y que “las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad”.
La despenalización del aborto por violación favorecía al violador
Según el abogado especializado en Derechos Humanos, Mario De Freitas, consultado por PanAm Post, «en los casos de violaciones sistemáticas, este sistema perverso favorece al violador, quien nunca es denunciado, lleva a la niña o adolescente a abortar y sigue abusando de ella».
Así lo explicó cuando la Asamblea Nacional votó en contra de la medida. Pues la reforma, tal como estaba presentada, planteaba que la mujer no tenía que presentar una denuncia contra su abusador y tampoco el personal médico debía evaluarla.
Explica De Freitas que la reforma tenía varios efectos y consecuencias. Primero, el delito de violación queda en la impunidad, ya que al no haber denuncia no hay investigación. Segundo, plantea que se abra una puerta demasiado grande donde, con una simple afirmación, se da término a la vida de un ser humano. Tercero, sostiene que se le resta credibilidad a los casos de mujeres que efectivamente han sufrido abusos, al hacer que la gente empiece a dudar de la veracidad de sus relatos al volver tan laxos o inexistentes los medios de comprobación de un hecho tan atroz como lo es la violación.
“Antiderechos”
Contrario a lo que establece la ley, desde sectores feministas y militantes de la extrema izquierda llaman “antiderechos” tanto a legisladores como activistas que defienden el primer derecho: la vida.
Cuando en realidad quienes están en contra de derechos fundamentales son quienes quieren arrebatarle la vida a quien no ha cometido agresión alguna, una criatura por nacer, mientras dejan en libertad a quien ultrajó a una mujer y puso en riesgo su vida: su violador.
Un tema así de delicado genera profundas divisiones en la sociedad. En medio de la tensión social que se vive en Ecuador, tras 12 días de paro nacional con el que se exigió al mandatario derogar sus medidas económicas que eliminaban subsidios al combustible, Lenín Moreno se arriesgó a causar mayor conmoción a cambio de cumplir con la Constitución.